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Con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. En esta ocasión se recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamó como el Mesías.
Si bien este año las circunstancias son especiales por la pandemia del coronavirus COVID-19, el Domingo de Ramos se caracteriza por la bendición de las palmas, la procesión, la Misa y la lectura del relato de la Pasión durante la Eucaristía.
Debido a la situación extraordinaria de la pandemia mundial del coronavirus, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó un decreto el 25 de marzo, donde se establece que los Obispos y los presbíteros de los países afectados por el Covid-19 celebren los ritos de la Semana Santa sin la presencia física del pueblo y “en un lugar adecuado, evitando la concelebración y omitiendo el saludo de paz”.
En cuanto a la celebración del Domingo de Ramos, se establece que “la Conmemoración de la Entrada del Señor en Jerusalén se celebre en el interior del edificio sagrado; en las iglesias catedrales se adopte la segunda forma prevista del Misal Romano; en las iglesias parroquiales y en los demás lugares, la tercera”.
En cuanto a las “expresiones de piedad popular y las procesiones" de la Semana Santa y del Triduo Pascual, se señaló que "podrán ser trasladadas a otros días convenientes", como "por ejemplo, el 14 y 15 de septiembre", a juicio del Obispo diocesano.
Además, el decreto indicó a las Conferencias Episcopales y cada una de las diócesis que “no dejen de ofrecer subsidios para ayudar en la oración familiar y personal” y que “los seminarios, las residencias sacerdotales, los monasterios y las comunidades religiosas también se atengan a las indicaciones del presente Decreto”.
Por ello, la Oficina de Prensa del Vaticano indicó que en el Domingo de Ramos, a realizarse el 5 de abril, el Santo Padre celebrará la Santa Misa de la Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén, en el Altar de la Cátedra en la Basílica de San Pedro a las 11:00 a.m. (hora de Roma), pero sin la presencia física de los fieles.
En estos días rezo con mucha fuerza "LÍBRANOS DEL MAL" y con frágil Fe confiada "HÁGASE TU VOLUNTAD"
CATAlÁN:
Queridos Amigos,
éste acompañarnos en la escuela para la cuaresma, lo pensé por los primeros días de febrero.
En Argentina recién el 16 de marzo se interrumpieron las clases por la cuarentena.
El quedarnos en casa... hizo que comencemos a re pensar cómo acompañarnos, para caminar juntos hacia la Pascua!
Les comparto la idea original!
Abrazos a la distancia!Cuaresma%202020.docx
Consciente de la importancia de prevenir y proteger a los colectivos con los que trabaja: la infancia, los docentes y comunidad educativa en general, Edelvives ha diseñado un plan de actuación. Junto a sus partners, entre los que se encuentra Google for education, proporcionará accesos gratuitos a diversos recursos y plataformas educativas, así como propuestas formativas online que eviten la paralización de la labor docente durante el cierre temporal de los centros como consecuencia de la crisis del coronavirus (COVID-19).
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Frase: " caminamos sedientos buscando el agua viva"
FANO nos remite este fantástico VIA CRUCIS en una sola imagen.
Así también nos manda varias versiones para poder trabajarlo con el alumnado. Incluso la versión muda para completar y/o traducir
Como siempre, Gracias Artista!!
La anterior Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis pasa a denominarse Comisión Episcopal de Educación y Cultura, cuyo presidente elegido ha sido el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alfonso Carrasco Rouco
Nació el 12 de octubre de 1956 en Villalba (Lugo). Cursó la enseñanza secundaria en el Seminario de Mondoñedo y los estudios de Filosofía en la Pontificia Universidad de Salamanca (1973-1975). Después estudió Teología en Friburgo (Suiza), donde obtuvo la Licenciatura en 1980. Fue ordenado sacerdote el 8 de abril de 1985 en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
De 1980 a 1981 realiza labores de investigación en el Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Munich. De 1982 a 1987 trabajó de Profesor asistente de la Cátedra de Moral Fundamental de la Universidad de Friburgo. Además, Becario del “Fondo nacional suizo para la investigación” de la Universidad de Munich (1987-1988). En 1989 se doctora en Teología en la Universidad de Friburgo.
Cargos pastorales
Entre los años 1989-1991 forma parte del equipo parroquial de Santa María de Cervo, encargado de seis parroquias, en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, donde ejerce también como docente de la “Escuela Diocesana de Teología”.
En 1992 se desplaza a Madrid como profesor agregado de Teología Sistemática del “Instituto Teológico San Dámaso”, convirtiéndose en catedrático en 1996. Este mismo año es nombrado consiliario del Centro de Madrid de la AcdP (Asociación Católica de Propagandistas).
Desde 1994 a 2000 ejerce como director del “Instituto de Ciencias Religiosas” del Centro de estudios teológicos “San Dámaso” y vice-decano de la Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid desde 1998 a 2000.Decano de la Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid, desde 2000 a 2003.
Durante los años 2001-2006 colabora regularmente en las Teleconferencias de la Congregación para el Clero para la formación permanente del clero. En 2004 actúa como relator de la Cuarta Ponencia y miembro nato de la Asamblea y de la Comisión central del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid, clausurado el día 14 de mayo de 2005.
Fue también, hasta su ordenación episcopal, profesor de Teología dogmática en la Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid (desde 1996) y director del Departamento de Dogmática de la misma Facultad en 2006. Durante su estancia en Madrid colaboró pastoralmente en la Parroquia de “San Jorge, mártir de Córdoba”.
