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Un 23 de diciembre, en pleno repunte de la pandemia, a toda prisa, sin contar con la voz de la Comunidad Educativa -ni en el Congreso ni en el Senado- ha sido aprobada una nueva Ley Educativa en nuestro país.
El sentimiento de desazón y de cierto hastío será muy común en muchas personas implicadas en la tarea educativa ante esta noticia. Probablemente, mucho más entre el profesorado de Religión, quienes contemplamos que la asignatura se minusvalora una vez más en la octava ley educativa de nuestra democracia.
¿Y ahora qué? Para ayudar a dar respuesta a esta pregunta que volverá a preocupar una vez más a los alumnos, familias y a los profesores de Religión, es muy conveniente leer el completísimo análisis que ya ha realizado Carlos Esteban en Religión y Escuela. Dejamos aquí los enlaces directos a los artículos que tratan de dar respuesta a estas preguntas:
Fuente: Aula de Reli
Fuente: elespanol.com
La nueva norma ha visto la luz este miércoles tras su aprobación en el Senado
El Senado ha aprobado este miércoles la ley educativa del Gobierno, la Lomloe, más conocida como « ley Celaá», al no aceptar ninguna de las enmiendas presentadas, por lo que no tendrá que volver al Congreso y queda definitivamente implantada. Lo que buscaban estas enmiendas era modificar cualquier punto de la norma para que tuviera que regresar a la Cámara baja y así ganar algo de tiempo para su entrada en vigor.
Celaá llevó su proyecto al Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo de 2020. El texto, según dijo entonces la ministra, era el mismo que se aprobó en Consejo de Ministros el 15 de febrero de 2019, día en que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocaba elecciones, por lo que quedó en papel mojado. Se disolvieron las Cortes y la tramitación parlamentaria del proyecto de ley educativa quedó suspendida. En marzo, no fueron las elecciones, sino la llegada del coronavirus lo que retrasó el avance de la tramitación de la ley por la suspensión de la actividad en el Congreso.
En plena pandemia, el Gobierno saca adelante la nueva ley, pese a contar con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa por atacar a la concertada, cercar la Religión y dar alas a la Generalitat para decidir sobre el castellano en Cataluña. Estas son las principales novedades que traerá la nueva ley educativa a las aulas:
PSOE, Podemos y ERC pactaron una enmienda transaccional (es decir, una modificación a un proyecto de ley fruto del acuerdo de varios partidos) que añade a la ley la enseñanza «no confesional de cultura de las religiones» tanto en Primaria como Educación Secundaria Obligatoria que, en la práctica podría ser una asignatura espejo de la Religión, es decir, una alternativa a la misma.
Actualmente, en España la asignatura de Religión es, como en gran parte de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Italia o Estonia) de oferta obligatoria para los centros pero voluntaria para los alumnos. Es decir, solo la cursa el que quiere. Esto ha sido así con las leyes socialistas (como la LOE, de 2006) y populares (como la Lomce, de 2013). Lo que hace la «ley Celaá», tal cual está ahora (es decir, sin esta polémica enmienda) es establecer que «la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español» y que, a tal fin «se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas».
La «ley Celaá» elimina el apartado 3 de la disposición adicional segunda sobre «Enseñanzas de la Religión» que está en la ley vigente (la Lomce del PP y que establece que «la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español».
Como se ha venido anunciando desde hace tiempo, elimina del artículo 109.2 de la Lomce la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Celaá argumentó en su día que ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada».
Además, PSOE, Podemos y Mas País aprobaron una enmienda en el camino parlamentario de la norma que señala que la educación es garantizada solo con «plazas públicas» dejando afuera a la concertada. El texto señala lo siguiente: «En la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales».
El añadido: «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» de Más País va contra la propia Constitución, que en su artículo 27 alude tanto en su apartado 1 como en su apartado 5 al derecho a la educación a secas, es decir, garantizado tanto por la pública como por la concertada. «Todos tienen el derecho a la educación»; «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».
Este cambio, posiblemente el más poémico de la ley, se hizo en la tramitación parlamentaria de la norma en el Senado a través de una enmienda transaccional pactada por PSOE, Podemos y ERC. Con ella, se elimina la referencia al castellano como lengua vehicular en la educación y oficial en España.
El redactado inicial de la Lomloe decía (en un redactado muy similar a la Lomce) que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».
Se ha cambiado este último párrafo por otro que señale que las comunidades autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía.
Cuando se menciona que las «administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios», se tacha la alusión al mismo como «lengua oficial del Estado».
El texto también permite la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa o la posibilidad de realizarse esta etapa en tres cursos en lugar de los dos como se ha hecho hasta ahora. Esto significa que los alumnos pueden pasar de 1º a 2º con más de dos asignaturas suspensas en lugar de repetir. En 2º se cursarían las suspensas más las de este curso. En un hipotético 3º curso se matricularían de las pendientes el curso anterior.
La nueva redacción del artículo 87 de la LOE, que permitirá a las Administraciones educativas establecer proporciones equilibradas de alumnos según su tipología (discapacidad, inmigración, situación socioeconómica desfavorable, minorías, etc), puede suponer en la práctica un cheque en blanco para que las comunidades modifiquen su normativa sobre admisión de alumnos, restringiendo los derechos de los padres a elegir tipo de centro y la puesta en práctica de procesos centralizados unilaterales en manos de las Consejerías.
De hecho, esto ya está sucediendo en Cataluña con los nuevos proyectos de decretos sobre programación y admisión de alumnos y sobre régimen de conciertos, en los que se plantean medidas intervencionistas inéditas hasta ahora, bajo la premisa de conseguir repartir los alumnos considerados problemáticos en igual proporción, entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. Pero sin tener en cuenta las diferencias de recursos humanos entre la enseñanza a pública y la concertada (menores en esta última), ni la imposibilidad de conocer de forma precisa qué alumnos entran en la calificación de «situación económica desfavorable».
Mientras que con la Lomce existía la opción de cursar la asignatura Valores Culturales y Éticos, tanto en el primer ciclo (1, 2 y 3) como en el segundo (4), la Lomloe solo da una opción (Educación en Valores cívicos y éticos) que los alumnos cursarían en 5 o 6 de Primaria o en alguno de los 4 cursos de ESO de forma obligatoria.
Esta asignatura es para muchos similar a Educación para la Ciudadanía, instaurada en la LOE que generó rechazo por su configuración como obligatoria y el pronunciamiento jurisprudencial sobre la objeción de conciencia escolar. Ahora, en medio de la polémica por el pin parental, las organizaciones de padres pondrán el foco en el contenido de esta nueva materia.
