Los profesores de Religión de la Región de Murcia tienen derecho a cobrar el complemento de Formación Permanente (Sexenios), al igual que el resto de Funcionarios Interinos. Así lo refleja una sentencia del Tribunal Supremo que ha reconocido con carácter absoluto la equiparación a efectos salariales del profesorado de Religión con los funcionarios Interinos que trabajan para la Consejería de Educación.

La Consejería de Educación deberá hacer efectiva la sentencia para todos aquellos de los más de 500 docentes de Religión de Primaria y Secundaria que cumplan los requisitos de antigüedad y formación para cobrar el correspondiente complemento retributivo. Según los cálculos del sindicato ANPE, la ejecución de este fallo del Supremo va a suponer para las arcas de la Consejería un desembolso aproximado de un millón y medio de euros para todo el colectivo; además de consolidar el complemento mensual en la nómina personal de cada docente, en función de la antigüedad que posea cada uno de ellos.

Desde ANPE señalan que llevan muchos años persiguiendo el reconocimiento de este derecho para los profesores de Religión. Pero desde 2011 que iniciaron los recursos, "la Consejería de Educación les ha negado de manera reiterada este derecho por medio de los servicios jurídicos del Gobierno regional en las distintas instancias judiciales en las que hemos reclamado su reconocimiento". Finalmente ha sido el Tribunal Supremo quien ha corregido "de manera contundente y definitiva la enorme injusticia mantenida durante tantos años en nuestra Comunidad Autónoma". De todos los docentes de la educación pública murciana solamente han estado excluidos de la percepción del complemento de sexenios los docentes de religión, señala el sindicato.

"Una vez corregida la discriminación y establecida la jurisprudencia al respecto, tras el gran trabajo de los servicios jurídicos de ANPE Murcia, perseverando una tras otra en las distintas instancias judiciales, ahora toca a la Consejería de Educación asumir su responsabilidad acatando la sentencia y adoptando las medidas necesarias para que la ejecución de la misma se realice en el plazo más breve posible".

El sindicato remarca que es justicia que todos los docentes disfruten de los mismos derechos por la labor que se realiza. Por lo que esta equiparación retributiva viene a compensar el esfuerzo educativo realizado por estos profesionales docentes, actualizando sus conceptos retributivos y manteniéndolos en el tiempo durante toda su vida profesional.

ANPE se ha dirigido a la Consejera de Educación para intentar consensuar la manera más adecuada y rápida para hacer efectiva la sentencia del Supremo. "Esperamos que sea posible llegar a un acuerdo entre ambas partes, para así evitar el inicio de recursos individuales que no harían si no mantener el perjuicio hacia los afectados; cuando finalmente deberán cobrar todo aquello que se les debe".

Fuente: laopiniondemurcia.es

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La Educación suele ser uno de los grandes debates sociales y políticos que de manera crónica aparecen en la primera plana informativa en nuestro país, especialmente cuando en el Estado se produce un cambio de Gobierno. Y es que el afán de todo titular de esta cartera cuando alcanza el puesto, tiene como tentación la ley educativa aprobada por su predecesor, generalmente de un color político diferente.

El actual Ejecutivo Central ha logrado introducir en el Congreso de los Diputados su reforma educativa, la LOMLOE, para romper con la LOMCE, vigente desde que fuese aprobada por el gabinete de Mariano Rajoy.

Y como suele suceder, la Religión ocupa un lugar destacado en la reforma que plantea la actual ministra, Isabel Celáa, pero negativamente, ya que pretende reducir a la mínima expresión la asignatura. Sin entrar a valorar los intríngulis de la ley, el capellán del Monasterio de La Inmaculada y San Pascual de las Hermanas Clarisas de Madrid, Francisco Gabaldón, ha sido cuestionado en el consultorio 'Creer hoy' por la importancia de la materia en las aulas.

A este respecto, Gabaldón recuerda que un Estado aconfesional no implica dejar a un lado la vertiente religiosa: “El Estado no profesa ninguna Religión, pero no significa que tenga que ir contra ella. No es lo mismo un Estado laico que lacista. Los ciudadanos, libremente, pueden vivir su fe y el Estado tiene que permitir y promover esas formas de vivirlo. Por eso, la asignatura de Religión teine cabida en el currículum educativo, porque educa a las personas en su integridad, y la Religión forma parte de ella. Es inherente al ser humano”, sostiene el capellán.

Preguntado si es equiparable una clase de Religión con la catequesis, Francisco Gabaldón afirma que ambas se complementan, pero no es lo mismo: “La catequesis está en otro plano. Significa hacer eco. En la catequesis se parte ya de una vivencia de la fe, en la que se quiere profundizar. Hay una vivencia más particular y profunda y por eso se hace en el ámbito parroquial”.

Realmente, añade el capellán, “los cristianos estamos en constante catequesis. No es solo para los niños, porque muchos viven constantemente la fe, aunque cada edad está en su proceso”.

