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La Comisión de Educación del Parlamento de La Rioja ha acordado este viernes, con los votos a favor del PSOE y Grupo Mixto y en contra de PP y Ciudadanos (Cs), el articulado de la proposición de Ley sobre Enseñanza de Religión y sus Alternativas, cuyo dictamen se presentará próximamente en el pleno de la Cámara regional.

En la Comisión, celebrada tras la sesión de control al Gobierno riojano del Parlamento regional, también se han rechazado -por PSOE y Grupo Mixto- las enmiendas presentadas por PP y Cs a esta proposición de Ley, impulsada por la diputada de IU, Henar Moreno.

Sin embargo, todos los grupos han aceptado una enmienda socialista para retrasar la aplicación de este cambio en la enseñanza de Religión al curso 2022/2023. Según ha explicado la diputada socialista Teresa Villuendas, tras la aprobación de la LOMLOE está pendiente su desarrollo normativo, de modo que en curso 2022/2023 entrarían en vigor los cambios previstos para los cursos impares y en el 2023/2024 en los pares.

El portavoz parlamentario popular, Jesús Ángel Garrido, ha pedido en sus enmiendas que el Gobierno regional garantice a los profesores de Religión el mismo horario que tenían el último curso en el que enseñen esta asignatura mediante la introducción en la Ley de una cláusula de salvaguarda.

También ha expresado su «preocupación» por que la Comunidad Autónoma de La Rioja pueda «garantizar el cumplimiento efectivo del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», como recogía otra de sus enmiendas.

Garrido sugirió, en otra enmienda que también ha sido rechazada, que el Gobierno adoptase las medidas necesarias para que la asignatura de religión tenga un trato equiparable al resto de asignaturas.

Por último, la diputada de Cs Belinda León ha criticado que PSOE y Grupo Mixto «solo se preocupen de eliminar la religión» de las aulas y no hayan aceptado su propuesta de incluir la asignatura «Filosogía e Historia de las religiones». Además, ha preguntado qué va a pasar con todos los profesores de Religión de La Rioja cuando entre en vigor esta Ley.

Fuente: nuevecuatrouno.com

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Os dejamos los BORRADORES de Proyectos de Reales Decretos por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil y Primaria (LOMLOE)

Con la publicación definitiva de estos Reales Decretos tendrán por objeto establecer la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de Educación Infantil y Primaria en la LOMLOE para el curso 2022/23 (cursos impares) y en el curso 2023/24 ( en los cursos pares). 

 

Proyecto_RD_Educacion_Infantil.pdf

Proyecto_RD_Ed_Primaria.pdf

 

La LOMLOE entró en vigor el día 19 de enero de 2021 con el siguiente calendario de implantación:

1.- Para el curso 2020-2021 se aplican las modificaciones relativas a:

a) La participación y competencias de Consejo Escolar, Claustro y director o directora.
b) La autonomía de los centros docentes.
c) La selección del director o directora en los centros públicos.
d) La admisión de alumnado.

 

2.- Al inicio del curso 2021-2022 se implantarán las modificaciones relativas a:

a) Evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas.
b) Condiciones de titulación de Educación Secundaria Obligatoria, ciclos formativos de grado básico y Bachillerato.
c) La titulación de las enseñanzas profesionales de Música y Danza.
d) Las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.

 

3.- En los cursos 2022-2023 y 2023-2024 se modificarán el currículo, organización y objetivos de las enseñanzas:

a) 2022-23: Cursos impares de Educación Primaria (1º, 3º, 5º), ESO (1º,3º), Bachillerato (1º) y C.F. Grado Básico (1º)
b) 2023-2024: Cursos pares de Educación Primaria (2º, 4º, 6º), ESO (2º,4º), Bachillerato (2º) y C.F. Grado Básico (2º)

 

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PP, Vox y Cs cargan contra el desarrollo curricular previsto para Primaria. La oposición frontal recuerda a las movilizaciones que en 2006 hubo contra la reforma de Zapatero