Hace hincapié de forma expresa a la educación sexual, la coeducación y el respeto a la diversidad afectivo-sexual desde los 6 años. Esto posibilitará a los centros la impartición de contenidos sobre visiones variadas y no siempre compartidas por los padres, sobre identidad sexual o temas de género. De este modo, los principios del sistema educativo incluirán «el desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa» (artículo 1 de la LOE). Tanto en Primaria como en ESO, se incluyen como principios pedagógicos a trabajar en todas las áreas, «la educación para la salud, incluida la sexual y la educación emocional y en valores».
Al contrario que en la Lomce, la Lomloe elimina los itinerarios, que según la nueva ley, «tienen desigual valor educativo». Los itinerarios de la Lomce suponen que en 4º de ESO hay dos vías: una dirigida a los alumnos que vayan a cursar Bachillerato y otra vía dirigida a los alumnos que desean cursar FP. Pero no son vías cerradas ya que desde cualquiera se puede cursar Bachillerato o FP. 4º ESO se configura en la Lomce como un curso propedéutico, es decir, de preparación al Bachillerato o a la FP.
La Lomloe, sin embargo, propone también una vía específica para determinados alumnos, que es la Diversificación Curricular (ya presente en la LOE y nuevamente incluida en la nueva ley), que también conlleva una atención diferenciada y una división de grupos. Estos programas de diversificación curricular «estarán orientados a la consecución del título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso, o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título», dice la Lomloe.
Fuente: ABC.es
El proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE, la Lomloe o ley Celaá, ha quedado definitivamente aprobado este miércoles, víspera de Nochebuena, en el último pleno del Senado de 2020, sin que se le haya incorporado ninguna enmienda en la Cámara Alta y queda derogada la Lomce o ley Wert.
La nueva ley educativa, la octava aprobada en democracia, sale adelante por 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones con el mismo texto que llegó del Congreso.
Ahora debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Han apoyado el texto final de la ley PSOE, ERC, PNV, Compromís, Mes per Mallorca, Adelante Andalucía, Geroa Bai, Más Madrid y En Comú Podem.
En contra han votado PP, Ciudadanos, Vox, Coalición Canaria, UPN, PAR y Partido Regionalista de Cantabria.
Se han abstenido Junts per Catalunya, Teruel Existe y Bildu.
En la votación, que ha acabado con aplausos, ha estado arropada por varios compañeros del Ejecutivo: Fernando Grande-Marlaska, Nadia Calviño, Teresa Rivera y José Luis Ábalos.
Ha asegurado que la nueva ley permite "avanzar" a todo el alumnado y que se sustenta en cinco principios: el interés del menor, la personalización de la enseñanza, la coeducación, el desarrollo sostenible y la digitalización.
Para PP, Ciudadanos, Vox y UPN, la ley "nace muerta" y critican especialmente la falta de "consenso" o que el Gobierno "se haya vendido a los separatistas", quitando el castellano como lengua vehicular, para sacar adelante esta norma.
Además, han rechazado especialmente que se "ataque" a la "libertad" de los padres a elegir centro, a la enseñanza concertada, los centros de Educación Especial o la Religión.
Pablo Ruz (PP) ha criticado la "consigna" del Gobierno de aprobar la norma "cuanto antes" y ha confiado en que pronto se pueda producir la alternativa de "un gran pacto educativo".
"Destructores de convivencia, de la verdad, de la libertad", ha calificado Ruz a los socialistas, que ha asegurado que el PP será un "muro de contención".
El también popular Jesús Vázquez ha dicho que el PSOE se cree "superior al resto" y divide "entre buenos y malos", imponiendo "una forma de actuar o pensar"; además, ha criticado que Celaá haya dicho que la derecha "prostituye" la palabra libertad.
Lorena Roldán (Ciudadanos), que ha anunciado que llevarán la ley al Constitucional, ha asegurado que la ley amenaza los derechos de las familias y el futuro de las nuevas generaciones, es mala "por lo que propone y por lo que impide".
Ha criticado con énfasis el ataque al castellano y que, por ejemplo en Cataluña, "si quieres que tus hijos estudien también en español, tienes que ir a los tribunales".
Alberto Catalán (UPN) ha dicho que la Lomloe "pasará a los anales de la historia del sectarismo educativo y la vergüenza parlamentaria" .
También rechaza la norma Vox, cuyo portavoz José Manuel Marín ha dicho que si se habla de mentir respecto al contenido de la ley o de ser "pinochos", el mayor es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha calificado la ley Celaá como "ideológica" y "sectaria" y ha criticado que se "manipule la conciencia" de los menores con propuestas, por ejemplo, como la educación afectivo-sexual en las aulas.
Mirella Cortés (ERC-Bildu) ha dicho que la ley Wert quería "acabar con la escuela catalana" pero hoy se va a "enterrar", aunque la Lomloe no sea su norma pues lo es la Ley educativa catalana. Y ha recalcado que blindar la lengua catalana solo es posible con la república catalana.
Por su parte, Assumpció Castellví (Junts per Catalunya) cree que la tramitación de la Lomloe ha "desprestigiado" al Senado al pasar, igual que con los Presupuestos, con rapidez y sin cambios. Ha recordado que para ellos son "líneas rojas" el catalán, pero que la norma no blinda que sea la Generalitat quien regule la materia lingüística, o la convivencia de todas las escuelas sostenidas con fondos públicos, públicas y concertadas.
Eduardo Rubiño (Más Madrid) ha valorado la derogación de la Lomce, aunque ha lamentado "profundamente" que no se haya aceptado ninguna enmienda como la de estudiar Ética en cuarto de ESO.
Rosa Peral (PNV) también cree que la tramitación ha sido "precipitada" a pesar de que se tenía de plazo hasta el 25 de febrero, pero ha considerado que la ley Celaá no va en contra de la concertada ni de los centros de Educación Especial ni elimina al castellano.
Otros senadores como José Miguel Fernández (Partido regionalista de Cantabria) ha calificado también de "tramitación exprés" la de la Lomloe y ha pedido que "no se enfrente" la red pública con la concertada.
Para el sindicato CSIF, la ley "no resuelve los problemas estructurales de nuestra educación, agravados ahora por la pandemia" y ha reclamado "una negociación consensuada para desarrollar los elementos positivos de la norma y minimizar sus carencias".
Fuente: informacion.es
Este miércoles se ha aprobado en el Senado de España la nueva ley orgánica de Educación, promovida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Después de llegar en junio al Congreso de los Diputados se ha enfrentado al trámite de enmiendas y a la oposición frontal de los partidos del arco de la derecha, que la tachan de una ley ideológica.