Ver Entrevista:

https://cope-cdnmed.agilecontent.com/resources/mp4/9/3/1590672691639.mp4

Fuente: cope.es

Vídeo Catequesis sobre Pentecostés. Incluye tutorial para elaborar "La Casa del Espíritu Santo". Dibujos de Patxi Velasco Fano y de la web dibujos para catequesis. AUTOR: UNAI QUIRÓS

En los primeros meses de 2020, el Papa Francisco ha reflexionado frecuentemente sobre la pandemia de COVID- 19, a medida que ésta se extendía por la familia humana. Aquí se recogen ocho significativos textos, pronunciados o escritos desde el 27 de marzo al 22 de abril. ¿A quién se dirige el Papa, y cómo? ¿Qué dice y por qué?

Descárgate el libro desde este enlace

En estos días rezo con mucha fuerza "LÍBRANOS DEL MAL" y con frágil Fe confiada "HÁGASE TU VOLUNTAD"

CATAlÁN:

Consciente de la importancia de prevenir y proteger a los colectivos con los que trabaja: la infancia, los docentes y comunidad educativa en general, Edelvives ha diseñado un plan de actuación. Junto a sus partners, entre los que se encuentra Google for education, proporcionará accesos gratuitos a diversos recursos y plataformas educativas, así como propuestas formativas online que eviten la paralización de la labor docente durante el cierre temporal de los centros como consecuencia de la crisis del coronavirus (COVID-19).

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Los centros interesados en alguno de estos recursos podrán contactar a través del correo experienciacliente@edelvives.es, donde obtendrán atención personalizada.

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La anterior Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis pasa a denominarse Comisión Episcopal de Educación y Cultura, cuyo presidente elegido ha sido el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alfonso Carrasco Rouco

Obispo de LUGO

Nació el 12 de octubre de 1956 en Villalba (Lugo). Cursó la enseñanza secundaria en el Seminario de Mondoñedo y los estudios de Filosofía en la Pontificia Universidad de Salamanca (1973-1975). Después estudió Teología en Friburgo (Suiza), donde obtuvo la Licenciatura en 1980. Fue ordenado sacerdote el 8 de abril de 1985 en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

De 1980 a 1981 realiza labores de investigación en el Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Munich. De 1982 a 1987 trabajó de Profesor asistente de la Cátedra de Moral Fundamental de la Universidad de Friburgo. Además, Becario del “Fondo nacional suizo para la investigación” de la Universidad de Munich (1987-1988). En 1989 se doctora en Teología en la Universidad de Friburgo.

Cargos pastorales

Entre los años 1989-1991 forma parte del equipo parroquial de Santa María de Cervo, encargado de seis parroquias, en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, donde ejerce también como docente de la “Escuela Diocesana de Teología”.

En 1992 se desplaza a Madrid como profesor agregado de Teología Sistemática del “Instituto Teológico San Dámaso”, convirtiéndose en catedrático en 1996. Este mismo año es nombrado consiliario del Centro de Madrid de la AcdP (Asociación Católica de Propagandistas).

Desde 1994 a 2000 ejerce como director del “Instituto de Ciencias Religiosas” del Centro de estudios teológicos “San Dámaso” y vice-decano de la Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid desde 1998 a 2000.Decano de la Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid, desde 2000 a 2003.

Durante los años 2001-2006 colabora regularmente en las Teleconferencias de la Congregación para el Clero para la formación permanente del clero. En 2004 actúa como relator de la Cuarta Ponencia y miembro nato de la Asamblea y de la Comisión central del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid, clausurado el día 14 de mayo de 2005.

Fue también, hasta su ordenación episcopal, profesor de Teología dogmática en la Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid (desde 1996) y director del Departamento de Dogmática de la misma Facultad en 2006. Durante su estancia en Madrid colaboró pastoralmente en la Parroquia de “San Jorge, mártir de Córdoba”.

El 30 de noviembre de 2007 el Papa Benedicto XVI le nombró Obispo de Lugo y el 9 de febrero de 2008 tomó posesión de la diócesis.

Otros datos de interés

En la CEE es presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura desde el 3 de marzo de 2020. Fue vicepresidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades y presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades, cargo para el que fue elegido el 15 de marzo de 2017. Fue miembro de esta Comisión de 2008 a 2011. Además, ha pertenecido a la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de 2008 a 2017.

Fuente: https://conferenciaepiscopal.es/comisiones/educacion-y-cultura/

“Es legítimo que se reconozca la demanda social, la demanda de los padres a la hora de desear un tipo de escuela”. Con estas palabras, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, cuestionaba una de las medidas centrales de la futura ley de Educación presentada esta semana por la ministra socialista Isabel Celaá.

El portavoz del Episcopado defendió con contundencia que “los padres puedan decidir el tipo de educación que tienen para sus hijos”, además de enfatizar la autonomía de los centros.

No fue el único “pero” que el obispo auxiliar de Valladolid puso a la reforma educativa, que desveló que ayer mismo se reunió con el presidente de Escuelas Católicas, Juan Carlos Pérez Godoy, para abordar esta polémica medida.