El 30 de noviembre de 2007 el Papa Benedicto XVI le nombró Obispo de Lugo y el 9 de febrero de 2008 tomó posesión de la diócesis.
Otros datos de interés
En la CEE es presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura desde el 3 de marzo de 2020. Fue vicepresidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades y presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades, cargo para el que fue elegido el 15 de marzo de 2017. Fue miembro de esta Comisión de 2008 a 2011. Además, ha pertenecido a la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de 2008 a 2017.
Fuente: https://conferenciaepiscopal.es/comisiones/educacion-y-cultura/
“Es legítimo que se reconozca la demanda social, la demanda de los padres a la hora de desear un tipo de escuela”. Con estas palabras, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, cuestionaba una de las medidas centrales de la futura ley de Educación presentada esta semana por la ministra socialista Isabel Celaá.
El portavoz del Episcopado defendió con contundencia que “los padres puedan decidir el tipo de educación que tienen para sus hijos”, además de enfatizar la autonomía de los centros.
No fue el único “pero” que el obispo auxiliar de Valladolid puso a la reforma educativa, que desveló que ayer mismo se reunió con el presidente de Escuelas Católicas, Juan Carlos Pérez Godoy, para abordar esta polémica medida.
En la rueda de prensa conclusiva a la Asamblea Plenaria de los obispos españoles, defendió la asignatura de Religión, aunque no fue la única materia por la que saco pecho. Argüello, considera que en una sociedad tecnocrática en la que “un pequeño virus nos pone patas arriba”, “se hace más que nunca necesaria la enseñanza de la filosofía y de la teología”.
Más filosofía y música
Así, manifestó su deseo de que en las aulas de nuestro país se promueva “el cultivo de la filosofía, del arte, de la música y de la enseñanza religiosa, Es más necesaria que nunca”.
Todo esto le llevó a solicitar al Gobierno que apueste por un pacto educativo antes de la aprobación definitiva de la ley. ¿Su argumento? “Deseamos que se haga realidad el pacto global que impulsa el Papa. Desgraciadamente se ha suspendido el encuentro previsto para mayo en Roma, pero no se aplaza el deseo de ese pacto global”, expresó.
“Valoramos mucho que la educación pueda ayudar al desarrollo pleno de todas las capacidades de los niños y niñas que van a nuestras escuelas”, explicó, presentando los colegios como un espacio donde “se ayude a crecer”.
“Se habla de que la escuela sea un ascensor social, pero también hay que enseñar a ayudar a subir las escaleras”, verbalizó el secretario general de los obispos: “A veces se plantea incluso que hay que bajar el piso: dando una titulación teniendo una asignatura pendiente”. “Eso, en lugar de ayudar a los más débiles, es un desprecio a las personas porque se da por hecho que no puede desarrollar sus capacidades”, aseveró.
Fuente: VidaNueva
Tras la aprobación ayer del proyecto de Ley de Educación que ahora se llamará LOMLOE, el presidente nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, ha manifestado su absoluto desacuerdo con una ley impuesta, que no ha contado con el mínimo consenso, diálogo ni acuerdo, donde las familias no se han tenido en consideración en ningún momento, desaparece la demanda social, se aprueba con asignaturas suspensas, se vuelve a marginar a la religión (hay que recordar que la solicitan de forma voluntaria esta asignatura más de tres millones y medio de alumnos) y se pone en riesgo la continuidad de concierto educativo.
La nueva ley se propone como una modernización de la FP (algo que se ha planteado siempre en todas las reformas anteriores, por lo que no supone ninguna novedad pero que CONCAPA sí ve positiva siempre que se vertebre de una forma uniforme por toda la red de centros sostenidos con fondos públicos), una apuesta económica (más becas y más inversión, aunque todos los informes realizados en este sentido indican que más inversión no significa una mejora educativa) y un descenso de exigencia (se suprimen las pruebas finales de etapa, se puede pasar de curso y obtener título con asignaturas suspensas, etc.)
¿Por dónde va la nueva ley? Pues por lo que todos adivinábamos: suprimir la pluralidad educativa -por ejemplo, se castiga a los modelos de coeducación-, se degrada a la asignatura de Religión -sin alternativa y peso específico alguno, vulnerando la libertad religiosa-, se impone una asignatura de educación en valores cívicos y éticos -vuelta a la antigua EpC-, se da más peso a las Comunidades Autónomas en los contenidos y en la lengua -olvidando el conocimiento de la lengua materna-, se añaden algunas trasversales “nuevas” como el desarrollo sostenible o la igualdad de género -creando más controversia-, y finalmente se apuesta por la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años vertebrándola por la red pública -en claro perjuicio de la red concertada-.
¿Qué es lo que queda claro? Que se vulneran una vez más los derechos fundamentales de las familias para poder elegir el tipo de educación que desean para sus hijos -libertad de elección y libertad de enseñanza-, que se intenta arrinconar a la enseñanza concertada vulnerando la libertad religiosa -asignatura de religión-, y que se rebaja a mínimos el nivel de exigencia y de esfuerzo, por no hablar de que brilla por su ausencia el “consenso y el diálogo” que garanticen una estabilidad del sistema y la consecución del tan ansiado pacto social y político por la educación. Eso sí, se incorporan los llamados “comisarios políticos” que se implantan en los centros concertados con la inclusión del representante municipal en el consejo escolar.
