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El Gobierno de Aragón envió esta semana unas instrucciones a los centros escolares de la Comunidad para explicarles cómo se llevará a cabo el cambio de la distribución horaria de la asignatura de Religión. Esta materia cuenta en el actual curso escolar con 90 minutos, es decir, dos clases semanales. Sin embargo, desde ahora ya se pueden reducir a 45 minutos. Una medida que los centros interesados ya podrían aplicar a partir del próximo trimestre, si reciben el visto bueno de la Administración.
Una vez comenzado el curso académico, el Supremo decidió no admitir a trámite un recurso presentado por los obispos aragoneses contra una sentencia dictada el pasado año por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA). El fallo del TSJA permitía que el departamento de Educación, Cultura y Deporte modificara el currículo para que solo fueran obligatorios 45 minutos de Religión tanto en Infantil como en Primaria. De este modo, los colegios de Aragón pueden pasar de un horario lectivo con dos clases semanales de esta asignatura a una.
Por ello, el Gobierno de Aragón ha enviado a los centros unas instrucciones en las que se explica esta nueva situación y se les detalla cuáles son las opciones. Por un lado, aquellos que estén interesados pueden llevar a cabo esta modificación horaria a partir del próximo trimestre. Los colegios públicos contarán con total autonomía para presentar una propuesta al Consejo Escolar del centro, quien deberá dar el visto bueno al nuevo horario lectivo. Posteriormente, antes del 11 de diciembre se debe comunicar a la administración educativa el uso que se dará a estos 45 minutos.En los centros privados concertados, será el titular del colegio el que decida sobre "el inicio del procedimiento para la aplicación del horario de 45 minutos en el área de conocimiento de Religión".
Con esta medida se pretende reforzar la autonomía de los centros, que son los que decidirán si es mejor que sus estudiantes cursen una clase semanal más de Matemáticas, Inglés o Ciencias Sociales. Otra opción es que se implante más tiempo de tutoría o un refuerzo específico. “La modificación horaria de 2016 incluía un anexo en el que se especifican los minutos mínimos que debía tener cada materia. El objetivo era reducir la tasa de fracaso escolar permitiendo que fueran los centros los que definieran cuales eran las materias que sus alumnos debían potenciar”, explican desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de la Escuela Pública de Aragón (Fapar), quienes se muestran satisfechos con esta modificación.
Los centros que no dispongan de recursos suficientes para modificar su horario antes del próximo trimestre pueden esperar al curso 2019-2020. Siguiendo la Orden de 2016, el colegio tendrá total autonomía para decidir la organización de la clase semanal que deja libre la asignatura de Religión. Cada uno deberá incluir en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) la forma en la que se va a implantar esta autonomía, así como su justificación. El único requisito es que este tiempo se destine “a áreas de conocimiento dirigidas a la prevención del fracaso escolar”.
La mayoría de centros esperarán al próximo curso
A pesar de que el Gobierno de Aragón permite a los colegios adecuar las horas de Religión al mínimo exigido por ley, parece que no serán muchos los centros que presenten una opción alternativa para los dos últimos trimestres del curso. “Este año nos quedaremos como estamos. En 2016 ya tuvimos que realizar cambios a mitad de curso por esta cuestión y no nos queremos arriesgar”, recalcan desde el centro Zalfonada. No obstante, ya piensan en los cambios que se podrán llevar a cabo en 2019. “Es algo que abordaremos en los próximos claustros, pero lo más seguro es que estos 45 minutos de Religión se dediquen a alguna materia instrumental, probablemente a Lengua o Matemáticas”, subrayan.
Otros centros achacan el retraso de la decisión al próximo año por las dificultades que implica cambiar el horario escolar a mitad de curso. “Se debatirá en el siguiente claustro, pero seguramente esperaremos al año que viene. Es muy complicado mover todos los horarios, al personal...”, detallan desde el equipo directivo de La Estrella. Al mismo tiempo, recalcan que el proyecto bilingüe seguramente sea el beneficiario de estos 45 minutos extra que tendrán a partir del curso 2019-2020. “Es algo que todavía está por definir, pero será una de las propuestas para determinados cursos”, explican.
En el colegio Ana Mayayo también apuestan por esperar al próximo curso: “Tenemos 30 profesores y rehacer los horarios, con su respectivo papeleo, no es sencillo”. De cara al próximo año tienen pensado ampliar el actual proyecto con el que cuenta el colegio. “En determinadas horas cambiamos los grupos de clase, pasando de dos a tres. Por lo que hay menos alumnos por docente y ellos se interaccionan entre sí. A través de asignaturas como Matemáticas o Lengua se ponen en práctica otras cuestiones como la expresividad, la creatividad... Todo esto forma parte de nuestro proyecto de tiempos escolares basado en las emociones”, puntualizan.