En la rueda de prensa conclusiva a la Asamblea Plenaria de los obispos españoles, defendió la asignatura de Religión, aunque no fue la única materia por la que saco pecho. Argüello, considera que en una sociedad tecnocrática en la que “un pequeño virus nos pone patas arriba”, “se hace más que nunca necesaria la enseñanza de la filosofía y de la teología”.

Más filosofía y música

Así, manifestó su deseo de que en las aulas de nuestro país se promueva “el cultivo de la filosofía, del arte, de la música y de la enseñanza religiosa, Es más necesaria que nunca”.

Todo esto le llevó a solicitar al Gobierno que apueste por un pacto educativo antes de la aprobación definitiva de la ley. ¿Su argumento? “Deseamos que se haga realidad el pacto global que impulsa el Papa. Desgraciadamente se ha suspendido el encuentro previsto para mayo en Roma, pero no se aplaza el deseo de ese pacto global”, expresó.

“Valoramos mucho que la educación pueda ayudar al desarrollo pleno de todas las capacidades de los niños y niñas que van a nuestras escuelas”, explicó, presentando los colegios como un espacio donde “se ayude a crecer”.

“Se habla de que la escuela sea un ascensor social, pero también hay que enseñar a ayudar a subir las escaleras”, verbalizó el secretario general de los obispos: “A veces se plantea incluso que hay que bajar el piso: dando una titulación teniendo una asignatura pendiente”. “Eso, en lugar de ayudar a los más débiles, es un desprecio a las personas porque se da por hecho que no puede desarrollar sus capacidades”, aseveró.

Fuente: VidaNueva

Tras la aprobación ayer del proyecto de Ley de Educación que ahora se llamará LOMLOE, el presidente nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, ha manifestado su absoluto desacuerdo con una ley impuesta, que no ha contado con el mínimo consenso, diálogo ni acuerdo, donde las familias no se han tenido en consideración en ningún momento, desaparece la demanda social, se aprueba con asignaturas suspensas, se vuelve a marginar a la religión (hay que recordar que la solicitan de forma voluntaria esta asignatura más de tres millones y medio de alumnos) y se pone en riesgo la continuidad de concierto educativo.

La nueva ley se propone como una modernización de la FP (algo que se ha planteado siempre en todas las reformas anteriores, por lo que no supone ninguna novedad pero que CONCAPA sí ve positiva siempre que se vertebre de una forma uniforme por toda la red de centros sostenidos con fondos públicos), una apuesta económica (más becas y más inversión, aunque todos los informes realizados en este sentido indican que más inversión no significa una mejora educativa) y un descenso de exigencia (se suprimen las pruebas finales de etapa, se puede pasar de curso y obtener título con asignaturas suspensas, etc.)

¿Por dónde va la nueva ley? Pues por lo que todos adivinábamos: suprimir la pluralidad educativa -por ejemplo, se castiga a los modelos de coeducación-, se degrada a la asignatura de Religión -sin alternativa y peso específico alguno, vulnerando la libertad religiosa-, se impone una asignatura de educación en valores cívicos y éticos -vuelta a la antigua EpC-, se da más peso a las Comunidades Autónomas en los contenidos y en la lengua -olvidando el conocimiento de la lengua materna-, se añaden algunas trasversales “nuevas” como el desarrollo sostenible o la igualdad de género -creando más controversia-, y finalmente se apuesta por la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años vertebrándola por la red pública -en claro perjuicio de la red concertada-. 

¿Qué es lo que queda claro? Que se vulneran una vez más los derechos fundamentales de las familias para poder elegir el tipo de educación que desean para sus hijos -libertad de elección y libertad de enseñanza-, que se intenta arrinconar a la enseñanza concertada vulnerando la libertad religiosa -asignatura de religión-,  y que se rebaja a mínimos el nivel de exigencia y de esfuerzo, por no hablar de que brilla por su ausencia el “consenso y el diálogo” que garanticen una estabilidad del sistema y la consecución del tan ansiado pacto social y político por la educación. Eso sí, se incorporan los llamados “comisarios políticos” que se implantan en los centros concertados con la inclusión del representante municipal en el consejo escolar.

Para Caballero, lo que está sucediendo es “un grave retroceso” porque hemos perdido una gran ocasión de poner en marcha una buena ley, una ley con peso específico que no vaya en detrimento de la libertad de las familias (su libre elección queda ahora subordinada a la planificación de las autoridades administrativas) y que apueste por la mejora real de los resultados educativos en nuestro país, sin necesidad de rebajar el nivel para llegar a los parámetros de aprobado que se buscan gratuitamente para las estadísticas.

El presidente de CONCAPA señaló que “los padres no vamos a ceder nuestras responsabilidades al Estado y consideramos que la educación debe respetar la pluralidad de la sociedad, correspondiendo a los padres colaborar y participar activamente en la escuela y en la educación de sus hijos”. Desde CONCAPA pedimos a la ministra de Educación que apueste clara e inequívocamente por la libertad de enseñanza y la libertad de las familias para poder elegir el tipo de educación y el centro educativo que desean para sus hijos, como nos garantizó en la reunión que mantuvimos en el Ministerio el pasado día 26 de febrero.