Foto: La exministra de Educación y Formación Profesional Isabel Celaá. (EFE)

La oposición feroz que el PP protagonizó en 2006 contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la principal novedad de la reforma educativa que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapaterova camino de reproducirse este otoño. En esta ocasión, será por el enésimo cambio en el modelo de enseñanza, el impulsado por el Ejecutivo de coalición, la popularmente conocida como ley Celaá, en cuyo desarrollo curricular está ahora mismo inmerso el Ministerio de Educación. El borrador que esboza cómo serán las Matemáticas, la Lengua, las Ciencias Sociales y Naturales, además de la nueva materia de Valores Cívicos y Éticos, de los alumnos de Primaria ha soliviantado a la oposición. “Perversidad” o “bobada” son algunos de los calificativos que ha recibido la propuesta desde el flanco popular. “¡Apartad vuestras manos de nuestros hijos, chusma totalitaria!”, ha clamado en Twitter el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal.

Los planteamientos de Educación, entre ellos, impregnar de un barniz de 'género' la totalidad de las asignaturas, ha puesto en pie de guerra a PP, Cs y Vox. No es una polémica más de verano, es el pistoletazo de salida de una carrera que se prevé larga y accidentada para la nueva titular de la carteraPilar Alegría.

El ministerio debe consensuar ahora con las comunidades la redacción definitiva del desarrollo curricular de cada asignatura. Los trabajos, de momento, se centran solo en Primaria, pero después llegará Secundaria, con muchas más asignaturas y también, para esta etapa educativa, la nueva de Valores. La negociación con las regiones no va a ser fácil. El PP ha vuelto a recuperar estos días uno de los argumentos de la batalla que libró contra Educación para la Ciudadanía: la de una maniobra del Gobierno para imponer su 'ideología' en las aulas.

Foto: Foto: EFE.
 

“Como rechazan un pacto educativo, al llegar al Gobierno aprobaremos una ley que garantice: libertad de elección, calidad con pruebas nacionales, inspección contra el adoctrinamiento, unidad estatal con MIR educativo, castellano vehicular y más materias comunes, inglés y STEM”, ha defendido el líder del PP, Pablo Casado, en un mensaje publicado en Twitter. Más crítica ha sido la portavoz popular en materia educativa en el Congreso, Sandra Moneo: "Lo que estamos conociendo es la imposición de una única ideología de este Gobierno radical, no la introducción de los valores jurídicos y constitucionales que se recogen en la Constitución de 1978". La diputada, en declaraciones a EFE, además, ha tachado de "perversidad extraordinaria el desarrollo de ese currículo".

 

Y en esta ocasión, y a diferencia de la realidad política que se vivía en 2006, el factor Vox puede hacer la batalla más cruenta, máxime en un momento en que el partido de ultraderecha intenta tomar impulso ante las encuestas que sitúan el PP en cabeza. “Ni matemáticas con perspectiva de género, ni adoctrinamiento en amnesia histórica, ni talleres de sexualidad para preadolescentes, ni ataques a la familia, ni enseñanza en el odio a España”, seguía el mensaje de Abascal en Twitter. El terreno de la Educación es un campo en el que la ultraderecha siempre ha querido dejar claro un mensaje, cada progenitor debe decidir y avalar qué mensajes reciben sus hijos. De ahí el pin parental por el que aboga la formación y con el que reservan a los padres la posibilidad de vetar talleres, charlas o actividades complementarias que no comulguen con sus principios, creencias o valores.

Foto: Imagen de una clase. (Alejandro Martínez Vélez)
 

A la oposición frontal de PP y Vox se suma también la de Ciudadanos. El vicesecretario general de la formación, Edmundo Bal, ha cargado también este martes contra la reforma educativa del Ejecutivo: "Tenemos un Gobierno como para enseñar ética y explicar los riesgos de la desinformación". "Al margen del descaro, los padres no pueden enterarse de nuevas asignaturas y contenidos en agosto y por la prensa. Con un pacto por la educación, esto no pasaría", ha señalado a través de un mensaje en Twitter.