Para Caballero, lo que está sucediendo es “un grave retroceso” porque hemos perdido una gran ocasión de poner en marcha una buena ley, una ley con peso específico que no vaya en detrimento de la libertad de las familias (su libre elección queda ahora subordinada a la planificación de las autoridades administrativas) y que apueste por la mejora real de los resultados educativos en nuestro país, sin necesidad de rebajar el nivel para llegar a los parámetros de aprobado que se buscan gratuitamente para las estadísticas.
El presidente de CONCAPA señaló que “los padres no vamos a ceder nuestras responsabilidades al Estado y consideramos que la educación debe respetar la pluralidad de la sociedad, correspondiendo a los padres colaborar y participar activamente en la escuela y en la educación de sus hijos”. Desde CONCAPA pedimos a la ministra de Educación que apueste clara e inequívocamente por la libertad de enseñanza y la libertad de las familias para poder elegir el tipo de educación y el centro educativo que desean para sus hijos, como nos garantizó en la reunión que mantuvimos en el Ministerio el pasado día 26 de febrero.
Fuente: revistaecclesia.com
Frase:"Cuaresma es caminar con amigos en busca de Dios"
El texto, que ya pasó por el Consejo de Ministros en febrero de 2019 y que no se ha modificado, se tramitará en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de la nueva ley de educación (Lomloe; Ley Orgánica de Modificación de la LOE), que revertirá la norma en vigor, la polémica Lomce o ley Wert, aprobada por el PP en 2013. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde por segunda vez al texto que ya aprobó en la pasada legislatura. La ministra de Educación, Isabel Celaá, no ha hecho ningún cambio en el documento pese a que ahora el Ejecutivo es de coalición, con Unidas Podemos. Quiere evitar así que la ley tenga que volver a pasar por los órganos consultivos, como el Consejo Escolar del Estado, y así acelerar su tramitación en el Congreso, prevista para las próximas semanas. Cualquier cambio que se quiera introducir se hará a través de enmiendas en el Parlamento o en el Senado.
“La ley busca la calidad del sistema para todos, se fundamenta sobre la excelencia, la optimización de resultados para el conjunto de los alumnos y la equidad; nadie puede quedar atrás”, ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra ha señalado que el alumnado, “sea cual sea el talento con el que entra en el aula”, tendrá que salir con “el mismo valor diferencial” del centro educativo. “No puede haber segregación en el acceso [a los centros] ni en la salida, no se puede discriminar a los alumnos en diferentes itinerarios segregadores, ni socioeconómicos ni de otra naturaleza”, ha manifestado.
Con la nueva ley desaparecerán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), unos itinerarios incluidos en la regulación actual que conducen a los estudiantes con un menor rendimiento a cursar algunas asignaturas en una modalidad más sencilla (llamada aplicada). Esta vía les excluye de poder cursar más adelante el bachillerato, y solo les permite acceder a formación profesional. “Ningún país europeo pone barreras a la enseñanza básica tras 12 años de escolarización. Eso es segregar; hay que garantizar que todo el mundo progrese con la debida calidad del sistema educativo”, ha aclarado la ministra.
Celaá ha recordado que una de las prioridades de la nueva ley será la incorporación de una red de enseñanza de cero a tres años, que se desarrollará “de forma gradual” y “empezando por los colectivos más desfavorecidos”. Además, como ya anunció hace unas semanas, ha señalado que en el plazo de un año se presentará un nuevo modelo para la reforma de la carrera docente. Para ello, Celaá ha adelantado que ya están trabajando con las facultades de Educación para modernizar los programas y que los aspirantes a profesor realizarán prácticas en escuelas durante un periodo de un año como paso previo a su titulación.
La nueva normativa (que recupera muchos de los aspectos de la Ley Orgánica de Educación, la LOE, aprobada por el PSOE en 2006) llega con el objetivo de tumbar la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), norma que llevó en 2013 al resto de grupos parlamentarios —a excepción de UPyD y los dos diputados de UPN y Foro Asturiano— a acordar por escrito su compromiso de derogarla en la siguiente legislatura.
Estos son los principales cambios que contempla la nueva ley:
La Religión pierde peso en el currículum. Su oferta ya no será obligatoria en 1º y 2º de bachillerato y las calificaciones no computarán para el acceso a la universidad o la obtención de becas. Además, los alumnos que no escojan Religión no estarán obligados a matricularse en una materia alternativa (la llamada “asignatura espejo”), que en la Lomce es Ética. Con la Lomloe, Educación en Valores Cívicos y Éticos pasará a ser obligatoria para todos los alumnos en un curso de primaria y en otro curso de secundaria, aún por determinar.
Eliminación de los itinerarios. Uno de los aspectos más “lesivos” de la Lomce que la nueva ley corregirá es la división de los alumnos en diferentes itinerarios según sus capacidades académicas. Con el modelo actual, un estudiante que no consigue promocionar en segundo o tercero de la ESO es derivado a la llamada formación profesional básica y, en función del criterio de la junta de evaluación del centro, hay alumnos que al aprobar ese curso obtienen el título de la ESO y otros que no. Sin este certificado, los estudiantes no pueden continuar sus estudios. “No podemos discriminar a los alumnos a una edad temprana en la que todavía no saben a qué se quieren dedicar”, explicaba Celaá en una entrevista con EL PAÍS. Para evitar esa discrecionalidad, la nueva ley eliminará esa vía y recuperará los programas de diversificación curricular de la ley educativa de 2006, que permiten modificar y adaptar el currículo desde tercero de la ESO para los alumnos que no estén en condiciones de promocionar, de forma que todos obtengan la misma titulación. Se eliminarán así estos itinerarios, conocidos como programas PMAR.