Otros como el de Las Fuentes no tienen claro cuál será el destino de estos 45 minutos; aunque no descartan que se de más peso a la asignatura de Música. En el Basilio Paraíso o en el de Arcosur todavía no se ha abordado estos aspectos y se espera que sea en los claustros de profesores cuando se defina a qué se dedicarán estos 45 minutos; que incluso podrían quedarse en la asignatura de Religión o Valores Sociales y Cívicos.
¿Cuáles son las horas mínimas de cada asignatura?
Según lo establecido en la Orden de 2016 (que es a la que se regresará el próximo curso académico), durante toda la Primaria los menores tienen 225 horas semanales de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura respectivamente (5 clases), 90 de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales (2 clases de cada una), 150 de Lengua Extranjera, 120 de Educación Artística, 45 de Religión, otras tantas de Tutoría y 150 de Educación Física (que en 5º y 6º se reduce a 135, ganando peso el tiempo dedicado a una segunda lengua extranjera o a autonomía de centro). También hay que contabilizar los 180 minutos semanales de autonomía de centro (que en 5º y 6º pueden llegar a 225) y la media hora diaria de recreo.
Fuente: heraldo.es

La reforma educativa que prepara la ministra portavoz Isabel Celaá ha despertado la indignación de las familias católicas, que amenazan con tomar las calles como en los tiempos de Zapatero y con la misma intensidad con que la marea verde protestó contra Wert. Las propuestas del Gobierno para frenar el concierto, reducir el peso de la Religión o relegar la educación diferenciada por sexos han levantado ampollas en los colectivos agrupados en la plataforma Concertados, que representa a cerca de dos millones y medio de alumnos.
Sus representantes aún confían en que Celaá escuche sus reivindicaciones y logren llegar a un acuerdo, pero no dudarán en manifestarse y emprender una batalla judicial si la ministra mantiene su proyecto en los actuales términos. "Si sigue esta presión saldremos a la calle", advierte el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Pedro Caballero. Estos son los principales puntos de fricción:
La propuesta de "modificar la composición de los consejos escolares de los centros concertados reincorporando al representante del Ayuntamiento" ha escocido en la escuela privada financiada con fondos públicos. José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, dice que esta figura es un "comisario político" para "controlar" la gestión de la dirección y supone una "intromisión inaceptable". El representante del Ayuntamiento está presente en los consejos escolares de la pública, pero la Lomce lo eliminó de la concertada.
La Conferencia Episcopal acepta a regañadientes que la nota de Religión no vaya a contar para la media ni para pedir becas, pero no permitirá que deje de ser evaluable. Otra línea roja es la eliminación de la alternativa a Religión, que ahora es Valores. Los niños que no vayan a Religión tendrán Atención Educativa, una materia difusa, pues conlleva no avanzar en el temario. El Ministerio baraja que Religión se imparta a última o a primera hora para dejar tiempo libre a quienes no la cursen. Alvira considera que así se aboca a los alumnos a no escoger Religión. En Concapa temen, además, que en Bachillerato deje de ofertarse la asignatura de forma obligatoria.
Celaá quiere dar "prioridad" en el régimen de conciertos a los centros mixtos (la "coeducación") frente a los que separan por sexos. Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece), recuerda que la educación diferenciada está avalada por el Constitucional y por la Unesco y avisa de que irán a los tribunales si se les discrimina en el régimen de conciertos. "Va a haber lío como no cambie esta reforma, que tiene un gran sesgo ideológico por la presión de los socios del Gobierno", advierte.
El escollo más duro de pelear va a ser el de la "demanda social", un término que el Gobierno quiere quitar de la Lomce y que permite que la escuela concertada amplíe plazas si así lo piden las familias. Gracias a esta especie de salvaguardia, los colegios han ganado en vía judicial todos los recursos que han interpuesto cuando regiones como Aragón o la Comunidad Valenciana han intentado reducir la oferta. Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), dice que la medida va en contra del artículo 27 de la Constitución porque "limita la libertad de las familias de elegir la educación que quieren para sus hijos". Alvira habla de "estatalización" de la enseñanza. "Si no nos escuchan, nos haremos escuchar", avisa Ladrón de Guevara.
Fuente: elmundo.es
Retomar el Pacto Educativo nacional dentro del consenso; mantener la religión como asignatura en las aulas; apoyar y defender la enseñanza concertada; una financiación justa e igualitaria entre comunidades autónomas; y la la homogeneización del sistema educativo en todo el país. Estas son las principales propuestas que la Consejería de Educación ha remitido al Ministerio para que se incluyan en la reforma de la LOMCE.
La consejera, Adela Martínez-Cachá, exige al Ministerio que «abandone la política de ocurrencias y deje de anunciar medidas que carecen de rigor y que no han sido consensuadas con la comunidad educativa», y destaca que «el Gobierno central desprecia el pacto Educativo haciendo tabla rasa de todas las propuestas que se habían planteado en su seno y además pretende derogar la LOMCE para volver a la LOE, un modelo totalmente deficitario».