Fuente: revistaecclesia.com

El texto, que ya pasó por el Consejo de Ministros en febrero de 2019 y que no se ha modificado, se tramitará en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de la nueva ley de educación (Lomloe; Ley Orgánica de Modificación de la LOE), que revertirá la norma en vigor, la polémica Lomce o ley Wert, aprobada por el PP en 2013. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde por segunda vez al texto que ya aprobó en la pasada legislatura. La ministra de Educación, Isabel Celaá, no ha hecho ningún cambio en el documento pese a que ahora el Ejecutivo es de coalición, con Unidas Podemos. Quiere evitar así que la ley tenga que volver a pasar por los órganos consultivos, como el Consejo Escolar del Estado, y así acelerar su tramitación en el Congreso, prevista para las próximas semanas. Cualquier cambio que se quiera introducir se hará a través de enmiendas en el Parlamento o en el Senado.

“La ley busca la calidad del sistema para todos, se fundamenta sobre la excelencia, la optimización de resultados para el conjunto de los alumnos y la equidad; nadie puede quedar atrás”, ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra ha señalado que el alumnado, “sea cual sea el talento con el que entra en el aula”, tendrá que salir con “el mismo valor diferencial” del centro educativo. “No puede haber segregación en el acceso [a los centros] ni en la salida, no se puede discriminar a los alumnos en diferentes itinerarios segregadores, ni socioeconómicos ni de otra naturaleza”, ha manifestado.

Con la nueva ley desaparecerán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), unos itinerarios incluidos en la regulación actual que conducen a los estudiantes con un menor rendimiento a cursar algunas asignaturas en una modalidad más sencilla (llamada aplicada). Esta vía les excluye de poder cursar más adelante el bachillerato, y solo les permite acceder a formación profesional. “Ningún país europeo pone barreras a la enseñanza básica tras 12 años de escolarización. Eso es segregar; hay que garantizar que todo el mundo progrese con la debida calidad del sistema educativo”, ha aclarado la ministra.

Celaá ha recordado que una de las prioridades de la nueva ley será la incorporación de una red de enseñanza de cero a tres años, que se desarrollará “de forma gradual” y “empezando por los colectivos más desfavorecidos”. Además, como ya anunció hace unas semanas, ha señalado que en el plazo de un año se presentará un nuevo modelo para la reforma de la carrera docente. Para ello, Celaá ha adelantado que ya están trabajando con las facultades de Educación para modernizar los programas y que los aspirantes a profesor realizarán prácticas en escuelas durante un periodo de un año como paso previo a su titulación.

La nueva normativa (que recupera muchos de los aspectos de la Ley Orgánica de Educación, la LOE, aprobada por el PSOE en 2006) llega con el objetivo de tumbar la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), norma que llevó en 2013 al resto de grupos parlamentarios —a excepción de UPyD y los dos diputados de UPN y Foro Asturiano— a acordar por escrito su compromiso de derogarla en la siguiente legislatura.

Estos son los principales cambios que contempla la nueva ley:

La Religión pierde peso en el currículum. Su oferta ya no será obligatoria en 1º y 2º de bachillerato y las calificaciones no computarán para el acceso a la universidad o la obtención de becas. Además, los alumnos que no escojan Religión no estarán obligados a matricularse en una materia alternativa (la llamada “asignatura espejo”), que en la Lomce es Ética. Con la Lomloe, Educación en Valores Cívicos y Éticos pasará a ser obligatoria para todos los alumnos en un curso de primaria y en otro curso de secundaria, aún por determinar.

Eliminación de los itinerarios. Uno de los aspectos más “lesivos” de la Lomce que la nueva ley corregirá es la división de los alumnos en diferentes itinerarios según sus capacidades académicas. Con el modelo actual, un estudiante que no consigue promocionar en segundo o tercero de la ESO es derivado a la llamada formación profesional básica y, en función del criterio de la junta de evaluación del centro, hay alumnos que al aprobar ese curso obtienen el título de la ESO y otros que no. Sin este certificado, los estudiantes no pueden continuar sus estudios. “No podemos discriminar a los alumnos a una edad temprana en la que todavía no saben a qué se quieren dedicar”, explicaba Celaá en una entrevista con EL PAÍS. Para evitar esa discrecionalidad, la nueva ley eliminará esa vía y recuperará los programas de diversificación curricular de la ley educativa de 2006, que permiten modificar y adaptar el currículo desde tercero de la ESO para los alumnos que no estén en condiciones de promocionar, de forma que todos obtengan la misma titulación. Se eliminarán así estos itinerarios, conocidos como programas PMAR.