El precedente de 2006

La polémica Educación para la Ciudadanía trajo consigo además un aluvión de recursos en los tribunales. Muchos padres, contrarios a la materia, recurrieron a la Justicia cuando el Gobierno descartó que pudiesen considerarse objetores de conciencia. Las resoluciones fueron dispares en función de los diferentes tribunales superiores, y tuvo que ser el Supremo el que unificó la doctrina, dando en este extremo la razón al Ejecutivo de entonces.

 

El rechazo frontal que van a enarbolar PP, Vox y Cs podría empujar a un escenario similar una vez la ley Celaá llegue a las aulas. De hecho, aunque con alguna novedad, la nueva materia de Valores Cívicos y Éticos recupera en espíritu la asignatura que impulsó el Gobierno de Zapatero. Ambas se guían bajo los mismos principios y preocupaciones: dotar a los alumnos de un espíritu crítico, defensa de los derechos humanos y de la igualdad, impulso de conductas inclusivas, solidarias y no sexistas.

Foto: La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. (EFE)
 

No obstante, el recorrido judicial que se pueda abrir será incierto. Además del pronunciamiento del Supremo, hasta la puerta del Constitucional también llegaron muchos recursos, pero fueron descartados.

La necesidad de un pacto educativo

La imposibilidad crónica de alcanzar un consenso en materia educativa preocupa profundamente a los expertos. Esa incapacidad por el pacto genera “falta de confianza en el sistema”, según Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres (Cofapa) y portavoz de la plataforma MásPlurales. Considera que la solución se vislumbra lejana porque “vamos en dirección contraria”. El habitual planteamiento de cambiar la ley cada vez que llega a Moncloa un nuevo Gobierno “debilita el sistema desde la base”, y además provoca que se esté “jugando con la educación de los niños”, generando así “inestabilidad en la formación de los niños y también en la sociedad”. Ella, que aboga por un pacto educativo, insiste en que “es más lo que nos une que lo que nos separa”, y recuerda que “a un niño se le escolariza para 16 años, no para cuatro legislaturas”. “Tenemos que seguir peleando un pacto educativo”, sentencia.

Además, Ladrón de Guevara plantea una visión crítica sobre los puntos del borrador de la ley que se han ido conociendo a lo largo de los últimos días: “Nace sin consenso, incluso después de las movilizaciones” que hubo en contra de la bautizada como ley Celaá. Respecto a los desarrollos curriculares, asegura que le preocupa “la carga ideológica que 'a priori' vemos en el borrador”, y espera que “desaparezca” del texto definitivo. Esta experta, profesora en la madrileña Universidad de Villanueva, insiste en que “son las familias quienes tienen que educar a los niños en materia moral”. Señala, por ejemplo, el contenido de la asignatura de Valores (en que se habla, entre otras cosas, de educación afectivo-sexual), algo que “tiene que enseñarse en la familia”, aunque podría encontrar su espacio en los colegios si estos tuviesen “un ideario que las familias eligiesen”, siempre y cuando haya libertad de elección del centro. “Me preocupa que lo imponga el Estado”, afirma.

Foto: Imagen de archivo del Congreso de los Diputados. (EFE)
 


Por el contrario, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) defiende “una educación inclusiva y equitativa adaptada a la nueva normalidad que ha dejado la pandemia”, con un sistema “justo” que incluya “apoyo en el aprendizaje”. Reclaman que se dé espacio también a la salud mental —especialmente por el impacto del covid—, algo que incluye el borrador cuando se refiere a la Educación Física. Aseguran que “la educación debe ser la igualadora social para que todas y todos tengamos derecho a una vida digna y plena” y la formación “no puede estar nunca marcada por los recursos económicos, la raza o el género”.