Cachá también critica que el Ejecutivo nacional esté acometiendo medidas de la máxima relevancia en el ámbito educativo sin contar con los sectores implicados. «Está actuando de manera dogmática y sin dar lugar a negociación alguna».
En cuanto a la propuesta del Ministerio de incluir en la reforma de la Ley educativa que se pueda aprobar el Bachillerato con una asignatura suspensa, la consejera destacó que «desde la Región de Murcia apostamos por la cultura del esfuerzo, y esta medida más bien parece ir en sentido contrario».
Entre las medidas propuestas, el Ejecutivo regional aboga por introducir en la nueva ley una reducción del trabajo administrativo de los docentes y de los estándares. Asimismo, plantea crear diferentes itinerarios formativos «como una herramienta eficaz contra el abandono escolar»; o la obligatoriedad de las asignaturas de corte filosófico en cuarto de ESO y segundo de Bachillerato.
La titular de Educación subraya que «apostamos por medidas que acaben con las desigualdades entre comunidades y que eviten el adoctrinamiento». Y, al igual que el Consejo Escolar del Estado, considera que se debe «avanzar en la homogeneización; no queremos 17 sistemas educativos en nuestro país».
Otra de las medidas propuestas es el impulso a una educación pública de calidad y la defensa de la enseñanza concertada. «El Gobierno central vuelve a atacar el derecho de las familias a elegir el tipo de centro que desean para sus hijos», apunta. Y explica que el Ejecutivo regional defiende el derecho de las familias que demandan que sus hijos cursen la asignatura de Religión, «una asignatura que en nuestra comunidad cursan cerca del 70% de alumnos, y lo hacen porque así lo eligen ellos o sus familias en total libertad».
La titular de Educación exige al Gobierno, por último, una financiación «justa e igualitaria entre la comunidades para impulsar medidas que redunden en la mejora del sistema educativo».
Fuente: laopiniondemurcia.es

La delegada de Enseñanza de la Diócesis de Málaga, Carmen Velasco, desgrana los puntos principales de la consulta pública que ha abierto hace unos días el Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación ha abierto estos días una consulta pública previa sobre un anteproyecto de ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación ¿Qué persigue está consulta?
Ha sido toda una sorpresa, porque ahora mismo la ley actual, es la LOE más las modificaciones que hizo la LOMCE, porque la LOMCE, que fue la reforma que hizo el Partido Popular, no es una ley completa, sino que modificó algunos artículos de la LOE, que fue la ley que aprobó el anterior gobierno socialista. Por tanto, parece que el gobierno actual pretende modificar tanto la LOMCE como la LOE, porque muchos de los objetivos que propone ya están recogidos en los planes anteriores. Sin mencionar el año de trabajo de la subcomisión del Congreso de los Diputados sobre el pacto educativo, donde todos los sectores afectados aportaron. Una subcomisión de la que el Partido Socialista decidió retirarse porque decía que el gobierno no aumentaba la partida de Educación. Y, de pronto, nos sorprenden con una consulta pública previa. Es más, antes de acabar el plazo, el 7 de noviembre, el Ministerio ha publicado su propuesta, obviamente, sin recoger las aportaciones de la consulta.
¿Cuándo se abrió esta consulta?
El plazo ha sido del 26 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2018. Pero la noche del 9 de noviembre comencé a recibí correos electrónicos en los que se me informaba de que ya estaba lleno el buzón y no admitía más correos, cuando el plazo no había expirado aún.
¿Qué propone está ley?
Entre los objetivos de la norma explica que pretende “regular el ejercicio del derecho a una enseñanza de la religión confesional, sin que obligue a una asignatura alternativa ni interfiera en la nota media obtenida en enseñanzas académicas, en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede”. Lo que va claramente en contra de los acuerdos Iglesia-Estado que dice que tiene que ser “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Entonces tendríamos que dejar de evaluar el resto de asignaturas y no hacer nota media, para así equiparlas. Al gobierno se le ha debido olvidar que hay dos sentencias recientes, una del Tribunal Constitucional y otra del Supremo reconociendo el estatus de la asignatura de Religión igual al del resto de las asignaturas. El alto tribunal dictó que la asignatura de Religión y su alternativa no sólo deben incluirse como materias opcionales, sino que, como dicta la LOMCE, son evaluables y la nota cuenta para la media del curso «a todos los efectos», para optar a beca o calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación.
Y todo esto se ha hecho sin consultar a los padres...
Ni a las federaciones de padres y madres, ni a los titulares, ni a los profesores, ni al personal no docente, ni a los alumnos mayores, por lo que suena a planificación unilateral. Decía en un programa de radio que estaba escuchando estos días que parece que los hijos son del Estado y no hay que olvidar que los hijos son de sus padres. Y como bien recoge la Constitución, son las familias las que tienen el derecho a elegir el tipo de educación que les dan a sus hijos. Con esta modificación ¿Se quiere saltar el gobierno la libertad de enseñanza a la que tenemos derecho todos los españoles?