Se elimina el concepto de “demanda social” para la planificación de las plazas escolares. El objetivo primordial es “mejorar el sistema de admisión” de la escuela concertada y “equilibrar” la escolarización de alumnos con bajos recursos y dificultades de aprendizaje entre los centros públicos y los concertados. Para ello, se eliminará la referencia que aparece en la Lomce a la llamada “demanda social”, que establece que para la planificación de las plazas escolares las comunidades autónomas tendrán en cuenta la preferencia de las familias. Celaá ha afirmado en diferentes foros que “la escuela pública no puede ser subsidiaria de la concertada”. Además, el texto contempla que las autonomías “velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza”, lo que quiere decir que se pondrán en marcha medidas para evitar que determinados colegios, sobre todo públicos, concentren a los alumnos con menos recursos. Además, para evitar la segregación por sexo, se prescindirá en el texto de la alusión a que “la educación diferenciada no se considera discriminación por género” y se dará prioridad en el régimen de conciertos a los centros “que se organicen bajo el principio de la coeducación”.

Medidas para frenar la alta tasa de repetición. Otro de los grandes escollos del sistema educativo que pretende solucionar la nueva ley es la alta tasa de repetidores. En España, el 29% de los estudiantes de 15 años estaba repitiendo algún curso de la ESO en 2018, frente al 13% de media de los países de la Unión Europea. Para reducirla, la nueva ley incluye varias medidas. Por una parte, en primaria eliminará la posibilidad que contempla ahora la Lomce de que los alumnos puedan repetir en cada uno de los cursos y en su lugar establecerá que solo puedan repetir curso al final de cada etapa (segundo, cuarto y sexto de Primaria). Además, contemplará que los estudiantes que suspendan más de dos asignaturas en la ESO puedan pasar de curso “de forma excepcional” si el equipo docente considera que “la naturaleza de las asignaturas no superadas le permite seguir con éxito el curso siguiente”. En bachillerato se podrá conceder el título con una asignatura suspensa, también de forma “excepcional”. Ahora mismo es obligatorio superar todas las asignaturas de los dos cursos para hacerse con la titulación.

Más poder del Gobierno central para determinar el currículum. Otra de las novedades es que las autonomías perderán poder a la hora de determinar los contenidos del currículum. Se volverá a lo estipulado en la LOE y el Gobierno central decidirá el 55% de los contenidos en las autonomías con lengua cooficial y el 65% en el resto. La actual ley (Lomce) utiliza un sistema distinto: no emplea porcentajes. Divide las asignaturas en troncales (las obligatorias que fija el Estado) y opcionales y de libre configuración (que determinan las comunidades autónomas en su totalidad). Este modelo implica grandes diferencias entre las materias que se estudian en cada autonomía. El ministerio busca con el cambio que plantea un mayor consenso y colaboración entre el Estado y las comunidades.

Más poder para los consejos escolares. El objetivo es evitar que el director “sea el único órgano de gobierno en los centros educativos”, señala la propuesta. La Lomce quitó poder a los consejos escolares, que recuperarán ahora competencias. Además, se modificará su composición en los centros concertados para reincorporar al representante del Ayuntamiento. Se cambiará el procedimiento para la selección de los directores, aumentando la participación del consejo escolar (integrado por las familias y los docentes). En la actualidad, las comunidades autónomas deciden si la elección del director recae en la Administración o en el consejo escolar, lo que ha originado una gran dispersión de modelos. Además, se evitará que la autonomía pedagógica de los centros —la Lomce permite que los colegios e institutos puedan, por ejemplo, definirse como especializados en ciencias — dé lugar a la selección del alumnado, señala el documento.

Supresión definitiva de las reválidas y sustitución por pruebas de diagnóstico. Las reválidas al final de 6º de primaria y 4º de la ESO de la Lomce (suspendidas por los tribunales) se eliminarán del texto. Se convertirán en “evaluaciones muestrales y plurianuales” que se publicarán de forma interna y permitirán conocer el estado del sistema educativo y favorecer la rendición de cuentas por parte de los centros para así “mejorar las políticas públicas”. De esta forma, se prohíbe utilizar los resultados de las evaluaciones de los alumnos para establecer una clasificación de centros, los rankings. Este punto se recupera de la LOE.

Fuente: elpais.com

Sin consenso, un parche, una ley que se ha hecho de manera rápida y sin tener en cuenta a las familias... estos son algunos calificativos con los que la comunidad educativa se refiere al borrador de la ley Celaá, nombre con el que se conoce a la reforma del sector educativo que la ministra del ramo saca hoy al Consejo de Ministros. En declaraciones a LA RAZÓN los representantes del sector lamentaron, en su mayoría, que no haya tiempo para derogar los aspectos más lesivos de la Lomce y criticaron el uso partidista que la coalición quiere hacer con la Educación.

Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), no esconde su enfado: «No nos gusta nada. Nace de la división y el enfrentamiento, no del diálogo y el consenso», asegura. Insiste, en que tampoco les gusta la vigente ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), –aprobada en 2013 por el Partido Popular y conocida como «Ley Wert»– con la que han sido críticos, no obstante, están en contra de que «se imponga otra Ley sin contar con las familias y sin el consenso amplio como para sacarla adelante y que dé tranquilidad durante los próximos 15 a 20 años». En su opinión, la ley «debería haberse vertebrado a través de un pacto educativo, social y político por la educación», un acuerdo que rechazó el actual Gobierno, según explica. Preguntado por los principales errores, a su juicio, de la futura ley, Caballero dice que «vulnera los derechos fundamentales de las familias en dos aspectos: en la libertad de enseñanza y en la elección de los padres de los centros educativos, según sus convicciones. No nos gusta tampoco que se quite la demanda social», apunta. Además, es muy crítico con el trato que se le da a Religón porque «casi de un plumazo la elimina y no cuenta con ella para nada, la deja como residual». Según el plan de Gobierno, la asignatura continuará siendo optativa pero no servirá ni para nota ni para promocionar.

De opinión similar es Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, que insiste en que «la nueva Ley de Educación se plantea como una reacción a la Lomce, que no fue una ley de consenso. Sin embargo, esta nueva ley tampoco nace del mínimo consenso que garantice su permanencia». Al igual que Concapa critican que limita los derechos de los titulares y familias, «sometiendo la libertad de elección a la planificación administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas, al considerar a la enseñanza concertada como subsidiaria de la pública». Además, denuncia que mientras que se degrada la asignatura de Religión, se introduce una nueva «obligatoria en primaria y ESO sobre valores».

Por último, Ramón Izquierdo desde el sindicato ANPE –que representa al profesorado– señala que «es un parche» porque aunque deroga la Lomce, mantiene muchos aspectos de la LOE. «Desde luego no es la reforma profunda que necesita el sistema educativo español». No en vano, tacha de positivo que incluya una disposición adicional sobre el profesorado.

Fuente: larazon.es

Degrada la clase de Religión, introduce como obligatoria la asignatura de valores y rebaja el nivel de exigencia

La ley Celaá que se remite al Congreso pone en guardia a la escuela concertada, ya que considera que traspasa algunas líneas rojas: elimina el criterio de la demanda social, introduce el representante municipal en el Consejo Escolar y considera a la concertada como una subsidiaria de la pública. Estas son las principales líneas del proyecto de ley.

Límites a la expansión de la escuela concertada

Pretende eliminar de la normativa el principio de «demanda social». Es decir, los centros concertados, donde estudian uno de cada cuatro niños españoles y generalmente muy solicitados, no podrán ampliar sus plazas aunque reciban más demanda si hay plazas para escolarizar a los alumnos en los colegios públicos.

También tendrán prioridad a la hora de recibir las subvenciones los colegios mixtos, en lugar de los que educan a niños y niñas en aulas separadas, lo que se conoce como educación diferenciada. Además, se elimina la referencia en la normativa vigente que dice que este tipo de educación «no se considera discriminatoria por género». Precisamente, la diferenciada está en el punto de mira del nuevo Ejecutivo ya que en el pacto de gobierno que firmaron PSOE y Podemos existe el compromiso de “promover la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”.

La asignatura de Religión, degradada

La reforma socialista prevé eliminar los aspectos que considera “más lesivos” de esta asignatura. Y esto supone “degradar” la materia en el currículum educativo en la medida en que no servirá para hacer media, ni contará para obtener una beca. Tampoco tendrá asignatura alternativa (materia espejo), como ocurre hasta ahora, de tal manera que el que no escoge estudiar Religión tenía que cursar Valores.

Educación cree que con esta fórmula no se incumplen los acuerdos con el Vaticano y se acaba con la idea de que muchos alumnos aprovechasen en el Bachillerato para matricularse en esta materia con la idea de subir nota, al hacer media, aunque no fueran creyentes.

Evaluaciones muestrales cada dos años en 6º de Primaria y 4º de la ESO.

Se seguirán haciendo con carácter muestral, como hasta ahora, aunque cada dos años, a finales de 6º de Primaria y 4º de la ESO. El Ministerio cree que con estas pruebas que se hacen sólo a un determinado número de centros se puede conocer el estado del sistema educativo y orientar las medidas de gestión de los control y las políticas públicas. No obstante, mantiene la cultura de evaluación del Gobierno Wert al establecer la obligación de que todos los centros españoles hagan evaluaciones en 3º o 4º de Educación Primaria y en 2º de la ESO, aunque sin efectos académicos. Ahora bien, prohibirá utilizar los resultados que se obtengan para clasificar a los centros. No habrá «reválidas» o exámenes que sirven para titular.

El Consejo de Ministros aprueba este martes la tramitación de la ley de Educación, que deja a esta asignatura como no evaluable y no computable.

Paulo Santos (47 años) es profesor de Religión en el IES Clara Campoamor, situado en la madrileña localidad de Móstoles, y ahora teme perder trabajo. Pero no sólo le ocurre a él. Antonio Díaz (56 años) tiene miedo de que las condiciones laborales como docente de Religión en el IES valenciano Francesc Ferrer i Guàrdia varíen y le repercutan negativamente en su sueldo. Y es que ellos, como otros 13.000 profesores de Religión de toda España, temen irse a la calle si la nueva ley de Educación -la Lomloe- sale hacia adelante. De hecho, este martes el Consejo de Ministros aprueba la tramitación de este Proyecto de Ley.