Ceapa siempre ha tenido una posición cercana a la ley Celaá. En noviembre de 2020, mientras las calles de España se llenaban de lazos naranjas en contra de la Lomloe, la confederación respaldaba a la entonces ministra apuntando que se estaban poniendo “las bases para avanzar hacia un modelo de educación más moderno, plural, equitativo y de igualdad de oportunidades”. Celebraban la apuesta por la educación pública y el control de la concertada, recalcando incluso que ellos pretendían una “norma más dura”. Aclaran que la confederación apuesta por “un modelo educativo de calidad, gratuito, laico, equitativo, inclusivo y que garantice la igualdad de oportunidades”.

Fuente: elconfidencial.com

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El Gobierno impondrá a todos los alumnos una nueva asignatura de Valores Cívicos, que contará para nota al mismo nivel que Lengua y Matemáticas.El Gobierno impondrá a todos los alumnos una nueva asignatura de Valores Cívicos, que contará para nota al mismo nivel que Lengua y Matemáticas.1-mes-de-curso-en-galicia.jpg?_ga=2.61932716.1429096736.1628858145-236781633.1628771290El Gobierno impondrá a todos los alumnos una nueva asignatura de Valores Cívicos, que contará para nota al mismo nivel que Lengua y Matemáticas.

Tras el polémico cambio del currículo de Matemáticas para abordar la materia conEl Gobierno impondrá a todos los alumnos una nueva asignatura de Valores Cívicos, que contará para nota al mismo nivel que Lengua y Matemáticas. enfoque "socioemocional" y "perspectiva de género", el Gobierno se propone ahora recuperar el adoctrinamiento en las aulas a través de la asignatura de Valores Cívicos y Éticos.

Según consta en el borrador que ya se ha facilitado a la comunidad educativa, ésta deberá ser cursada de forma obligatoria por todos los alumnos en "algún curso" del tercer ciclo de Primaria (5º o 6º) y contará para nota al mismo nivel que otras asignaturas como Lengua o Inglés, por ejemplo.

La polémica surge a raíz de esta imposición y de la indefinición de los contenidos, ya que la materia aprobada en su día por el PP sólo se imparte actualmente a aquellos alumnos que no eligen Religión. PSOE y Podemos, sin embargo, se proponen ahora extenderla a todos los niños de 10 a 12 años y con importantes cambios en el currículo.

 

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"Se deben afrontar cuestiones éticas de relevancia, como las referidas a la autonomía y heteronomía moral, la distinción entre ser y debe ser, la práctica e identificación de las virtudes y sentimientos morales y, en general, la reflexión en torno a los valores, principios y normas que han de orientar nuestras vidas como personas y ciudadanos", reza el borrador de proyecto de Real Decreto.

La polémica Ley Trans

Según El Mundo, en esta materia adquieren un peso relevante "la educación de las emociones y los sentimientos" y la "educación afectivo-sexual". Así, el texto plantea a los alumnos dialogar sobre el significado de "bueno y malo", "cuestiones éticas de relevancia" como "la igualdad efectiva entre hombres y mujeres" o el "respeto por las minorías y las identidades étnico-culturales y de género", lo que abre la puerta a debatir sobre el colectivo LGTBIQ+.

El nuevo currículo argumenta que "en la sociedad nos encontramos con diversidad asociada al género, la edad, las creencias, la identidad, la orientación sexual o la situación funcional de las personas que precisan de actitudes basadas en el respeto, la tolerancia y la inclusión".

La actual asignatura de Valores -que estará vigente hasta 2022- fue aprobada por el PP cuando todavía no existían normas tan polémicas como la Ley Trans, que permite cambiar de sexo a partir de los 12 años. De ahí, el temor a que la nueva materia se convierta en una nueva oportunidad de adoctrinamiento precisamente cuando Vox lucha por implantar el famoso pin parental para evitar que algo así suceda.

¿Una nueva Educación para la Ciudadanía?

Tanto en el partido de Santiago Abascal, como en otros sectores de la oposición, son muchos los que ya vislumbran en esta nueva asignatura una reedición de la polémica Educación para la Ciudadanía (EpC) de José Luis Rodríguez Zapatero, que acabó judicializando la enseñanza.

El Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría subraya en su borrador que "la educación en valores constituye un requisito para el ejercicio crítico y responsable de la ciudadanía y para la educación integral de las personas". Eso implica "movilizar el conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que permiten al alumnado tomar conciencia de su identidad personal y cultural, de ciertas cuestiones éticas y sociales relativas a la convivencia, y del carácter interconectado y ecodependiente de su vida con relación al entorno".

Activistas ecosociales

El Gobierno formado por PSOE y Podemos también deja su impronta en este sentido, ya que se recupera la asignatura de Conocimiento del Medio -actualmente dividida en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales- y, en ella, se aboga explícitamente por "dotar al alumnado de herramientas que faciliten su empoderamiento como agentes de cambio ecosocial desde una perspectiva emprendedora".

Así, la izquierda confía en crear una especie de activistas "para construir un mundo más justo, solidario, igualitario o sostenible", haciendo especial hincapié entre otros asuntos en el cambio climático.

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Los profesores tendrán que orientar a los alumnos sin atender a estereotipos sexistas, según recoge el borrador de Decreto de Educación Primaria

Los alumnos de Primaria tendrán que conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. Es lo que se conoce como “Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural”, más conocida como “Cono”, un área que se implantó la Logse en 1990 y que desapareció con la “Ley Wert” para ser sustituida por dos asignaturas: las tradicionales Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Aunque “Cono” se podrá desdoblar en estas materias, el Gobierno recupera el concepto integrador de esta área de conocimiento que se deberá impartir en los seis cursos que durará la formación en Primaria y que los alumnos tendrán que estudiar entre los 6 y los 12 años. Así queda recogido en el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de esta etapa obligatoria al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que recupera los tres ciclos que había anteriormente y reordena las áreas.

 

Los cambios entrarán en vigor para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar 2022-2023, y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso 2023-2024.

Además, los alumnos tendrán que estudiar Educación Artística, que se podrá desdoblar en Educación Plástica y Visual, por una parte, y Música y Danza, por otra; Educación Física; Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua cooficial y Literatura; Lengua Extranjera y Matemáticas.

A las áreas incluidas en el apartado anterior, se añadirá en alguno de los cursos del tercer ciclo la Educación en Valores Cívicos y Éticos, un área de conocimiento que ha generado recelos por si pudiera convertirse en una reedición de la polémica asignatura de Educación Para la Ciudadanía de la época de Rodríguez Zapatero.

Ahora, las comunidades autónomas podrán incorporar al currículo de Primaria las lenguas de signos y aquellas que tengan lengua propia podrán establecer exenciones de cursar o de ser evaluados del área “en las condiciones previstas en la normativa autonómica”.

 

Evaluaciones: en 4º curso

El decreto prevé que los alumnos sean evaluados en cuarto curso para comprobar si han adquirido los conocimientos necesarios. “Solo tendrá carácter informativo, formativo y orientador” para los centros, los alumnos y los padres. Se encargarán de hacerla las Comunidades autónomas, de ahí que haya sido cuestionada su utilidad como una herramienta que proporcione una información global sobre lo que aprenden los niños españoles a esta edad, porque cada comunidad hará su propia prueba.

Informe al final de la etapa

Los alumnos tendrán un informe sobre su evolución y las competencias desarrolladas, al final de la etapa " a fin de garantizar una transición con las mayores garantías a la Educación Secundaria Obligatoria”.

Educación afectivo-sexual

El decreto prevé que durante esta etapa académica se trabaje en todas las asignaturas la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento, aunque luego se haga de manera más específica en algunas asignaturas.

 

De igual modo, se promueve la educación afectivo-sexual desde los seis años, tal y como prevé la Lomloe, además de la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud.

“se pondrá especial atención a la orientación, la educación emocional y en valores y a la potenciación del aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión”, dice el documento.

La lectura será otro pilar fundamental en el aprendizaje. Se fomentará el hábito y su dominio. De hecho, los centros “dedicarán un tiempo diario a la misma”.

También habrá que dedicar un tiempo del horario lectivo “a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad”.