Tras su aprobación pasará a ser la octava norma educativa de la democracia en España, en tan solo 42 años. Y, aunque una de las críticas más utilizadas por sus detractores es su aprobación sin consenso, en este sentido, sigue el camino de sus predecesoras, como, por ejemplo, la ley Wert, que ahora se deroga, que fue aprobada en 2013 tan solo con el apoyo del grupo parlamentario del Partido Popular, entonces en el Gobierno.
Este último trámite ha tenido lugar después de que el pasado 26 de noviembre fuera aprobada por el Congreso con 177 votos favorables (uno más de la mayoría absoluta) del Partido Socialista (PSOE), Unidas Podemos (UP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Más País.

Las mayores polémicas durante la tramitación de esta ley han girado en torno a la lengua castellana, a la primacía de la educación pública sobre la concertada (centros privados que reciben financiación pública) a la nueva situación de la educación especial y a la asignatura de religión.
Los partidos conservadores Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos han hecho caballo de batalla de la eliminación de la referencia al castellano como lengua vehicular. Sin embargo, se trata de un concepto que se introdujo en la legislación educativa tan solo a partir de 2013, con la ley Wert.
Se trata de una cuestión que tiene como foco sobre todo Cataluña y su inmersión lingüística en catalán y que ha sido utilizado en la última década por partidos nacionales de derechas para sacar rédito electoral en el resto del Estado, sobre todo en el marco del conflicto irresoluto sobre el marco territorial con los partidos independentistas.
La nueva normativa, al igual que sus predecesoras, establece la obligatoriedad de que los alumnos dominen tanto el castellano como la lengua cooficial en los territorios que la tienen.
La segunda pata de la polémica que arrastra esta nueva normativa es la clara apuesta por la educación pública en detrimento de la educación concertada. A este respecto, la ley Celaá elimina el concepto de 'demanda social' utilizado hasta ahora para la apertura de nuevos centros, que favorecía la proliferación de los concertados, y a partir de ahora su apertura se basará en el censo de población.
Asimismo, impone la prohibición, que ya existía pero era ampliamente incumplida, de que estos centros privados financiados con fondos públicos perciban cuotas de las familias o les impongan aportaciones a fundaciones o asociaciones.
Además, se establece que los municipios deberán colaborar en la obtención de solares para la construcción de centros públicos y que no podrá concederse estos terrenos públicos a empresas educativas privadas.
La cuestión que ha suscitado un mayor cuestionamiento por partidos de la oposición así como una mayor movilización por parte de algunos sectores de familias ha sido la educación especial.
La nueva ley orgánica establece que en un plazo de diez años los centros ordinarios deberán tener los recursos adecuados para atender alumnado con discapacidad, mientras que las administraciones prestarán apoyo a los centros de educación especial para aquellos alumnos que requieren atención muy especializada.
Así, la norma pretende avanzar en la educación inclusiva y no segregada, que era una antigua reclamación de muchas asociaciones de familias de alumnos con necesidades especiales, y que las escuelas de educación especial se conviertan en proveedoras de recursos.
Sin embargo, la norma no dice nada de cerrar los centros de educación especial existentes, sino que la crítica viene del miedo a que ésta sea una consecuencia de la aplicación de la ley. Por este motivo, han tenido lugar diversas manifestaciones de protesta, en su mayoría en coche con motivo de la situación de pandemia, en las últimas semanas.
La asignatura de religión ha sido la última de las polémicas a la que ha hecho frente el desarrollo de esta legislación. Será ofertada de manera obligatoria en los centros docentes, pero voluntaria para las familias. Sin embargo, se elimina la obligación de cursar una materia alternativa para los alumnos que no opten por ella.
Además, la nota de esta materia no contará para realizar medias utilizadas para procesos de acceso universitario o la concesión de becas. La ley Wert introdujo que la religión sí contara para esas medias como medio para dar un empujón al incremento de sus alumnos, debido a que muchas familias apuntaban a sus hijos a esta asignatura, que era considerada como muy fácil, con el único objetivo de subir sus medias curriculares.
La Iglesia Católica en España ha tomado como un ataque a su religión tanto este tratamiento a su asignatura doctrinal, como la nueva situación de la educación concertada, en la que los centros educativos pertenecientes a esta iglesia son mayoritarios.
La presencia de la religión católica en los colegios españoles es fruto de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado firmados en 1979, aunque desde entonces el Estado español ha firmado acuerdos con otras cuatro confesiones, por lo que en ningún momento se ha planteado eliminar la obligatoriedad de su oferta en los centros públicos.
Tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos, las dos fuerzas políticas integrantes de la coalición de Gobierno, tenían la derogación de la ley Wert en sus programas electorales.
La ley que ahora se anula fue ampliamente contestada cuando se implementó por sectores de la izquierda y de familias y dio lugar a un amplio movimiento denominado marea verde, en defensa de la educación pública.

La cesión de suelo público de forma gratuita a organizaciones sin currículo académico para el levantamiento de centros concertados, la apuesta por este tipo de enseñanzas o la situación de la religión católica en los colegios, con profesores elegidos por la Iglesia sin oposición y pagados con fondos públicos, eran algunas de las principales cuestiones que se querían rectificar.
Tras la aprobación del Senado, que no ha tocado ni una sola coma al texto que salió del Congreso el mes pasado, ahora la nueva Ley Orgánica entrará en vigor dentro de 20 días.
Además de las ya citadas, la nueva ley introduce un buen puñado de novedades, que se vehiculan alrededor de la defensa de la escuela pública y laica. Algunas de las principales modificaciones que presenta son las siguientes:
Madrid, 22 dic (EFE).- El proyecto de reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá, pasará mañana miércoles su última prueba en el pleno del Senado para convertirse en la octava ley educativa de la democracia.
El pleno se iniciará a las 9:00 horas y, después de la presentación del dictamen a la norma a cargo del senador socialista José Asensi, intervendrá la ministra de Educación, Isabel Celaá.
A continuación comenzará el debate de los tres vetos presentados (PP, Vox y UPN) y se proseguirá con el debate de las enmiendas que han quedado vivas, con la idea de concluir sobre las 18:00 horas.
A partir de ese momento se suspenderá la sesión y se abrirá un plazo de dos horas para votar telemáticamente las enmiendas parciales, de modo que hacia las 20:00 horas la presidenta pueda anunciar a la Cámara los resultados de las votaciones.