Se elimina el concepto de “demanda social” para la planificación de las plazas escolares. El objetivo primordial es “mejorar el sistema de admisión” de la escuela concertada y “equilibrar” la escolarización de alumnos con bajos recursos y dificultades de aprendizaje entre los centros públicos y los concertados. Para ello, se eliminará la referencia que aparece en la Lomce a la llamada “demanda social”, que establece que para la planificación de las plazas escolares las comunidades autónomas tendrán en cuenta la preferencia de las familias. Celaá ha afirmado en diferentes foros que “la escuela pública no puede ser subsidiaria de la concertada”. Además, el texto contempla que las autonomías “velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza”, lo que quiere decir que se pondrán en marcha medidas para evitar que determinados colegios, sobre todo públicos, concentren a los alumnos con menos recursos. Además, para evitar la segregación por sexo, se prescindirá en el texto de la alusión a que “la educación diferenciada no se considera discriminación por género” y se dará prioridad en el régimen de conciertos a los centros “que se organicen bajo el principio de la coeducación”.
Medidas para frenar la alta tasa de repetición. Otro de los grandes escollos del sistema educativo que pretende solucionar la nueva ley es la alta tasa de repetidores. En España, el 29% de los estudiantes de 15 años estaba repitiendo algún curso de la ESO en 2018, frente al 13% de media de los países de la Unión Europea. Para reducirla, la nueva ley incluye varias medidas. Por una parte, en primaria eliminará la posibilidad que contempla ahora la Lomce de que los alumnos puedan repetir en cada uno de los cursos y en su lugar establecerá que solo puedan repetir curso al final de cada etapa (segundo, cuarto y sexto de Primaria). Además, contemplará que los estudiantes que suspendan más de dos asignaturas en la ESO puedan pasar de curso “de forma excepcional” si el equipo docente considera que “la naturaleza de las asignaturas no superadas le permite seguir con éxito el curso siguiente”. En bachillerato se podrá conceder el título con una asignatura suspensa, también de forma “excepcional”. Ahora mismo es obligatorio superar todas las asignaturas de los dos cursos para hacerse con la titulación.
Más poder del Gobierno central para determinar el currículum. Otra de las novedades es que las autonomías perderán poder a la hora de determinar los contenidos del currículum. Se volverá a lo estipulado en la LOE y el Gobierno central decidirá el 55% de los contenidos en las autonomías con lengua cooficial y el 65% en el resto. La actual ley (Lomce) utiliza un sistema distinto: no emplea porcentajes. Divide las asignaturas en troncales (las obligatorias que fija el Estado) y opcionales y de libre configuración (que determinan las comunidades autónomas en su totalidad). Este modelo implica grandes diferencias entre las materias que se estudian en cada autonomía. El ministerio busca con el cambio que plantea un mayor consenso y colaboración entre el Estado y las comunidades.
Más poder para los consejos escolares. El objetivo es evitar que el director “sea el único órgano de gobierno en los centros educativos”, señala la propuesta. La Lomce quitó poder a los consejos escolares, que recuperarán ahora competencias. Además, se modificará su composición en los centros concertados para reincorporar al representante del Ayuntamiento. Se cambiará el procedimiento para la selección de los directores, aumentando la participación del consejo escolar (integrado por las familias y los docentes). En la actualidad, las comunidades autónomas deciden si la elección del director recae en la Administración o en el consejo escolar, lo que ha originado una gran dispersión de modelos. Además, se evitará que la autonomía pedagógica de los centros —la Lomce permite que los colegios e institutos puedan, por ejemplo, definirse como especializados en ciencias — dé lugar a la selección del alumnado, señala el documento.
Supresión definitiva de las reválidas y sustitución por pruebas de diagnóstico. Las reválidas al final de 6º de primaria y 4º de la ESO de la Lomce (suspendidas por los tribunales) se eliminarán del texto. Se convertirán en “evaluaciones muestrales y plurianuales” que se publicarán de forma interna y permitirán conocer el estado del sistema educativo y favorecer la rendición de cuentas por parte de los centros para así “mejorar las políticas públicas”. De esta forma, se prohíbe utilizar los resultados de las evaluaciones de los alumnos para establecer una clasificación de centros, los rankings. Este punto se recupera de la LOE.
Fuente: elpais.com
Sin consenso, un parche, una ley que se ha hecho de manera rápida y sin tener en cuenta a las familias... estos son algunos calificativos con los que la comunidad educativa se refiere al borrador de la ley Celaá, nombre con el que se conoce a la reforma del sector educativo que la ministra del ramo saca hoy al Consejo de Ministros. En declaraciones a LA RAZÓN los representantes del sector lamentaron, en su mayoría, que no haya tiempo para derogar los aspectos más lesivos de la Lomce y criticaron el uso partidista que la coalición quiere hacer con la Educación.
Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), no esconde su enfado: «No nos gusta nada. Nace de la división y el enfrentamiento, no del diálogo y el consenso», asegura. Insiste, en que tampoco les gusta la vigente ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), –aprobada en 2013 por el Partido Popular y conocida como «Ley Wert»– con la que han sido críticos, no obstante, están en contra de que «se imponga otra Ley sin contar con las familias y sin el consenso amplio como para sacarla adelante y que dé tranquilidad durante los próximos 15 a 20 años». En su opinión, la ley «debería haberse vertebrado a través de un pacto educativo, social y político por la educación», un acuerdo que rechazó el actual Gobierno, según explica. Preguntado por los principales errores, a su juicio, de la futura ley, Caballero dice que «vulnera los derechos fundamentales de las familias en dos aspectos: en la libertad de enseñanza y en la elección de los padres de los centros educativos, según sus convicciones. No nos gusta tampoco que se quite la demanda social», apunta. Además, es muy crítico con el trato que se le da a Religón porque «casi de un plumazo la elimina y no cuenta con ella para nada, la deja como residual». Según el plan de Gobierno, la asignatura continuará siendo optativa pero no servirá ni para nota ni para promocionar.
De opinión similar es Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, que insiste en que «la nueva Ley de Educación se plantea como una reacción a la Lomce, que no fue una ley de consenso. Sin embargo, esta nueva ley tampoco nace del mínimo consenso que garantice su permanencia». Al igual que Concapa critican que limita los derechos de los titulares y familias, «sometiendo la libertad de elección a la planificación administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas, al considerar a la enseñanza concertada como subsidiaria de la pública». Además, denuncia que mientras que se degrada la asignatura de Religión, se introduce una nueva «obligatoria en primaria y ESO sobre valores».
También desde el sindicato de Educación CSIF son críticos con la futura «Ley Celaá». Según explica su presidente nacional de Educación, Mario Gutierrez, «se ha hecho rápido y se va a aprobar exactamente lo mismo que se hizo en seis meses en febrero de 2019». En su opinión, el proceso de «negociacion y elaboración de la Ley ha sido unilateral» y criticnan sus similitudes con la antigua LOE, aprobada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. «Evidentemente, no va a solucionar los problemas», subraya.
Por último, Ramón Izquierdo desde el sindicato ANPE –que representa al profesorado– señala que «es un parche» porque aunque deroga la Lomce, mantiene muchos aspectos de la LOE. «Desde luego no es la reforma profunda que necesita el sistema educativo español». No en vano, tacha de positivo que incluya una disposición adicional sobre el profesorado.
Fuente: larazon.es
Degrada la clase de Religión, introduce como obligatoria la asignatura de valores y rebaja el nivel de exigencia
La ley Celaá que se remite al Congreso pone en guardia a la escuela concertada, ya que considera que traspasa algunas líneas rojas: elimina el criterio de la demanda social, introduce el representante municipal en el Consejo Escolar y considera a la concertada como una subsidiaria de la pública. Estas son las principales líneas del proyecto de ley.
Límites a la expansión de la escuela concertada
Pretende eliminar de la normativa el principio de «demanda social». Es decir, los centros concertados, donde estudian uno de cada cuatro niños españoles y generalmente muy solicitados, no podrán ampliar sus plazas aunque reciban más demanda si hay plazas para escolarizar a los alumnos en los colegios públicos.
También tendrán prioridad a la hora de recibir las subvenciones los colegios mixtos, en lugar de los que educan a niños y niñas en aulas separadas, lo que se conoce como educación diferenciada. Además, se elimina la referencia en la normativa vigente que dice que este tipo de educación «no se considera discriminatoria por género». Precisamente, la diferenciada está en el punto de mira del nuevo Ejecutivo ya que en el pacto de gobierno que firmaron PSOE y Podemos existe el compromiso de “promover la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”.
La asignatura de Religión, degradada
La reforma socialista prevé eliminar los aspectos que considera “más lesivos” de esta asignatura. Y esto supone “degradar” la materia en el currículum educativo en la medida en que no servirá para hacer media, ni contará para obtener una beca. Tampoco tendrá asignatura alternativa (materia espejo), como ocurre hasta ahora, de tal manera que el que no escoge estudiar Religión tenía que cursar Valores.
Educación cree que con esta fórmula no se incumplen los acuerdos con el Vaticano y se acaba con la idea de que muchos alumnos aprovechasen en el Bachillerato para matricularse en esta materia con la idea de subir nota, al hacer media, aunque no fueran creyentes.
En Bachillerato,a demás, pierde peso y deja de ser una materia específica, aunque no se detalla si pasará a considerarse optativa. La que pasa a ser obligatoria y puntuable es la asignatura de Valores Éticos (1º y 4º de la ESO), lo que muchos creen que puede ser una vuelta a Educación para la Ciudadanía.
Evaluaciones muestrales cada dos años en 6º de Primaria y 4º de la ESO.
Se seguirán haciendo con carácter muestral, como hasta ahora, aunque cada dos años, a finales de 6º de Primaria y 4º de la ESO. El Ministerio cree que con estas pruebas que se hacen sólo a un determinado número de centros se puede conocer el estado del sistema educativo y orientar las medidas de gestión de los control y las políticas públicas. No obstante, mantiene la cultura de evaluación del Gobierno Wert al establecer la obligación de que todos los centros españoles hagan evaluaciones en 3º o 4º de Educación Primaria y en 2º de la ESO, aunque sin efectos académicos. Ahora bien, prohibirá utilizar los resultados que se obtengan para clasificar a los centros. No habrá «reválidas» o exámenes que sirven para titular.