Más:
Carmen Velasco, en el programa La Mañana de TVE (12/11/18)
Reforma educativa, concertada y Religión (Diario Sur/Rafael Pérez Pallarés)
Los padres responden al último desafío del Gobierno contra la Religión: "Vulnera nuestros derechos"
FUENTE: diocesismalaga.es

Los obispos españoles se reunirán con la ministra de Educación, Isabel Celaá, el próximo lunes 3 de diciembre para dar su opinión sobre la reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y han asegurado que la presencia en el currículo y la evaluabilidad de la clase de Religión son "innegociables".
"Hay prevista una reunión con la ministra de Educación en respuesta a una petición que hicimos en el mes de julio a raíz de la exposición a la opinión pública en la red de opiniones sobre el anteproyecto de reforma de la LOMCE. Nosotros hemos pedido que no solo por la vía de Internet, sino que la Conferencia Episcopal Española tenga una reunión", ha anunciado el portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo, en una entrevista concedida a Europa Press.
Gil Tamayo se refiere así al documento que publicó el Ministerio de Educación hace dos semanas donde exponía los principales objetivos de la próxima reforma de la LOMCE que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, y en el que detalla que la asignatura de Religión dejará de contar para la nota media. El documento fue subido a la web del Ministerio para ser sometido a consulta pública pero los obispos consideraban que más allá de poder manifestar su opinión en dicho portal, debían mantener una reunión en persona.
"Es una iniciativa que me parece muy buena, que los ciudadanos puedan opinar sobre los proyectos legislativos que proponen los partidos o que llegan a la Cámara, pulsar a la ciudadanía hoy por las nuevas tecnologías es una forma maravillosa de participación pero creíamos, como institución, que la CEE debía decir una palabra, sobre todo, por el peso de la Iglesia Católica en el ámbito educativo español, sobre todo en los temas de libertad educativa, conciertos y clase de Religión", ha precisado el portavoz de los obispos.
Sobre la clase de Religión, los obispos consideran "innegociable" la evaluabilidad de la asignatura y su presencia en el currículo escolar en igualdad de condiciones con el resto de materias, aunque sí ven la posibilidad de negociar que compute o no para la nota final. Si bien, el Gobierno propone en la reforma que esta asignatura de Religión deje de ser evaluable.
"Lo de computable es negociable, lo que no es negociable es su capacidad de ser evaluada y su presencia en igualdad de condiciones al resto de materias que concurren a la formación integral de los alumnos y este es un derecho también de los padres, de educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones", ha precisado.
Sobre la oferta de la clase de Religión en Primero y Segundo de Bachillerato, el portavoz de los obispos ha indicado que esto tampoco es negociable porque "la oferta tiene que ser obligatoria", también en esta etapa.
Si les propusieran una asignatura de las religiones, en lugar de la que se imparte actualmente, Gil Tamayo, ha matizado que la Religión es "confesional". Si bien, ha enfatizado que esta asignatura "no es una catequesis" sino "una integración del hecho religioso con otros saberes en una formación integral".
A su juicio, la enseñanza de la Religión en el currículo escolar hay que entenderla "desde la concepción del hecho religioso en la sociedad democrática. "Hay que partir de la aconfesionalidad y de una laicidad positiva, no de una exclusión del hecho religioso al ámbito privado", ha subrayado, al tiempo que ha apostillado que "el hecho religioso es un elemento identitario".
PONEN "EN SOLFA" EL DERECHO DE LOS PADRES A ELEGIR COLEGIO
En cuanto a la educación concertada, Gil Tamayo ha indicado que eliminar la demanda social, como quiere el Gobierno, es "poner en solfa" el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos que está "plasmado en la Constitución Española, en el artículo 27, que es el Pacto Educativo fundamental".
"Cuando se entra en una dinámica de imposición en cualquiera de las modalidades legislativas que obvia el consenso y el pacto de las instituciones implicados, lógicamente estamos fuera del espíritu constitucional y en una cuestión esencial todavía no resuelta que es el de la educación en nuestro país que está a merced de las distintas alternativas de Gobierno con el cariz ideológico al uso", ha lamentado.
El Estado, ha añadido, debe ser "garante y posibilitador" pero "subsidiario" en la educación porque "el derecho es primario de los padres" y eso "se tiene que traducir en la libertad de elección de centro" y en mantener la demanda social. "Entender la educación solo desde postulados partidistas --ha insistido--, como si la única representación civil fueran los partidos, es excluir a la sociedad civil y a los protagonistas que son, entre otros, los padres".Gil Tamayo dejará de ser secretario general y portavoz de los obispos españoles la próxima semana --una decisión que ha tomado después de que la semana pasada fuera nombrado obispo de Ávila--, y por lo tanto, ha indicado que no estará presente ya en las futuras conversaciones, pero ha puntualizado que "tiene que haber diálogo entre Iglesia, Conferencia Episcopal y el Estado", tanto entre el presidente del Gobierno con el presidente de la CEE, como a nivel más técnico, con la vicepresidenta del Ejecutivo y ministros.