Previsiblemente no saldrán adelante ni los vetos ni ninguna de las casi 700 enmiendas, una vez que la semana pasada la Comisión de Educación las debatiera y decidiera rechazar todas y no incluir ninguna en el texto que llegó desde el Congreso.
Todos los grupos, excepto por PSOE, ERC-Bildu y PNV, presentaron enmiendas, algunas transaccionadas por cinco grupos (PP, Izquierda Confederal, Grupo Mixto, Ciudadanos y Junts per Catalunya).
Una vez aprobada, la ley Celaá debe ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La enseñanza concertada, los centros de Educación Especial, el castellano o la Religión son los principales puntos que han causado polémica y que han provocado movilizaciones convocadas desde la plataforma Más Plurales -se distingue por un lazo naranja- con concentraciones frente al Congreso y el Senado y manifestaciones de protesta con coches.
Fuente: lavanguardia.com
La nueva norma educativa levanta protestas en toda España, con manifestaciones en las principales capitales de provincia.

Miles de personas salieron ayer a las calles de varias ciudades españolas para protestar contra la ley Celaá, que consideran una “imposición y un ataque a la libertad por parte del Gobierno”, según el manifiesto leído en el acto de Madrid, convocado por la plataforma Más Plurales.
La lectura del manifiesto corrió a cargo del presidente de la Concapa, Pedro Caballero, y de la presidenta de la Confapa, Begoña Ladrón de Guevara, para quienes la norma llega “sin diálogo ni consenso” y con una tramitación parlamentaria “exprés” en la que “se ha vetado la participación de la sociedad civil”.
Por otra parte, lamentaron las calumnias que se están vertiendo sobre la enseñanza concertada: “La Concertada, la religión, la diferenciada, la Educación especial, no son problemas reales del sistema educativo, pero esta ley quiere su desaparición”, señalaba el manifiesto, leído sobre un estrado en la plaza de la Cibeles, al que también se subieron tres “Reyes Magos” junto a un buzón de cartón con el mensaje: “Queridos Reyes Magos, os pido libertad de enseñanza’.
A la protesta acudieron representantes del PP, Vox y Ciudadanos, entre ellos, el alcalde de la capital, la vicealcaldesa y la presidenta de la Comunidad. Pablo Casado, por su parte, pidió al Gobierno “respeto a la libertad para elegir modelo y colegio”, mientras que Ortega Smith defendió el sistema del permiso parental: “Sería la herramienta para que las familias tengan la posibilidad de no autorizar a que sus hijos vayan a un taller de adoctrinamiento ideológico”.
El de Madrid no fue el único acto de protesta. Decenas de caravanas también recorrieron ciudades como Barcelona, Valencia, Santander, Logroño, Pamplona, Mérida, Santiago de Compostela o Sevilla, entre otras. En Barcelona, donde participaron más de 400 vehículos, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, reclamó a Sánchez que “aproveche el trámite de la ley en el Senado la próxima semana para volver a introducir el castellano como lengua vehicular”. También hubo protestas en Girona y Tarragona.
En Galicia, cientos de vehículos colapsaron las principales arterias de A Coruña, Ourense, Santiago, Ferrol, Lugo y Vigo. Los convocantes advirtieron que “seguirán luchando para corregir una ley contraria a las libertades constitucionales y que pone en peligro el futuro laboral de miles de trabajadores de la enseñanza concertada”.
En Cantabria, sindicatos, patronales y representantes de Más Plurales y CONCAPA leyeron un manifiesto en Santander para denunciar que la nueva norma “asigna a la Concertada un papel absolutamente subsidiario” y, en relación con la asignatura de Religión, demandaron que “se respeten los derechos y acuerdos internacionales”.
También en Extremadura la plataforma Más Plurales desplegó caravanas en Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia para reprobar un texto legislativo que “atenta contra la pluralidad educativa”. En Andalucía, las protestas se concentraron en Sevilla, donde la portavoz de Más Plurales en la ciudad mostró su apoyo a las familias: “ Tenemos que visibilizar su disgusto; no podemos quedarnos quietos”. La protesta también contó con la presencia de varios representantes del PP andaluz, que también encabezaron la marcha en Jerez.
Oviedo, Gijón, Murcia, las capitales aragonesas, las dos canarias y las principales ciudades de Castilla-La Mancha y Castilla y León, completan el mapa de ciudades que acogieron ayer protestas, contra las que ha cargado la propia ministra: “A la derecha ni le importa la Concertada ni la lengua y todo lo encintan en la libertad, prostituyendo el verdadero sentido de la palabra, porque la libertad no es una palabra, es un ejercicio que para ser real ha de ser efectivo”.
Fuente: magisnet.com

Desconozco cuál es el secreto de la política. Es posible que su única lógica sea el afán de dominio. Nicolás de Condorcet subrayaba la necesidad de que la educación fuera lo más independiente posible de toda autoridad política. En su informe y proyecto de decreto sobre la organización general de la instrucción pública defiende una enseñanza pública, universal, gratuita y no religiosa (en el sentido de no confesional, el término laico no aparece) y, al mismo tiempo, considera clave la libertad de pensamiento y de opiniones como conditio sine qua non para el progreso educativo.
El artículo 14,3 de la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea pone en un lugar preferente a los padres respecto a la educación de sus hijos y consagra la libertad educativa, no sólo limitada a convicciones filosóficas o religiosas, sino también pedagógicas. Esa libertad en España no se puede hacer efectiva sin el sistema de conciertos educativos. Sin ellos, sólo podrían elegir quienes puedan asumir el coste de un colegio privado.
Existe, en una parte de la sociedad, una opinión verdadera e íntima que considera, que el Estado es subsidiario de la familia en materia educativa y no a la inversa. Es por ello vital para las familias poder elegir, por el bien superior del hijo, entre un colegio de integración o de educación especial, entre un método Montesori, constructivista o uno basado en las humanidades, o en el humanismo cristiano…
Los caminos son muchos, pero ninguna educación es neutra: la pública, tampoco. Para Condorcet el poder no puede usurpar: «los derechos de la conciencia bajo el pretexto de ilustrarla y de conducirla».
Fuente: abc.es

La plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, volverá a salir a la calle este miércoles 16 de diciembre para protestar contra la reforma educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá.
En esta ocasión, el escenario elegido es frente a las puertas del Senado, donde continúa el trámite de esta nueva ley, después de que el 19 de noviembre se aprobara la norma en el Pleno del Congreso por 177 votos a favor, una mayoría absoluta exigida al tratarse de una Ley Orgánica.