Otro de los objetivos nuevos introducidos a conseguir entre los alumnos que estaban recogidos en la ley y ahora plasma el Real Decreto es que los alumnos conozcan y valoren a los animales y “adopten modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado”. Que los estudiantes reciban esta formación fue una aportación de los partidos nacionalistas y de Más País.

Enseñanzas mínimas: la cesión a las autonomías

El Estado pierde peso a la hora de determinar el currículo básico en esta etapa obligatoria. Pasa de fijar el 55% al 50 en las en las que tienen lengua cooficial. La otra mitad queda en manos de las autonomías y de los centros. De ahí que haya quien piense que esta normativa ahonda en la desvertebración del sistema educativo.

Orientación sin estereotipos sexistas

Los alumnos podrán recibir orientación profesional a partir del segundo ciclo de la etapa. Eso sí, se deberá hacer “libre de estereotipos sexistas”. “Desde la tutoría se coordinará la incorporación de elementos de orientación académica y profesional que incluyan, al menos, el progresivo descubrimiento de las profesiones y la generación de intereses vocacionales”.

Sin repeticiones, pero sí con refuerzo

El documento hace especial hincapié en establecer planes de refuerzo específicos para los alumnos que van mal para evitar la repetición, que será algo excepcional y solo se podrá hacer una vez en la etapa. Además pone especial énfasis en la atención individualizada de los estudiantes y en que se dispongan mecanismos de refuerzo con los alumnos tan pronto se detecten dificultades de aprendizaje.

 

No obstante, “si el equipo docente considera que la permanencia un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, se organizará un plan específico de refuerzo para que, durante ese curso, pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional”, dice el borrador de Real Decreto.

Por regla general, los alumnos pasarán de curso y “recibirán los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes necesarios que no hayan alcanzado el curso anterior” si van mal en algunas asignaturas.

No obstante, “si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje”.

Religión

Es una asignatura degradada con la nueva ley, que no cuenta para hacer media ni para conseguir una beca. Es de elección voluntaria. El Gobierno aún tiene pendiente elaborar el decreto que desarrolla la asignatura.

 

Fuente: larazon.es

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La nueva titular de Educación se reúne por primera vez con las comunidades para intentar rebajar la tensión generada por la ley educativa

La nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, tiene la misión de desactivar el conflicto educativo, un área que se ha convertido en escenario de duros enfrentamientos desde la tramitación de la ley de educación, la Lomloe, aprobada en diciembre, debido al rechazo frontal que generó en la derecha y en un amplio sector de la escuela concertada. La dirigente aragonesa puso a prueba su estrategia de buscar vías de entendimiento el miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que se reunió con los responsables educativos de las comunidades autónomas. Y el resultado fue, según fuentes presentes en el encuentro, positivo. La tensión fue menor que en las últimas citas presididas por la anterior ministra, Isabel Celaá, y el ambiente fue bueno. Las materias a tratar (el anteproyecto de ley de Formación Profesional y el reparto de una cascada de fondos, 1.486 millones de euros, procedentes en su mayoría del programa europeo de recuperación) facilitaron las cosas.

La nueva norma de FP carece de la carga ideológica de la Lomloe y no toca los elementos educativos que tienden a generar choques políticos en España, como el equilibrio entre la red pública y la concertada, las clases de religión o las reglas para pasar de curso. Y cuenta, además, con el apoyo de la patronal (el miércoles, tras la conferencia sectorial, Alegría se reunió con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi) y los sindicatos. Nadie espera, por ello, un enfrentamiento comparable al que se vivió con la llamada ley Celaá. La ministra presentó la norma de FP a las comunidades como una oportunidad para alcanzar un gran pacto. Les dijo a los consejeros que su despacho está abierto para ellos y les transmitió su intención de visitar las autonomías con regularidad.CIDAD

El tono de las comunidades del PP, que en otras conferencias sectoriales fue muy crítico, resultó también más conciliador, según varias fuentes. Aunque Madrid y Galicia aprovecharon sus intervenciones para criticar el proyecto de decreto de evaluación y titulación, redactado en la etapa de la anterior ministra, un asunto que no figuraba en el orden del día. El proyecto de decreto deja en manos de los equipos docentes la decisión sobre si un alumno pasa de curso en función de lo que consideren que será más beneficioso para su trayectoria académica, sin estar limitados de forma automática por el número de asignaturas suspendidas. El objetivo del texto es rebajar la tasa de repetición, que en España casi triplica la media de los países desarrollados, y que, según la OCDE, resulta una herramienta ineficaz para reducir el fracaso educativo y es muy cara para el sistema.