Pero esto estaba avisado. La primera ley que aprobará el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos será la ley Celaá -que derogará la Lomce-, cuyo sobrenombre se debe a la ministra de Educación, Isabel Celaá. La titular de la cartera de este Ministerio ha decidido sacarla adelante cueste lo que cueste. Este proyecto, sin embargo, tiene varias medidas polémicas. Una de ellas es el marcado cerco que hará a la asignatura de Religión, ya que esta materia pasará a ser no evaluable y no computable.

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La ministra de Educación, Isabel Celaá.

Para Paulo quitar “incentivos” para que sus alumnos adolescentes escojan una asignatura -"sea Religión o cualquier otra"- hace que estos prefieran irse a casa o al recreo. Y es que la nueva normativa prevé, por ejemplo, que la nota que saque un alumno en Religión no cuente para la EvAU. De ahí que crezca el miedo a que en “dos o tres años” el aula de Religión esté vacía. Un hecho que acarrearía un posible despido.

El motivo del posible despido es que los profesores de Religión, a diferencia de las demás del currículo, no son funcionarios a pesar de trabajar en la educación pública o concertada. Tienen un contrato de “personal laboral” y quienes los contratan son las Consejerías de Educación de las diversas comunidades autónomas. Pero claro, si dejara de haber alumnos que asisten a Religión porque, según la nueva ley, no computa en el expediente, también dejaría de haber necesidad de profesores. “Es como si uno abre un negocio y no tiene clientes. Pues se ve obligado a cerrar”, se queja el profesor Paulo, con 33 años a las espaldas como docente.

La “preocupación” de Antonio, también profesor de Religión y presidente de la Asociación de Profesores de Religión en Centro Estatales, es el duro golpe que la aplicación de la ley Celaá puede suponer para los bolsillos de los docentes. El riesgo no está sólo en los despidos, como denuncia Paulo, sino que “hacer menos horas que las que tenemos que hacer los profesores de Religión en la distintas comunidades autónomas por falta de clases y alumnos, evidentemente, repercutirá en que habrá menos horas trabajadas. Y, por ende, nuestro sueldo puede bajar”, explica Antonio.

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Unos adolescentes en el aula de un instituto.

Pero Antonio tiene la esperanza de que las “enmiendas”, que se puedan presentar tanto en el Congreso como en el Senado durante la tramitación de la ley, hagan que Religión pueda seguir contando con una asignatura espejo, de modo que los profesores de la asignatura seguirían siendo necesarios para enseñar a los menores la materia.

“Seguiremos dialogando con el Gobierno para conseguir un pacto que satisfaga a las distintas partes. De no hacerlo, y si peligrasen los trabajos de los docentes de Religión, acudiremos a la justicia para reivindicar nuestros derechos laborales”, advierte Antonio, visiblemente preocupado la situación.

Amelia Álvarez, coordinadora nacional de las Plataformas de Enseñanza Pública considera un agravio lo que Celaá plantea para los profesores de Religión: "Van a por nosotros. Hay un ataque a las libertades, al punto 27.3 de la Constitución. Va a haber una reducción clara, pero constitucionalmente podemos ganar: porque no puede haber pedagógicamente una asignatura en un sistema educativo que no se pueda evaluar y calificar", aseguraba el pasado enero.

El proyecto de Ley

El texto que aprueba este martes el Consejo de Ministros de la mano de Isabel Celaá es el mismo que se aprobó el 15 de febrero de 2019 por el entonces Gobierno en funciones. En aquella ocasión, sin embargo, el proyecto de ley no llegó a tramitarse porque Pedro Sánchez ese mismo día convocó las elecciones generales del 28 de abril. Por ello, la tramitación de la nueva ley de Educación lleva más de un año paralizada.

Por ser el mismo texto que el planteado hace un año, la ministra Celaá ha argumentado la no necesidad de que el proyecto pase por el Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo que entonces aprobó el texto con un consenso mínimo. Lo hizo tras debatir 551 enmiendas de las que salieron adelante hasta un total de 120.

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El proyecto de ley tiene otras medidas polémicas como dejar las competencias sobre el castellano en manos de la Generalitat de Cataluña, poder superar Bachillerato con una asignatura suspensa y la eliminación del artículo 109.2 de la Lomce. Este defiende que las plazas ofertadas en los centros públicos y en los concertados estarán ligadas a la “demanda social”. Para la ministra Celaá esto es un “eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada”.

Y, cómo no, la devaluación de la asignatura de Religión que a pesar de establecer la obligatoriedad para que la asignatura esté en la oferta educativa, ésta dejaría de ser evaluada y computada. Un hecho que aboca a 13.000 profesores de Religión, como Paulo y Antonio, a una situación de incertidumbre y “preocupación” en su futuro empleo.

Fuente: elespanol.com

"España no ha dejado de ser católica, aunque vivimos en un humus cultural secularizado, y laicista incluso. La Iglesia española necesita aire". El cardenal de Valencia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, defiende los valores morales del cristianismo para la sociedad española frente a "la nueva cultura de nihilismo y laicismo" que, en su opinión, busca el Gobierno de Unidas Podemos y el PSOE.