"Nos gustaría entrar en unas claves normalizadas de diálogo y, según las materias que haya que tratar, con los ministerios, de forma más técnica", ha subrayado. El "gran error" de partida, según ha dicho, es que a los obispos, el Ministerio de Educación no se les haya comunicado, antes de publicarse en los medios, el contenido de la reforma de la LOMCE que afecta a la Iglesia.
Fuente: lavanguardia.com

Los profesores lamentan que se quieran «recortar derechos» a las familias.
Pedro Sánchez mantiene el pulso con la asignatura de religión y con todos los que defienden su presencia en las aulas. Para el nuevo Gobierno socialista, esta materia parece focalizar todos los males de la educación y ahora que prepara una nueva reforma de la ley educativa [la enésima del actual periodo democrático] insiste en que pierda valor académico. Por el Ejecutivo, la religión hace tiempo que hubiera salido del horario escolar y habría dejado de ser evaluable. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2018 daba un nuevo golpe a las intenciones del PSOE al avalar que la asignatura sea evaluable aunque optativa en Primaria y Secundaria.
Como primer paso para llevar su ley al Parlamento, el Ministerio ha publicado una consulta en su web, aunque Carmen Velasco, delegada diocesana de enseñanza, manifiesta su «sorpresa» porque desde su punto de vista «no se le ha dado publicidad». La intención es que los ciudadanos den su opinión sobre las propuestas de cambio, entre ellas, las que afectan a la religión, que aunque no sea obligatoria, sí que es obligatorio que los centros educativos la oferten a las familias. O que deje de computar para obtener una beca o para acceder a la Universidad.
Andrés García, profesor de religión del colegio León XIII, señala que las últimas declaraciones de la ministra Isabel Celaá no hacen más que «explicitar su hoja de ruta, es decir, acosar a la concertada, hostigar a los padres, recortar derechos y, por supuesto, destruir de facto la asignatura de religión y dejarla como un fantasma», explica.
Parece que no es nada nuevo, en cualquier caso. García mantiene que el Gobierno no tiene actualmente la fuerza necesaria en el Congreso para aprobar una nueva ley educativa, al menos hasta las próximas elecciones.
A Carmen Velasco, por su parte, también le extraña que el Ministerio continúe con sus intenciones después de que el Constitucional se pronunciara hace escasos ocho meses, desestimando el recurso del PSOE contra la Lomce. «Se les ha olvidado o no lo han mirado», señala la delegada de enseñanza del Obispado malagueño y vicepresidenta de la Fundación Victoria, quien también echa en falta «diálogo con la Conferencia Episcopal en el tema de la religión y con el resto de los sectores en el tema que plantea la consulta».
Lo que pretendería el Gobierno de Sánchez es contar con unos datos previos, un respaldo ciudadano y unas cifras sobre los que escudarse. «No sé si lo que quiere es dar carta de legitimidad a ese deseo que tienen de quitar la religión de la escuela que parece que si no lo hacen les va a dar un sarampión. O si es un precio que tienen que pagar por determinados acuerdos que hayan llegado con otros partidos», mantiene Carmen Velasco.
Entre las medidas que se recogen en el documento iniciado por el Gobierno y sobre el que pretende que la comunidad educativa se pronuncie, «aunque el plazo termina el sábado la web del Ministerio ya no admite más sugerencias», critica también Velasco, que cree que detrás se encuentra restar peso a la religión y evitar que exista una asignatura alternativa, como hasta ahora. «Supongo que no pretenderán castigar con una hora más de clase a las familias que eligen religión», insiste Carmen Velasco, que recuerda que la religión siempre ha tenido alternativa «con distintos modos, contenidos y nombres, como, ética, estudios dirigidos, historias de las religiones... según las leyes».
Del mismo modo, señala que la religión siempre ha sido evaluable, «lo que no ha sido siempre es computable para las medias o paras las becas». Pero evaluación siempre ha habido «desde el principio de los tiempos, incluso con el PSOE en el Gobierno, y siempre ha tenido currículum y profesor». Evaluable y calificable. «El Gobierno socialista sigue con su juego y no respeta tampoco los acuerdos Iglesia-Estado».
Velasco también insiste en que el Gobierno no puede negar la posibilidad de que se pueda recurrir en defensa del artículo 27 de la Constitución, que ampara la libertad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos. «Tiene una obsesión decimonónica y lo cierto es que ir en contra siempre de la religión es muy antiguo. No es moderno. En los países europeos la religión cuenta con un estatus normalizado en la escuela pública».
Andrés García dice que España no es una rara avis en Europa, ya que la Religión es obligatoria u optativa en todos los países del entorno, a excepción de Francia.
Fuente: laopiniondemalaga.es
El Gobierno de Pedro Sánchez recupera sus antiguos postulados en Educación y alejan la posibilidad del necesario consenso en torno a este asunto capital.