La ministra está en proceso de ponerse al día en los diferentes frentes que tiene abiertos el ministerio (hasta su nombramiento, hace poco más de una semana, era delegada del Gobierno en Aragón, con competencias muy diferentes, si bien de 2015 a 2019 fue consejera de Innovación, Investigación y Universidad en el Gobierno de Aragón y estudió la carrera de Magisterio, entre otras actividades relacionadas con el mundo educativo). Pero respondió a los consejeros de Madrid y Galicia que el proyecto de decreto de evaluación ha sido enviado al Consejo Escolar del Estado y al Consejo de Estado, y que a la vista de los dictámenes que reciba algunos puntos podrían cambiar, explicaron fuentes que asistieron a la reunión.

Pese a apostar por el diálogo y la búsqueda del consenso, Alegría es consciente de la dificultad de sacar la educación del enfrentamiento político, aseguran fuentes cercanas a la nueva ministra. En cómo se desarrollen los acontecimientos en lo que queda de legislatura, prosiguen, influirá la actitud política general, no solo en el ámbito educativo, que adopte la oposición, y principalmente el PP. El recorrido que tiene por delante Alegría parece, en todo caso, más favorable que el que tuvo Celaá.

Relevo

La exministra vasca, relevada en el gran vuelco que el presidente Pedro Sánchez dio al Gobierno a principios de julio, aprobó una ley educativa en un contexto de gran complejidad en el Congreso, coordinó la respuesta educativa a la pandemia y ha dejado preparado el anteproyecto de la nueva ley de FP. El coste en términos de desgaste público y, según su entorno, personal que ha sufrido ha sido al mismo tiempo muy elevado.

DGPTOOZFJYWO2TZVZENM66CYRY.jpgLa nueva ley de educación y las normas que la desarrollan, que todavía están elaborándose (como el nuevo currículo: qué se aprende en la escuela y cómo se evalúa), buscan corregir varios de los grandes problemas estructurales del sistema educativo español, como el reparto muy desigual del alumnado con dificultades entre las redes pública y concertada. Y avanzar hacia un modelo de enseñanza más basado en que los alumnos sepan aplicar los conocimientos, y no tanto en repetir contenidos, en línea con lo que están haciendo la mayoría de países desarrollados. España cerró el pasado curso como uno de los miembros de la OCDE donde los alumnos perdieron menos clases como consecuencia de la pandemia. Y el anteproyecto de ley de FP ha recibido muchos más aplausos que críticas. Pero ello no ha impedido que Celaá haya terminado con una imagen deteriorada, como reflejó el miércoles el CIS, y convertida en uno de los blancos predilectos de la derecha.

Al resultado no han sido ajenas las condiciones en las que se dio luz verde a la Lomloe. El texto aprobado es distinto al que Celaá mandó al Congreso respecto al tratamiento del castellano (si bien de forma más simbólica que efectiva) y es también un grado más federalizante debido a que salió adelante gracias al apoyo de partidos como Esquerra y el PNV. Por ejemplo, se da más margen a las comunidades autónomas a la hora de aplicar o no las novedades que la ley introduce, como las herramientas para acabar con las escuelas gueto o el grado de autonomía que tendrán los centros educativos para fijar lo que se enseña.

Lluvia de millones para digitalizar las aulas

Además de mostrar un talante proclive al entendimiento (que se vio amplificado por el formato del encuentro: fue la primera conferencia sectorial presencial en un año), la nueva ministra de Educación se estrenó en las reuniones con las comunidades autónomas con una lluvia de millones para repartir: 1.486, de los que 1.398 proceden del fondo de recuperación europeo.