En una extensa entrevista, el purpurado pone como ejemplos "la eutanasia y el aborto", pero se muestra especialmente preocupado por la futura ley de Educación que plantea el Gobierno. "No vamos a negociar sobre la clase de Religión, sino a exigir unos derechos de los padres", asegura. "En este momento la clase de Religión las tienen los musulmanes, los judíos, todas las confesiones cristianas... no hay ningún privilegio para la Iglesia. Y no es en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado, sino de la Constitución, que reconoce un derecho fundamental", añade, insistiendo en que se rompen los acuerdos "si la Religión no es considerada una enseñanza fundamental en el curriculum". "No podemos volver a alternativas ridículas, como la del parchís".

"Necesitamos hacer un gran pacto mundial por la educación, que nos lleve a una educación para la concordia, para la memoria de futuro que tenemos que construir entre todos, no una memoria de la que tengamos que avergonzarnos", apunta Cañizares, que cree que este Gobierno "no demuestra ir por ahí", y sostiene que, la "intención" del veto parental es "que se llame la atención sobre el derecho que tienen los padres y que nadie les puede quitar. Libertad de enseñanza, libertad para elegir, también los contenidos, que sea protegido ese derecho, que es primario, anterior al Estado".

"No acoger a los inmigrantes no es cristiano"

"Estamos haciendo una sociedad discriminada y discriminatoria. Quien está conmigo, de acuerdo; quien no está conmigo, fuera, excluido", lamenta Cañizares, quien se muestra crítico con el Gobierno por desentenderse de los refugiados una vez llegan a España –"Los reciben en el puerto, y luego los dejan, y elevan las vallas"–, pero también critica actitudes como las de Vox: "La labor de la Iglesia es formar a los cristianos, ofrecer pautas morales que digan que no acoger a los inmigrantes no es cristiano".

Pese a todo, el vicepresidente de la CEE aboga por "llegar a acuerdos" con el Gobierno, y recuerda su "estupenda relación" con Carmen Calvo en etapas anteriores, especialmente durante el Gobierno Zapatero. "Me llevaba bien, se consiguieron muchas cosas. Ellos también estuvieron abiertos al acuerdo", recuerda. Y es que fue Cañizares quien, entre otros acuerdos, consiguió el incremento del 0,7 en la Renta para los obispos.

IBI, inmatriculaciones, Franco...

¿Debe pagar la Iglesia el IBI? "Si la Iglesia tiene que pagar el IBI, también los sindicatos, también los partidos políticos, también distintas asociaciones que se dedican al servicio de los otros", responde Cañizares. "Ningún privilegio, pero tampoco perder ningún derecho".

En cuanto a las inmatriculaciones, el cardenal sostiene que "no me preocupan en absoluto, porque se ha hecho todo conforme a la ley".

En cuanto a la exhumación de Franco, Cañizares sostiene que "ha sido una polémica muy desgraciada" que "no favorece la concordia", y defiende que "el Valle de los Caídos tiene una significación por sí misma, incluso sin Franco". Pese a ello, se muestra de acuerdo en resignificar Cuelgamuros, aunque ello suponga la salida de los benedictinos. "Siempre que sea en esta lógica de concordia, de reconciliación, de perdón, de olvido de todos y de una España unida en común y adelante todos juntos, de acuerdo".

La unidad de España, ese bien moral

Y es que la unidad de España sigue siendo una de las grandes obsesiones del arzobispo de Valencia. "Hay que volver a las raíces, ser verdaderamente una España donde quepamos todos, donde colaboremos todos. Recuperar España, y hacerla grande, no en el sentido que se le daba en otros momentos, sino una España con una capacidad que no ha tenido ningún país del mundo".

"Cataluña me preocupa porque quiero mucho a Cataluña", responde Cañizares sobre el impulso independentista. Y añade, tajante, que "Cataluña no es sin España, ni España sin Cataluña, es una unidad. Y esto es un valor moral. Y eso hay que defenderlo".

Con respecto a las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal, Cañizares evita postularse, aunque se muestra dispuesto a liderar la Iglesia española. "No me apetece para nada ser presidente, pero si los obispos me votan, aceptaré", recalca, subrayando que en la Iglesia española "hace falta liderazgo. Que el presidente que elijamos se sienta libre, y que todos los que estemos su alrededor nos sintamos libres".

Sobre la pederastia en la Iglesia, Cañizares pide "ser inflexible en este tema" y "acompañar a las víctimas", y abre la puerta a que la Iglesia investigue casos del pasado, o indemnice a las víctimas. Respecto al papel de la mujer en la Iglesia, el vicepresidente del Episcopado admite que "debemos trabajar mucho más (…). La mujer debe tener un protagonismo mayor. El tema del ministerio sacerdotal, no entro en ello, pero eso no quiere decir que no se reconozca, se potencia y se fortalezca el papel de la mujer en la Iglesia".

Fuente: eldiario.es