El Ministerio de Educación ha pergeñado un proyecto de ley de reforma educativa sin concluir las consultas a la comunidad educativa que representa una vuelta a las antiguas LOE y Logse socialistas, en líneas generalees. La reforma da más potestad a las comunidades autónomas en materias como la escolarización en las lenguas cooficiales, resta peso a la enseñanza de Religión y suprime el blindaje a la escuela concertada suprimiendo el concepto de “demanda social”. Estas son las principales líneas de la reforma que ha avanzando la titular del departamento, Isabel Celaá.
El ministerio quiere erradicar lo que considera los aspectos “más lesivos» de esta enseñanza. Así, no habrá asignatura alternativa a la Religión, como ocurre ahora, no contará para la nota media a la hora de hacer la EVAU o selectividad, ni tampoco para optar a becas. En Bachillerato pierde peso y deja de ser una materia específica, aunque no se detalla si pasará a considerarse optativa. La que pasa a ser obligatoria y puntuable es la materia de Valores Éticos, lo que muchos creen que puede ser una vuelta a Educación para la Ciudadanía.
Las evaluaciones se seguirán haciendo con carácter muestral, como hasta ahora, aunque cada dos años, a finales de 6º de Primaria y 4º de la ESO. El Ministerio cree que con estas pruebas que se hacen sólo a un determinado número de centros se puede conocer el estado del sistema educativo y orientar las medidas de gestión de los controles y las políticas públicas.
No obstante, mantiene la cultura de evaluación del Gobierno Wert estableciendo la obligación de que todos los centros españoles hagan evaluaciones en 3º o 4º de Educación Primaria y en 2º de la ESO, aunque sin efectos académicos. Ahora bien, prohibirá utilizar los resultados que se obtengan para clasificar a los centros. Las 'reválidas' o exámenes que sirven para titular, quedan suprimidos.
La reforma educativa propone devolver más competencias a las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial para determinar el contenido de la materia. Ellas son las que decidirán qué se hace en clase de catalán o en qué lengua se examina un alumno. Así, incorpora la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del 2018 que anulaba la obligación de que la Generalitat pagara a los padres los gastos derivados de querer escolarizar a sus hijos en castellano y avalaba la inmersión lingüística en catalán. Vuelve a la regulación que hacía la LOE sobre la determinación del currículo (55%-65%).
Fuente: esdiario.com
Los padres han manifestado su más absoluto rechazo a este plan educativo del Gobierno. Pedro José Caballero, presidente de la Asociación de Padres CONCAPA. Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos, cree que la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos ya ha sido vulnerada. En una entrevista este viernes en 'Mediodía COPE', Caballero asegura que este borrador de reforma ha desconcertado entre aquellos que trabajar en mejor el sistema educativo desde fuera de la política. "Esta situación genera mucho malestar. Estamos en un momento muy crítico donde nosotros trabajamos y otros imponen", ha dicho.
Sobre los ataques a la asignatura de religión, Caballero recuerda que en el artículo 27 de la Constitución queda claro que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. "A algunos se les eriza el pelo cuando recordamos este artículo, pero hasta ahora es el gran consenso que ha existido en este país. Si queremos consenso no se puede imponer. Eso es de países totalitarios, no democráticos".
Caballero cree que para el gobierno la religión será el peor de los problemas, pero lo cierto es que el sistema educativo española presenta numerosos defectos. "Tenemos un fracaso escolar altísimo, abandono escolar impresionante, baja participación de las familias, pocas becas, situación de comedores, transporte escolar... Cosas mucho más importantes que no quieren ver", ha dicho.
Por último, el presidente de la CONCAPA cree que esta nueva maniobra del Gobierno es una "imposición" de sus compañeros de viaje (en referencia velada a Podemos) y en la "premura"por "sacar cosas adelante en una situación seriamente complicada".
Fuente: cope.es

El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la modificación de la LOMCE. El Ministerio de Educación ya tiene elaborado un documento analizando el futuro de la ley educativa, que ha presentado a la comunidad educativa para recabar su opinión. Entre las medidas que recogen, abogan por rectificar la normativa vigente para evitar que exista una alternativa a la religión en el horario lectivo y que esta asignatura cuente para la media. También pretenden que deje de ser "una materia específica" en Bachillerato.
Con estas propuestas, el Ejecutivo socialista pretende recuperar una materia centrada en "una Educación en valores cívicos y éticos" en un curso de Primaria y en otro de Secundaria. Estas sugerencia figuran desglosadas por el departamento de Isabel Celaá en un documento titulado "propuestas para la modificación de la ley orgánica de educación".
Esta estrategia recoge una medida novedosa con la que el equipo de la Celaá pretende combatir el abandono escolar, que consiste en diseñar "un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen esa medida".
Educación también apuesta por que los centros que segregan por sexos dejen de recibir dinero público. "Se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de la coeducación", exponen en el documento, adelantado por El País. Con esta propuesta pretenden fortalecer "el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos e impulsar, en este terreno, las políticas activas por la igualdad".
La normativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert blindó la financiación pública de los centros que segregan por sexos. Esta ley recogía que este modelo de enseñanza "no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos" y que no se le podrá aplicar "un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas".
El Tribunal Constitucional avaló en abril este artículo de la normativa, después de que los socialistas presentasen un recurso contra ese punto de la ley. Aún así, desde el equipo de Celaá proponen "eliminar la referencia a que la 'educación diferenciada' no se considera discriminación por género" en la normativa.
El PSOE también denunció el peso que fue ganando la asignatura de religión en el currículum educativa gracias a la Lomce. En Bachillerato esta asignatura está incluida en un paquete amplio de optativas tradicionalmente más duras, como Dibujo Técnico o Francés. Una de las consecuencias que se han percibido tras la implantación de la Ley Wert es que el número de alumnos de institutos públicos que escogen esta materia ha aumentado, ya que en esta etapa postobligatoria esta asignatura influye en la calificación final que condiciona el acceso a la universidad. Pasando así del 23% de estudiantes de Bachillerato que cursaban esta materia antes de la entrada en vigor de esta normativa al 37%, según datos del pasado mes de marzo.
Una vez que el PSOE ha llegado al poder quiere revertir el peso que tiene esta asignatura en el currículum educativo. Por ello, abogan por "organizar la enseñanza de la religión confesional de modo que no exista la obligación de cursar una materia alternativa por quienes no soliciten dicha enseñanza".
Por otro lado, Educación quiere que estas modificaciones contribuyan a "eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros". Para ello apuesta por modificar "los criterios de baremación, reconociendo la situación de las familias monoparentales, de las víctimas de violencia de género y de terrorismo".
Por su parte, en el apartado destinado a las medidas centradas en la inclusión educativa proponen la eliminación de los itinerarios, la reformulación del programa de refuerzo para los alumnos y de la Formación Profesional Básica para que estos alumnos puedan conseguir el título de Secundaria.
Desde el Ministerio apuntan a la Lomce como una de las desencadenantes del "alto número de repetidores". En nuestro país l a tasa española de abandono escolar temprano duplica la de la UE y el porcentaje de alumnos repetidores triplica la media de la OCDE.
Para incentivar que estos alumnos no abandonen las clases, optan por "establecer un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen esta medida". Además, otorgan la potestad a las juntas de evaluación de los colegios de adoptar "medidas educativas ordinarias previas a la repetición".
Aunque, también buscan legislar para aquellos que dejan el sistema sin título de ESO. Para este colectivo proponen un "plan de orientación individualizado con la finalidad de continuar su proceso formativo".
Otro de los bloques está centrado en el sistema educativo y el modelo territorial. En él se decantan por "suprimir la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las comunidades autónomas en las que hay lengua cooficial".
Si estas medidas finalmente se aprueban, con ellas se pondrá fina a las polémicas reválidas implantadas por Wert al final de Primaria, ESO y Bachillerato. La oposición política y de la comunidad educativa obligaron al Gobierno del PP a descafeinar estas pruebas, concebidas en sus inicios como una criba que era necesario superar para obtener el título. Finalmente derivó en un examen que no afectaba a la media y era muestral.
En este documento Educación aboga por mantener el carácter muestral de estos ejercicios, con una periodicidad plurianual, para evaluar el estado del sistema educativo, "rendir cuentas por parte de los centros y orientar las medidas de gestión de los centros y las políticas de las administraciones. Asimismo, reflejan que se prohíba la utilización de los resultados "para realizar valoraciones de los alumnos o para la clasificación de los centros".
Desde el Ejecutivo socialista buscan que la democracia interna de los centros aumente, así como que se haga "real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los mismos". Para ello, abogan por que este colectivo gane peso a la hora de elegir al director del colegio o del instituto.
Fuente: eldiario.es

La organización Escuelas Católicas ha distribuido en sus centros un modelo de carta para que las familias de sus alumnos se dirijan al Ministerio de Educación y Formación Profesional mostrando su disconformidad con la modificación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que prepara el Gobierno, y que contempla, entre otras medidas, que la asignatura de Religión no cuente para la nota media.
El modelo de carta distribuido por Escuelas Católicas, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige a la ministra Isabel Celaá, y el firmante manifiesta no estar conforme con algunas de las medidas que incluye el "Anteproyecto de Ley de Modificación de la actual Ley de Educación", un documento que el Ministerio expone los principales objetivos de la próxima reforma, y que está sometido a consulta pública hasta el 10 de noviembre.
"Deseo mostrar mi oposición a que se inicie la tramitación de una nueva reforma de la vigente legislación básica educativa sin el mínimo y necesario diálogo y consenso", se lee en el modelo de carta de Escuelas Católicas dirigido a padres y madres, donde se califica la reforma de la LOMCE como "una modificación unilateral de la norma educativa" que contribuye a mantener "el clima de inestabilidad dentro del sistema educativo".