La plataforma que abandera las movilizaciones de la concertada para intentar la paralización de la ley, también ha animado a concentrarse frente a las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas.
Con esta sería ya la quinta movilización de esta plataforma desde que se iniciara el trámite parlamentario de la ley, después de la concentración de vehículos celebrada el domingo 22 de noviembre por todas las ciudades de España y otras cuatro concentraciones frente a las puertas del Congreso en el mes de noviembre (el día 5, el 10 y el 13), así como protestas convocadas cada miércoles en los centros concertados de todo el país.
Todas estas movilizaciones se enmarcan en el calendario de acciones previstas de la campaña Más Plurales, Más Libres, Más Iguales que ha puesto en marcha la plataforma -a la que también se han unido asociaciones de educación católica y de la educación especial- para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada "sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil".
Además, para esta Plataforma, esta norma supone un "ataque" a la concertada, pero también a la educación especial y a la educación católica.
De momento, el proyecto, que todavía tiene que ser debatido y votado en el Senado para luego regresar al Congreso -donde quedaría finalmente aprobada- contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que los concertados segreguen por sexo y la eliminación del criterio de "demanda social" de los concertados al priorizar el aumento de plazas públicas, entre otras cuestiones.
Para Más Plurales, la supresión de la "demanda social" de los centros privados sostenidos con fondos públicos "deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos", lo que para ellos supone un "ataque a la libertad" porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.
Pero además, la Plataforma ha expresado su preocupación por lo relativo a la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero que como novedad no contará para la nota media, al no tener una asignatura alternativa. La Plataforma considera que este cambio "relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar".
Sus protestas también se han centrado en torno a cómo quedaría la educación especial con la LOMLOE, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad", lo que la Plataforma interpreta como el cierre de estos centros.
La derecha española (PP, Cs y Vox), que votó en contra de la norma en el Congreso, también ha iniciado su propia campaña de desprestigio de la Ley Celaá, por lo que en las últimas semanas ha mostrado su apoyo a esta Plataforma. De hecho, las tres formaciones ya anunciaron que recurrirían la ley ante el Tribunal Constitucional en caso de llegar ésta a aprobarse, lo que previsiblemente sucederá.
La concentración de este miércoles no será la última. El próximo domingo día 20 de diciembre, la Plataforma tiene previsto emular la concentración de vehículos del pasado 22 de noviembre por todas las ciudades de España.
Fuente: 20minutos.es

Este webinar gratuito tendrá lugar el domingo, 13 de diciembre, a las 20:00 h (hora española).
Este webinar, organizado por Fundación Edelvives, CIEC (Confederación Interamericana de Educación Católica) y Boston College University, responde al llamado urgente que ha hecho el Papa Francisco en la Encíclica Laudato si sobre el cuidado de la casa común, para establecer un nuevo diálogo sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta.
En el encuentro internacional acompañaran a Leonardo Boff los siguientes ponentes:

PREGUNTA.- Los obispos le presentaron en verano una propuesta para que todos los alumnos, no solo los católicos, estudiaran el hecho religioso a través un área de filosofía, valores y creencias. No les han contestado…
RESPUESTA.- Con la asignatura de Religión hemos cumplido a rajatabla la normativa para que sea una materia de oferta obligada y elección voluntaria. Dar pasos más allá es complejo porque hay que interpretar los acuerdos firmados en 1979. Agradecemos la oferta que nos hicieron. Desde luego, es una propuesta novedosa, pero llegó cuando la ley ya estaba en tramitación.
Queda todavía recorrido y alguna de estas ideas se puede plasmar en los currículos. Es verdad que no hemos dado una respuesta formal, pero sí queremos hacer saber que hemos visto la propuesta, que seguimos teniendo esperanza y que esa respuesta formal llegará. Las posibilidades que se puedan encontrar hay que explorarlas para conseguir el mayor grado de acuerdo que podamos.
P.- ¿Podría ser una vía la creación de la ‘Cultura de las religiones’, que se incluyó en una enmienda inesperada?
R.- Plantea la posibilidad de tener un acercamiento a la religión, en cuanto a fenómeno humano, pero no necesariamente desde un punto de vista confesional. Es una iniciativa que puede tener interés. Hay debate sobre si eso se debe hacer en una única materia o de forma transversal en varias. Las dos opciones son aceptables. De momento se ha incluido como posibilidad y no define exactamente cómo. En el desarrollo de la LOE ya se introdujo una asignatura de Historia y Cultura de las Religiones.
P.- Macro movilización contra la ley. La ministra asegura que su norma “no cierra la concertada”. Pero desde Más Plurales se insiste en una lenta asfixia. ¿Temores fundados o infundados?
R.- Temores infundados. En 2005, cuando se estaba debatiendo la LOE y yo era secretario general de Educación, tuvimos una enorme manifestación con un leitmotiv parecido: se va a acabar la concertada. Al día siguiente, le dije a los periodistas que me comprometía a convocarles cuatro años después para comprobar si esas acusaciones eran verdad. Han pasado quince y no ha sido verdad. Aquí va a pasar lo mismo. Se ha exagerado mucho, en unos casos de buena fe, en otros interesadamente.
La enseñanza concertada está garantizada por todo un aparato legal. En esta misma ley hay un epígrafe que dice que el servicio público de la educación se prestará por medio de los centros públicos y los centros privados concertados. Más garantía de que se cuenta con los centros concertados no hay. Es verdad que hay algunos cambios, pero no son de fondo. ¿Significa que van a mandar a los niños donde quieran? No, por favor. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Una cierta heterogeneidad social de los centros públicos y concertados es positiva.
La libertad de elección está patente en la ley, se dice en varios lugares. Los únicos límites a esa elección es que pueda haber un centro con más peticiones que las plazas que tiene. Ahí intentamos hacerlo del modo más razonable, sabiendo que alguien se va a quedar sin ir al centro que quiere. Pero eso no quiere decir que estés obligando a hacer algo contrario a sus ideas…
Los cambios que se introducen son cuestiones de equilibrio. A los centros que están preocupados porque se van a cerrar: no. Ahora, ¿qué puede pasar? Que en algunas etapas disminuya el número de alumnos y sobren plazas. Aun así, la enseñanza concertada tiene mecanismos de seguridad, igual que la enseñanza pública y habrá que buscar equilibrio. No puede ser que uno gane todo y otro pierda todo.
P.- Pero algo ha fallado, cuando la entidad más numerosa de Más Plurales, Escuelas Católicas, que no es dada a la gresca, abandera las movilizaciones…
R.- No acabo de entender muy bien porqué, no sé si algún día llegaré a tener más datos. Para nadie es una situación grata. Yo siento que sea así. Porque además estas circunstancias agudizan la polarización.