Las autonomías con lengua propia deciden el 45% de los contenidos
La reforma educativa propone devolver más competencias a las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial para determinar el contenido de la materia. Ellas son las que decidirán qué se hace en clase de catalán o en qué lengua se examina un alumno. “Se suprime la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las comunidades autónomas en las que hay lengua vehicular”, dice el proyecto de ley.
El texto incorpora la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del 2018 que anulaba la obligación de que la Generalitat de pagar a los padres los gastos derivados de querer escolarizar a sus hijos en castellano (unos 6.000 euros anuales) y avalaba la inmersión lingüística en catalán.
Vuelve a la regulación que hacía la LOE sobre la determinación de los contenidos que los alumnos deben estudiar los alumnos. De este modo, el Estado fija el 55% de los contenidos en el caso de las autonomías con lengua vehicular y ellas deben fijar el 45% restante. En el caso de las regiones en las que sólo se estudia en castellano, el Estado fija el 65% de los contenidos y ellas el porcentaje restante. Ya no habrá la división entre asignaturas troncales, sobre las que decide el Estado, y las de libre configuración autonómica, en la que decidían las Comunidades. Con ello se pretende conseguir algo que sepa lo mismo un niño en Andalucía que en Madrid, algo que, en la práctica, no se ha conseguido ni con la ley Wert ni con anteriores leyes.
Título de Bachillerato con un suspenso
En proyecto prevé la posibilidad de que un alumno pueda sacarse el Bachillerato aunque tenga una asignatura suspensa, lo que en el ámbito educativo se considera una “bajada del nivel” en cuanto a exigencia de conocimientos.
Plan contra el abandono y los repetidores
Educación tiene un plan para los alumnos que abandonen el sistema sin haber acabado la ESO. Así, prevé «facilitar un plan de orientación individualizado con la finalidad de continuar su proceso formativo, incluyendo todas las opciones y posibilidades», dice el proyecto del Ministerio. Además la norma prevé planes individualizados para los repetidores y obliga a los centros a aplicar medidas específicas que eviten el fracaso académico.
“Comisarios políticos” en los colegios
La norma recupera de la vieja LOE la figura del representante municipal en los consejos escolares no sólo de los colegios públicos, también de los concertados, una medida que no es bien vista por la concertada
Dirección de los centros.
El director “no será el único órgano de gobierno en los centros”. Los Consejos escolares recuperan el poder que les quitó la Lomce y ahora tomarán parte en la elección del director.
Eliminación de itinerarios
Se eliminan para evitar la doble vía en cuarto curso de la ESO para que haya una idéntica titulación.
Fuente: larazon.es
El Consejo de Ministros aprueba este martes la tramitación de la ley de Educación, que deja a esta asignatura como no evaluable y no computable.
Paulo Santos (47 años) es profesor de Religión en el IES Clara Campoamor, situado en la madrileña localidad de Móstoles, y ahora teme perder trabajo. Pero no sólo le ocurre a él. Antonio Díaz (56 años) tiene miedo de que las condiciones laborales como docente de Religión en el IES valenciano Francesc Ferrer i Guàrdia varíen y le repercutan negativamente en su sueldo. Y es que ellos, como otros 13.000 profesores de Religión de toda España, temen irse a la calle si la nueva ley de Educación -la Lomloe- sale hacia adelante. De hecho, este martes el Consejo de Ministros aprueba la tramitación de este Proyecto de Ley.
Pero esto estaba avisado. La primera ley que aprobará el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos será la ley Celaá -que derogará la Lomce-, cuyo sobrenombre se debe a la ministra de Educación, Isabel Celaá. La titular de la cartera de este Ministerio ha decidido sacarla adelante cueste lo que cueste. Este proyecto, sin embargo, tiene varias medidas polémicas. Una de ellas es el marcado cerco que hará a la asignatura de Religión, ya que esta materia pasará a ser no evaluable y no computable.
Además, Religión dejará de tener una asignatura espejo, es decir, una materia pensada para los padres que no quieran que sus hijos asistan a Religión. Un ejemplo sería la asignatura de Valores Éticos. Y, como consecuencia de estos dos cambios, profesores como Paulo o Antonio ven peligrar su puesto de trabajo.
https://s1.eestatic.com/2020/03/02/actualidad/Actualidad_471715449_147147755_640x360.jpg 640w, https://s1.eestatic.com/2020/03/02/actualidad/Actualidad_471715449_147147754_864x486.jpg 864w, https://s1.eestatic.com/2020/03/02/actualidad/Actualidad_471715449_147147753_1024x576.jpg 1024w, https://s1.eestatic.com/2020/03/02/actualidad/Actualidad_471715449_147147752_1706x960.jpg 1706w" sizes="(max-width: 479px) 100vw, (max-width: 1023px) 80vw, 40vw" alt="La ministra de Educación, Isabel Celaá." />La ministra de Educación, Isabel Celaá.
Para Paulo quitar “incentivos” para que sus alumnos adolescentes escojan una asignatura -"sea Religión o cualquier otra"- hace que estos prefieran irse a casa o al recreo. Y es que la nueva normativa prevé, por ejemplo, que la nota que saque un alumno en Religión no cuente para la EvAU. De ahí que crezca el miedo a que en “dos o tres años” el aula de Religión esté vacía. Un hecho que acarrearía un posible despido.