La principal partida, de 989 millones, se destinará a digitalizar el sistema educativo mediante la adaptación de las aulas, la compra de dispositivos portátiles y la formación de profesorado. Otros 118 millones se invertirán en el programa de refuerzo escolar PROA+; 48 millones, a la compra de libros de texto y materiales didácticos, y 30 más a la creación de “unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable”, detalló el ministerio.

El Gobierno transferirá a las comunidades otros 300 millones para cuestiones relacionadas con la Formación Profesional: la acreditación por parte de los trabajadores de sus competencias profesionales (115 millones), implantación de ciclos formativos bilingües (93 millones) y creación de nuevas plazas de FP (73 millones), entre otras materias.

Alegría propuso a las comunidades celebrar a finales de agosto una nueva sesión conjunta de la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para decidir si hay que modificar el protocolo sanitario para la escuela aprobado en mayo a la vista de la evolución de la pandemia.

Fuente: elpais.com

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Ahora mismo estamos en un momento de transición, en el que no hay todavía novedades sobre cómo va a quedar la asignatura de Religión. El único texto legal del que disponemos sigue siendo el de la LOMLOE y, aunque estamos en diálogo, no sabemos con seguridad cómo quedará la Ordenación académica de la asignatura». Así lo explicó el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, en las Jornadas de Delegaciones Diocesanas de Enseñanza que se celebraron en Madrid los días 9 y 10 de julio.

Un encuentro en el que el obispo agradeció «el gran esfuerzo» de los centros educativos durante la pandemia. «Han sido lugares seguros» que han sabido trabajar en medio de una situación desconocida sumada a «situaciones complejas, con sus tensiones e incertidumbres». El obispo afirmó que desde la Comisión se trabaja en este momento en el currículo de Religión Católica. «Tras el primer paso que significó el Foro, sin abandonar el carácter participativo del proceso, hemos ido generando grupos de trabajo con los que se ha ido construyendo un documento inicial, y lo hemos sometido a diversas instancias de revisión».

Tal y como se expresó en las Jornadas, la redacción del currículo «nos está haciendo caer en la cuenta del cambio tan profundo que esta reforma implica. Se renueva el marco político y pedagógico de la Educación, coincidiendo con los cambios que estamos viviendo también como Iglesia en nuestra sociedad».

Objetivos de la Comisión

Todo ello, destacó, «constituye un reto para nuestra presencia en el mundo educativo, fundamentalmente en la escuela pública, y nos señala la necesidad de desarrollar diversos caminos. Esta encrucijada constituye un reto para toda la comunidad educativa y para el Ministerio, pero también específicamente para nosotros».

Por su parte, la directora de la Comisión, Raquel Pérez Sanjuán, explicó que «el Ministerio está trabajando de manera intensiva y casi exclusiva sobre los currículos». En el caso de la asignatura de Religión «previsiblemente tendremos un primer borrador para todas las etapas a finales de este mes de julio. En septiembre, cuando retomemos la actividad, se someterán todas las etapas a revisión y ajuste, una vez conozcamos los horarios mínimos de la asignatura».

El objetivo de la Comisión, subrayó, «es someter a consulta pública todo el currículo, para recibir aportaciones de los distintos agentes educativos. Es nuestra intención que nuestro currículo salga publicado en el BOE simultáneamente al resto de materias».

De la misma forma, concluida la fase de negociación con el Ministerio, «y una vez se hayan publicado los Decretos de Enseñanzas Mínimas y el currículo de Religión católica, se pasará entonces a la etapa de negociación con las CCAA».

Es fundamental, concluyó, «actualizar los programas de formación inicial del profesorado de Religión y su formación permanente, así como abordar su situación laboral, que será una necesidad en el momento que el Ministerio plantee un nuevo estatuto de la función docente y un nuevo acceso a la profesión».

 

Fuente: revistaecclesia.com

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