P.- En esta polarización se enmarca el ‘tuit’ de un senador socialista que tacha de ‘pijos’ a los alumnos de la concertada. Será que no ha visitado los colegios religiosos de Vallecas…
R.- Seguramente puede haber tópicos. Uno no puede pensar que la segregación se da por redes, sino también intra redes. El hecho de que las familias puedan elegir ir donde quieran y los centros puedan escoger en menor medida al alumnado se debe aplicar a todos. La realidad educativa es mucho más diversa y plural. Hay que tener cuidado con esas generalizaciones un poco excesivas y hay que reconocer que hay mucha gente en la concertada y en la pública que está haciendo una magnífica función.
P.- El Gobierno ha respaldado el Pacto Educativo Global del Papa. Sin embargo, al aterrizarlo a lo local, la nueva norma se aprueba con solo con un voto de diferencia y contestación en la calle. ¿No es una incongruencia?
R.- Para encontrar acuerdos hace falta que todas las partes quieran. A veces, no es el caso. Puede sonar duro, pero es así. No lo quiero atribuir a unos o a otros, pero pasa. Cuando se dice que esta ley no se ha hablado, sí se ha hablado. Se ha escuchado bastante y se va a seguir escuchando. Estamos contando con todo el que quiere, porque es necesario. Matizaría también los votos. Un Gobierno que tiene tan pocos escaños ha conseguido al final muchos: se han juntado siete grupos. Dicho esto, a mí me gustaría que hubiera más acuerdo.
Creo que hay un acuerdo del 70-80 por ciento de la ley casi total. El problema es que hay cosas que son complejas y generan tensión desde lo más emotivo. Por ejemplo, algunas de las cosas que se dicen de la educación especial no voy a decir que me duelen, porque les duele a las familias, esté de acuerdo con ellas o no; pero no estamos haciendo ninguna locura: queremos el bien de todos. A veces se caricaturiza de una manera que quien se lo crea, no sé qué pensará de los que estamos en el Ministerio: una especie de salvajes desalmados que lo único que queremos es el mal de las personas.
P.- De camino al Senado, ¿hay tiempo para limar asperezas con la concertada?
R.- Habrá que verlo. Todavía no he puesto la cabeza en ello.
P.- La ministra se ha comprometido a buscar diálogo…
R.- Ponemos todo lo que está de nuestra parte, pero no solo depende de nosotros.
P.- Ocho reformas después, ¿comprende que una madre o un maestro estén desengañados con la política?
R.- Eso no me gusta. Por otro lado, a veces nos hacemos espejismos sobre lo que significa un acuerdo en Educación. Se transmite la sensación de que la comunidad educativa y la sociedad civil están de acuerdo y, en cambio, los políticos no se ponen de acuerdo. Cuando uno atiende a debates en el Consejo Escolar del Estado ve que tampoco hay unanimidad. En torno a 2004 y 2005, hubo un intento interesante para llegar a un pacto con cinco organizaciones (CEAPA, CONCAPA, FERE, CC OO y UGT), pero saltó por los aires.
Y ahí no estaban los políticos. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en los máximos asuntos centrales para configurar un marco de arquitectura estable del sistema. De esta manera, lograríamos un sentimiento de confianza en docentes, familias y administradores. Todo lo que estamos viviendo ahora contribuye a disminuir la confianza y es lo que me parece más dañino.
Fuente: vidanuevadigital.com
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Con la llamada «ley Celaá» se anuncia la enésima reforma educativa en este país. Cuándo llegará un consenso educativo estable que, dejando a un lado la injerencia continua de las ideologías políticas de turno, otorgue a las familias y a los educadores el verdadero protagonismo que deberían tener en la educación. Diseñar la educación a bandazos, al albur del viento político que más sople, es un verdadero despropósito. No se puede jugar con lo más valioso que tenemos: las personas que crecen, maduran y proyectan su vida y el futuro de la sociedad.
La «ley Celaá» plantea unas medidas tácticamente pensadas para dificultar en lo posible la educación de la religión en las aulas. Históricamente, A. Comte, padre del positivismo moderno, teorizó la necesidad de anular la religión transcendente para construir una sociedad avanzada. Él mismo, sin embargo, intuyó el peligro. Entendió, no sin lucidez, que tal cancelación dejaría un vacío de valores absolutamente necesarios para configurar consistentemente la vida social. Y promovió –oh paradoja de la historia– una especie de «religión civil», unos valores laicos sin referencia a Dios, con sus propias ceremonias, normativa moral, funcionarios del culto, etc.
En otros momentos de la historia, con un similar perfil paradójico y artificial, se ha pretendido sustituir la religión transcendente por otra, ya no una «civil» como pretendía Comte, sino otra más ideológica. Pero siempre resurge la necesidad de que la persona crezca con la referencia a Dios, con unos valores religiosos enriquecedores y liberadores de esclavitudes y dependencias.
El Evangelio, más allá de una creencia particular, es patrimonio de la humanidad. Del impulso evangélico, razonado y hecho cultura, han nacido los principales valores y las más grandes obras del ingenio humano. ¿Cómo vamos a renunciar a ese saber? ¿Cómo entenderemos las catedrales, las universidades, las obras innumerables de literatura, pensamiento y ciencia que atesora la cultura humana, sin enseñar la fe que las ha originado e impulsado?
Nadie puede entender con seriedad nuestra cultura al margen de la formación cristiana. La mayor parte de los valores humanos, morales, estéticos, educativos, sociales, etc., de los que hacemos gala, tienen una profunda raíz cristiana. Vivimos de esa herencia recibida. Conocerla, lejos de ser una catequesis privada, es llave de acceso a un saber extraordinario, cultura, arte… Los santos, modelos de vida, nos ha hecho crecer como personas y como sociedad; son creadores de bondad, justicia, misericordia, desarrollo humano y social. Los errores que hayan podido cometer instituciones y personas cristianas no son consecuencia de la fe, sino de haberla dejado de lado.
El valor de la educación religiosa es bien visible salvo para el que no quiera verlo. El reciente Informe 2020 Panorama de la Religión en la Escuela revela con abundantes datos la amplísima satisfacción de alumnos, profesores y familias sobre la enseñanza de la religión en escuelas concertadas y públicas. Para la elaboración de este informe, se encuestaron a 18.000 personas entre alumnos, antiguos alumnos, familias que escogían esta enseñanza, así como a profesores y futuros profesores de esta asignatura.