El motivo del posible despido es que los profesores de Religión, a diferencia de las demás del currículo, no son funcionarios a pesar de trabajar en la educación pública o concertada. Tienen un contrato de “personal laboral” y quienes los contratan son las Consejerías de Educación de las diversas comunidades autónomas. Pero claro, si dejara de haber alumnos que asisten a Religión porque, según la nueva ley, no computa en el expediente, también dejaría de haber necesidad de profesores. “Es como si uno abre un negocio y no tiene clientes. Pues se ve obligado a cerrar”, se queja el profesor Paulo, con 33 años a las espaldas como docente.
La “preocupación” de Antonio, también profesor de Religión y presidente de la Asociación de Profesores de Religión en Centro Estatales, es el duro golpe que la aplicación de la ley Celaá puede suponer para los bolsillos de los docentes. El riesgo no está sólo en los despidos, como denuncia Paulo, sino que “hacer menos horas que las que tenemos que hacer los profesores de Religión en la distintas comunidades autónomas por falta de clases y alumnos, evidentemente, repercutirá en que habrá menos horas trabajadas. Y, por ende, nuestro sueldo puede bajar”, explica Antonio.
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Pero Antonio tiene la esperanza de que las “enmiendas”, que se puedan presentar tanto en el Congreso como en el Senado durante la tramitación de la ley, hagan que Religión pueda seguir contando con una asignatura espejo, de modo que los profesores de la asignatura seguirían siendo necesarios para enseñar a los menores la materia.
“Seguiremos dialogando con el Gobierno para conseguir un pacto que satisfaga a las distintas partes. De no hacerlo, y si peligrasen los trabajos de los docentes de Religión, acudiremos a la justicia para reivindicar nuestros derechos laborales”, advierte Antonio, visiblemente preocupado la situación.
Amelia Álvarez, coordinadora nacional de las Plataformas de Enseñanza Pública considera un agravio lo que Celaá plantea para los profesores de Religión: "Van a por nosotros. Hay un ataque a las libertades, al punto 27.3 de la Constitución. Va a haber una reducción clara, pero constitucionalmente podemos ganar: porque no puede haber pedagógicamente una asignatura en un sistema educativo que no se pueda evaluar y calificar", aseguraba el pasado enero.
El proyecto de Ley
El texto que aprueba este martes el Consejo de Ministros de la mano de Isabel Celaá es el mismo que se aprobó el 15 de febrero de 2019 por el entonces Gobierno en funciones. En aquella ocasión, sin embargo, el proyecto de ley no llegó a tramitarse porque Pedro Sánchez ese mismo día convocó las elecciones generales del 28 de abril. Por ello, la tramitación de la nueva ley de Educación lleva más de un año paralizada.
Por ser el mismo texto que el planteado hace un año, la ministra Celaá ha argumentado la no necesidad de que el proyecto pase por el Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo que entonces aprobó el texto con un consenso mínimo. Lo hizo tras debatir 551 enmiendas de las que salieron adelante hasta un total de 120.
https://s1.eestatic.com/2020/03/02/actualidad/Actualidad_471715451_147147811_640x360.jpg 640w, https://s1.eestatic.com/2020/03/02/actualidad/Actualidad_471715451_147147810_864x486.jpg 864w, https://s1.eestatic.com/2020/03/02/actualidad/Actualidad_471715451_147147809_1024x576.jpg 1024w, https://s1.eestatic.com/2020/03/02/actualidad/Actualidad_471715451_147147808_1706x960.jpg 1706w" sizes="(max-width: 479px) 100vw, (max-width: 1023px) 80vw, 40vw" alt="Isabel Celaá, ministra de Educación." />El proyecto de ley tiene otras medidas polémicas como dejar las competencias sobre el castellano en manos de la Generalitat de Cataluña, poder superar Bachillerato con una asignatura suspensa y la eliminación del artículo 109.2 de la Lomce. Este defiende que las plazas ofertadas en los centros públicos y en los concertados estarán ligadas a la “demanda social”. Para la ministra Celaá esto es un “eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada”.
Y, cómo no, la devaluación de la asignatura de Religión que a pesar de establecer la obligatoriedad para que la asignatura esté en la oferta educativa, ésta dejaría de ser evaluada y computada. Un hecho que aboca a 13.000 profesores de Religión, como Paulo y Antonio, a una situación de incertidumbre y “preocupación” en su futuro empleo.
Fuente: elespanol.com
"España no ha dejado de ser católica, aunque vivimos en un humus cultural secularizado, y laicista incluso. La Iglesia española necesita aire". El cardenal de Valencia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, defiende los valores morales del cristianismo para la sociedad española frente a "la nueva cultura de nihilismo y laicismo" que, en su opinión, busca el Gobierno de Unidas Podemos y el PSOE.
En una extensa entrevista, el purpurado pone como ejemplos "la eutanasia y el aborto", pero se muestra especialmente preocupado por la futura ley de Educación que plantea el Gobierno. "No vamos a negociar sobre la clase de Religión, sino a exigir unos derechos de los padres", asegura. "En este momento la clase de Religión las tienen los musulmanes, los judíos, todas las confesiones cristianas... no hay ningún privilegio para la Iglesia. Y no es en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado, sino de la Constitución, que reconoce un derecho fundamental", añade, insistiendo en que se rompen los acuerdos "si la Religión no es considerada una enseñanza fundamental en el curriculum". "No podemos volver a alternativas ridículas, como la del parchís".