Entre las conclusiones que se obtienen resaltan estos datos: un 86% de los encuestados considera que esta asignatura ayuda a «comprender otras culturas», un 85% afirma que contribuye a «construir la diversidad social y religiosa en las sociedades actuales», un 83% opina que esta formación ayuda al «pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos», así como un 84% añade que “facilita una educación de la interioridad que contribuye a la autonomía personal y la responsabilidad social».
En suma, a través de este informe observamos que una gran parte de los participantes de esta encuesta coinciden en que la enseñanza de religión ayuda a ser más tolerantes y mejores personas, y que aporta a una formación ética y a la ciudadanía global. La gran mayoría de las familias considera que «es necesaria en la educación de sus hijos» y que «es buena por los valores que enseña, y porque aumenta la cultura general». Asimismo, los antiguos alumnos que participaron en este informe señalan que les ayudó en su vida profesional y personal, que la volverían a cursar, y que la elegirían para sus hijos.
Necesitamos educar a nuestros alumnos con referencias espirituales y con valores transcendentes, que liberan y levantan la mirada más allá de este mundo. La religión nos da libertad, cultura, profundidad, valores eternos, promoción de la persona… nos hace mirar y crecer hacia lo importante y permanente. Y nos libera, por tanto, de las cadenas de las ideologías de turno, pasajeras por antonomasia.
Fuente: larazon.es/opinion

Las organizaciones que representan al profesorado de Religión en la Comunitat respondieron ayer a las críticas del secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, en un vídeo difundido por el PSOE para defender la reforma educativa.
La Federación de Enseñanza de USO CV y la Asociación de Profesores de Religión en Centros Estatales (Apprece) coincidieron en trasladar su «malestar» al considerar que minusvaloraba la materia confesional. Soler dijo que con la regulación actual, al contar para el expediente, se provoca que los estudiantes de Bachillerato elijan Religión en detrimento de otras materias porque ayuda a subir la nota media de cara al acceso a la universidad.
«Los alumnos lo tiene claro. Si les va a subir la nota, muchos sacan un nueve o un diez, y parece ser que no se requieren muchos esfuerzos para un sobresaliente, pues optan por Religión y por dejar de cursar otras materias fundamentales para sus estudios universitarios», dijo, después de desvelar que el promedio del último curso analizado, el 2018-2019, era de un 8,75 sobre diez.
«Ha causado sorpresa. Y nos resulta un poco imprudente pretender conocer y juzgar las razones por las que los alumnos libremente la eligen», destacó Mariví Iribarren, representante de USO, el sindicato mayoritario entre el colectivo valenciano.
«Vemos positivo que haya asignaturas como Valores Éticos y otras que también ayudan a la formación integral. Educar no es solo aprender conocimientos. Y ser universitario requiere también competencias integrales», añadió. «La realidad es que a pesar de todo el bombardeo contra la Religión y la iglesia la asignatura se elige de forma muy elevada y ayuda a ser críticos y a entender lo que pasa a nuestro alrededor», añadió, antes de señalar que les hubiera gustado tener «una ley en la que hubiéramos podido participar y explicar lo que pensamos».
«Es una interpretación interesada para defender la Lomloe», dijo Toni Pep Díaz, presidente de Apprece CV. «Mezcla asignaturas troncales con las de modalidad y con las optativas, pese tener rangos muy distintos, situaciones distintas y contenidos y criterios distintos», señaló, en referencia a una parte anterior del vídeo en la que Soler dijo que la regulación actual hace que el porcentaje de alumnos de Bachillerato que elige la materia «es muy superior» al de los que estando en la rama científica «cursan Biología y Química», o siendo de Humanidades «optan por otras básicas como Literatura o las Tecnologías de la Información».
«Puede que para algunos alumnos una parte de la motivación para elegir la asignatura esté en la nota, pero hay más motivos. Y valdría exactamente el mismo argumento con otras opcionales como Psicología o Educación Física, que tampoco entran en la selectividad y también se eligen; es con estas con las que se deberían comparar notas, que serán bastante acordes», destacó.
«Si un profesor se trabaja su materia y la defiende, ¿por qué no va a influir esto en una mayor elección? ¿Y si los alumnos se lo trabajan y se implican, lo lógico y justo es que las notan sean buenas, como en otras áreas», dijo.
Fuente: lasprovincias.es

Santander, Córdoba, Sevilla, Madrid, Logroño, y así hasta 50 ciudades españolas, han salido este domingo a la calle a expresar su rechazo a la recién aprobada Lomloe, la reforma educativa conocida como la «ley Celaá». Unas manifestaciones familiares, festivas, en coche y adaptadas a los tiempos que corren y que cortaban el centro neurálgico de las grandes capitales a primera hora del mediodía. En Madrid tuvo lugar la más numerosa de todas, cifrada en 5.000 vehículos por la Delegación del Gobierno, aunque los organizadores apuntaron que la cifra en más de 10.000.

Mónica, profesora y madre con hijos en educación concertada - ABC
A través del ruido de los claxon, familias enteras protestaban así contra la aprobación de una ley que, en su opinión, no las ha tenido en cuenta. Su principal temor es que los colegios concertados a los que llevan a sus hijos y los centros de educación especial se vean abocados al cierre. «Yo quiero tener libertad para poder elegir», contaba Mónica Fernández, profesora y madre de dos hijos que estudian en un centro de Madrid. «No se me ocurre un mejor plan mejor para este domingo que estar aquí manifestándonos por algo tan importante como es pelear por la libertad», añadía.
Desde la organización, la Plataforma Más Plurales que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos y diferentes colectivos del sector de la educación concertada pedían de nuevo «que se nos escuche».Antonio Amate, coordinador de la plataforma organizadora, recordaba que «España es de los españoles, no de los políticos. Si hay algo que no nos gusta de lo que hacen en el Congreso, habrá que decir ‘no’ en la calle». Respecto a las acusaciones por parte del PSOE y Podemos de sectarimo, Amate defendió que la imagen de ayer de las principales ciudades atascadas demuestra que su lucha «es cosa de los padres con sus hijos. Nos acusaban de adoctrinamiento, y se ha demostrado que no es así. ¿Qué adoctrinamiento hay en una familia? El problema es cuando yo quiero arrancar a los hijos de sus padres para decirles lo que ellos no quieren», añadió.
La temida desaparición
La concentración en Madrid transcurrió por el Paseo de la Castellana, en un circuito entre la Glorieta de Cuzco y la Plaza de Cibeles, donde los organizadores leyeron el texto contra la «ley Celaá». El manifiesto pide la protección y la continuidad de la pluralidad democrática del sistema educativo. «Ha llegado el momento de dejar claro que no toleramos límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia», sentenció desde el escenario Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos COFAPA.