"Necesitamos hacer un gran pacto mundial por la educación, que nos lleve a una educación para la concordia, para la memoria de futuro que tenemos que construir entre todos, no una memoria de la que tengamos que avergonzarnos", apunta Cañizares, que cree que este Gobierno "no demuestra ir por ahí", y sostiene que, la "intención" del veto parental es "que se llame la atención sobre el derecho que tienen los padres y que nadie les puede quitar. Libertad de enseñanza, libertad para elegir, también los contenidos, que sea protegido ese derecho, que es primario, anterior al Estado".
"No acoger a los inmigrantes no es cristiano"
"Estamos haciendo una sociedad discriminada y discriminatoria. Quien está conmigo, de acuerdo; quien no está conmigo, fuera, excluido", lamenta Cañizares, quien se muestra crítico con el Gobierno por desentenderse de los refugiados una vez llegan a España –"Los reciben en el puerto, y luego los dejan, y elevan las vallas"–, pero también critica actitudes como las de Vox: "La labor de la Iglesia es formar a los cristianos, ofrecer pautas morales que digan que no acoger a los inmigrantes no es cristiano".
Pese a todo, el vicepresidente de la CEE aboga por "llegar a acuerdos" con el Gobierno, y recuerda su "estupenda relación" con Carmen Calvo en etapas anteriores, especialmente durante el Gobierno Zapatero. "Me llevaba bien, se consiguieron muchas cosas. Ellos también estuvieron abiertos al acuerdo", recuerda. Y es que fue Cañizares quien, entre otros acuerdos, consiguió el incremento del 0,7 en la Renta para los obispos.
IBI, inmatriculaciones, Franco...
¿Debe pagar la Iglesia el IBI? "Si la Iglesia tiene que pagar el IBI, también los sindicatos, también los partidos políticos, también distintas asociaciones que se dedican al servicio de los otros", responde Cañizares. "Ningún privilegio, pero tampoco perder ningún derecho".
En cuanto a las inmatriculaciones, el cardenal sostiene que "no me preocupan en absoluto, porque se ha hecho todo conforme a la ley".
En cuanto a la exhumación de Franco, Cañizares sostiene que "ha sido una polémica muy desgraciada" que "no favorece la concordia", y defiende que "el Valle de los Caídos tiene una significación por sí misma, incluso sin Franco". Pese a ello, se muestra de acuerdo en resignificar Cuelgamuros, aunque ello suponga la salida de los benedictinos. "Siempre que sea en esta lógica de concordia, de reconciliación, de perdón, de olvido de todos y de una España unida en común y adelante todos juntos, de acuerdo".
La unidad de España, ese bien moral
Y es que la unidad de España sigue siendo una de las grandes obsesiones del arzobispo de Valencia. "Hay que volver a las raíces, ser verdaderamente una España donde quepamos todos, donde colaboremos todos. Recuperar España, y hacerla grande, no en el sentido que se le daba en otros momentos, sino una España con una capacidad que no ha tenido ningún país del mundo".
"Cataluña me preocupa porque quiero mucho a Cataluña", responde Cañizares sobre el impulso independentista. Y añade, tajante, que "Cataluña no es sin España, ni España sin Cataluña, es una unidad. Y esto es un valor moral. Y eso hay que defenderlo".
Con respecto a las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal, Cañizares evita postularse, aunque se muestra dispuesto a liderar la Iglesia española. "No me apetece para nada ser presidente, pero si los obispos me votan, aceptaré", recalca, subrayando que en la Iglesia española "hace falta liderazgo. Que el presidente que elijamos se sienta libre, y que todos los que estemos su alrededor nos sintamos libres".
Sobre la pederastia en la Iglesia, Cañizares pide "ser inflexible en este tema" y "acompañar a las víctimas", y abre la puerta a que la Iglesia investigue casos del pasado, o indemnice a las víctimas. Respecto al papel de la mujer en la Iglesia, el vicepresidente del Episcopado admite que "debemos trabajar mucho más (…). La mujer debe tener un protagonismo mayor. El tema del ministerio sacerdotal, no entro en ello, pero eso no quiere decir que no se reconozca, se potencia y se fortalezca el papel de la mujer en la Iglesia".
Fuente: eldiario.es
En la tarde de ayer, Miércoles de Ceniza, la Coordinadora Estatal de Plataformas en defensa de Religión en la Escuela fue recibida en el Congreso de los Diputados por el Grupo del Partido Popular. Por parte del P.P nos recibió la Vicepresidenta del Congreso Ana Pastor y Sandra Moneo, portavoz adjunta del PP y responsable de la Comisión de Educación en el Partido.
Desde la Coordinadora de Plataformas mostramos nuestro rechazo una vez más por la propuesta del nuevo gobierno en torno al área de religión, que aunque no es nueva sigue en la hoja de ruta de la Ministra desde el anterior gobierno socialista. Así también, mostramos la preocupación de los docentes del área y de la precariedad que laboral que llegan a tener. Evidentemente centramos la reunión en la defensa de la asignatura de religión y de una libertad en la educación donde las familias puedan decidir la educación de sus hijos, en las repercusiones que tiene el que el área de religión no tenga una asignatura espejo, defender su propia evaluación y computabilidad como el resto de áreas, así como la necesidad de que el área de Religión tenga un horario digno.
Por parte del PP hubo una muy buena aceptación de nuestras propuestas, mostrando un apoyo total a nuestra asignatura y a nuestra situación laboral. Por ello seguiremos manteniendo contacto para futuras acciones. Desde la Coordinadora hay establecidas nuevas reuniones con otras organizaciones políticas, así como con la CEE y el propio MEFP.