Lectura del manifiesto de la Plataforma Más Plurales - ABC
El texto, además, defiende la complementariedad de las redes pública y privada-concertada y no admite que la Lomloe permita a las autoridades educativas «imponer la distribución del alumnado». Los manifestantes no aceptan el modelo de «inclusión radical», que conduce a los centros de educación especial «a su progresiva desaparición». Asimismo, exigen «mejoras reales» para el personal de los centros educativos, ya que, en su opinión, la Lomloe «abandona» a los profesionales de la concertada y de la educación especial «al no incluir ni una sola mejora para equiparar y mejorar sus condiciones laborales, además de poner en peligro sus puestos de trabajo».
Para el Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), esta reforma supone «un intento paulatino de nacionalización de la enseñanza que recuerda a tiempos anteriores, porque cada vez se dice con más descaro que la enseñanza tiene que ser sobre todo pública cuando lo que diferencia a los estados democráticos de los autoritarios es que el espacio público lo gestiona la sociedad».
Para Luis Martínez Abarca, director del Área de Colegios en Fundación Universitaria CEU San Pablo fue «realmente emocionante ver unidas a tantas familias de tantos colegios y de tantas sensibilidades. Sin crispación, con alegría pero con contundencia contra esta ley injusta».

Rosa es abuela de dos niños que estudian en educación concertada - ABC
Familias enteras, profesores que ven peligrar sus puestos de trabajo e incluso abuelos preocupados por el futuro educativo de sus nietos pedían de nuevo a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que no panga en peligro este tipo de educación. Rosa, que tiene dos nietos que estudian en centros concertados recibía con dos banderas a todos los coches que subían desde Cibeles hacia Recoletos. «Me parece vergonzoso lo que quiere hacer (decía, en referencia a la ministra). Pero no estoy aquí por mis nietos sino en representación de todos. Quieren acabar con todo lo que es España, y eso no podemos consentirlo», añadía.
La libertad de elegir
Esther Bermejo, madre de un niño que estudia en el colegio Tajamar acudió con toda su familia y unos amigos, y siguieron la jornada festiva en las puertas del ayuntamiento de Madrid, donde la plataforma Más Plurales instaló el escenario principal. «Yo solo tengo un hijo, pero en el colegio hay familias con hasta cinco. Si tuvieran que privatizarlo, ¿cómo iban a pagarlo?», se preguntaba. «Solamente podemos hacer esto, estar en la calle y protestar ante algo que consideramos injusto», añadió. Entre el resto de familias de su centro, según cuenta, también existe una gran preocupación. «He elegido ese colegio desde Primero de Infantil, ¿por qué me lo quieren quitar ahora?». En su caso, además de la cercanía a las instalaciones, valora también el trato y la cercanía con los profesores, por quienes también están preocupados.
Familias enteras, profesores que ven peligrar sus puestos de trabajo.

Dos familias unidas por el centro de sus hijos, que ahora ven en peligro - ABC
Desde su propio coche, dos jóvenes docentes, Esther y Laura, que enseñan en un centro concertado, recordaban además el cierre al que parecen abocados los centros de educación especial, ya que «disminuirá la calidad de la atención y de la educación que reciban». «Somos profesoras, pero creemos que los padres merecen tener la libertad de poder elegir el colegio en el que van a estudiar sus hijos», añadía Esther.
La oposición, contra la ley
En Madrid, la manifestación ha tenido lugar entre las 11.00 y las 13.00 horas y ha transcurrido por el Paseo de la Castellana, en un circuito entre la Plaza de Cibeles y la glorieta de Cuzco. Entre los asistentes estaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha felicitado a los organizadores de esta gigantesca manifestación en su ciudad: «Deberían hacer reflexionar al Gobierno. No se puede hacer una ley de Educación sin consenso cuando estamos en una situación dramática. ¿Por qué se le permite a ella lo que no se permite a los demás padres? Le pregunta a la ministra de Educación en referencia a la noticia publicada hoy en ABC».
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), también presente en la manifestación, ha criticado la reforma de la ley de educación planteada por el Gobierno de Pedro Sáchez y ha recordado al PSOE que no puede «suplantar a los padres» a la hora de decidir qué educación quiere para sus hijos, por lo que ha exigido libertad.
La dirigente de Cs ha recalcado que su partido apoya la educación concertada y la educación especial, pero por encima de todo «la libertad» de los padres a elegir cómo quieren educar a sus hijos, algo que el PSOE «debería entender» y no pretender «suplantarles» y arrogarse el derecho de decidir por ellos.
El PSOE responde a Casado
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que recurrirán la reforma de la ley educativa ante el Tribunal Constitucional y las instituciones comunitarias que consagran la libertad educativa. Asimismo, el líder del PP a nivel estatal ha asegurado que en las comuidades gobernadas por los populares, como es el caso de Galicia, harán «todo lo posible para legislar y evitar los estragos» que plantea la LOMLOE.
Ante estas declaraciones, la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Luz Martínez Seijo, ha dicho este domingo que el PP no puede «alentar al desacato» ni cuestionar la aplicación de la reforma educativa de la Lomloe en ninguna autonomía, porque es «una irresponsabilidad absoluta» y ha pedido a su líder, Pablo Casado, que «vuelva a la moderación» y abandone «planteamientos ultras y extremistas».
Reitaradas protestas
La movilización de este domingo se suma a las otras cuatro celebradas este mes de noviembre frente al Congreso de los Diputados y en los centros escolares, y se enmarca en el calendario de acciones previstas de la campaña «Más Plurales, Más Libres, Más Iguales» que ha puesto en marcha para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada «sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil».
«Estamos ante un Proyecto de Ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática», critica la plataforma.
Fuente: abc.es
Frase: "al final nos examinarán del Amor"

El Congreso de los Diputados ha aprobado, en primer término, la nueva Ley de Educación que continuará su trámite parlamentario en el Senado, antes de volver definitivamente al Congreso para su aprobación definitiva.
La Educación tiene un significado singular y relevante para la vida y el futuro de niños y jóvenes, de las familias y de la sociedad entera. Es el ámbito donde se contribuye a edificar el porvenir de una nación y su salud democrática. Por la gran inquietud que ha generado la formulación y la manera de tramitarse de la nueva ley, nos parece necesario ofrecer ahora algunas reflexiones:
Madrid 20 de noviembre de 2020
Fuente: CEE