La carta también manifiesta el "rechazo" a que se "elimine" tanto la asignatura alternativa como la consideración académica de la asignatura de "religión confesional". "No cabe otorgar a la asignatura de Religión un estatus inferior al resto de asignaturas, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional", se proclama en la misiva.
"Queremos que se oiga nuestra voz", ha explicado a Europa Press el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira. La organización ha "animado" a los directores de sus centros a difundir el modelo de carta entre profesores, padres y madres de alumnos para "participar" en la consulta pública.
La carta dirigida a Celaá también denuncia "la voluntad del actual Gobierno de "planificar unilateralmente" la programación de puestos escolares sin tener en cuenta la demanda social de las familias, ni la existencia de Centros privados concertados", y critica que el Gobierno opte por "la uniformidad por encima de la creatividad en métodos y planes pedagógicos" por pretender "vincular la autonomía de los centros al fomento de planes estratégicos y líneas de trabajo para mejorar su calidad".
Fuente:europapress.es
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado un documento donde expone los principales objetivos de la próxima reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellos, se detalla que la asignatura de Religión dejará de contar para la nota media, y que los poderes públicos recuperarán la programación de la enseñanza.
El documento ha sido publicado en la web del Ministerio para ser sometido a consulta pública, y contiene nueve puntos que detallan los objetivos del próximo anteproyecto de ley orgánica de modificación de la también conocida 'Ley Wert', aprobada por el Partido Popular en el año 2013 con la oposición del resto de los grupos parlamentarios, y que desde entonces ha provocado «un frente de críticas y protestas del conjunto de la comunidad educativa y de la sociedad», según el Gobierno.
El Ministerio sostiene en el documento que la aprobación de la LOMCE ha derivado en diversos «problemas» a resolver, como los itinerarios, que han incrementado «las desigualdades en la educación y perjudicado la inclusión y la equidad». También señala las reválidas y la publicación de los resultados de las evaluaciones por centros, ya que «puede dar lugar a clasificaciones jerarquizadas».
El documento atribuye a la LOMCE la «menor participación de los distintos sectores de la comunidad educativa» y el «desequilibrio de las competencias de gestión a favor del director y de la administración educativa» en los centros. También la reducción del «papel de los poderes públicos en su función de garantizar el derecho a la educación a través de la creación plazas públicas». Algo que la ministra Isabel Celaá ha criticado por permitir que la educación pública «pueda considerarse subsidiaria de la concertada».
Para revertir esta situación, el documento del Gobierno propone «recuperar plenamente, para los poderes públicos, el mandato constitucional de la programación de la enseñanza, apoyando la coeducación», así como «vincular la autonomía de los centros al fomento de planes estratégicos y líneas de trabajo para mejorar su calidad, exigiendo una mayor transparencia en la rendición de cuentas».
También «mejorar el sistema de admisión con políticas activas, con el fin de que diversos colectivos se vean reflejados en los criterios de baremación y eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros», y «diseñar un sistema que atienda los diferentes intereses, aptitudes y capacidades del alumnado, garantizando la equidad y la calidad educativa en todos sus niveles y facilitando que ningún estudiante quede excluido, con el fin de lograr un ejercicio efectivo del derecho a la educación».
Sobre la asignatura de Religión, la propuesta del Gobierno pasa por «regular el ejercicio del derecho a una enseñanza de la religión confesional, sin que obligue a una asignatura alternativa ni interfiera en la nota media obtenida en enseñanzas académicas, en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede», según se detalla en el documento.
Además, entre los objetivos de la reforma figura «llevar a cabo una regulación de las competencias educativas del Estado y las CCAA respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional», y «hacer real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, equilibrando las competencias del director o del titular y del Consejo Escolar».
Fuente: abc.es

Fechas en las que se somete a consulta pública:
Remisión de aportaciones: consulta.seefp@mecd.es 
También lo puedes descargar desde aquí: 20181031_consultaMEC.pdf
Fuente: mecd.gob.es

El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a la reforma de la ley Wert. La ministra Isabel Celaá ya tiene listos tres folios con nueve puntos que constituyen el germen de la llamada a ser la novena norma educativa de la democracia. El Ministerio ha sometido el documento a consulta pública para recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas de la escuela. Celaá también se está reuniendo con los principales agentes para escuchar sus aportaciones. El texto, sin embargo, deja cerradas cuestiones como la Religión o el freno a la concertada, que van a imposibilitar el acuerdo con partidos como el PP, Cs o el PNV.
El borrador señala que uno de los "objetivos" de la ley es "regular el ejercicio del derecho a una enseñanza de la religión confesional, sin que obligue a una asignatura alternativa ni interfiera en la nota media obtenida en enseñanzas académicas, en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede". Esto significa que dejará de ser evaluable y no contará para becas o la universidad. Tampoco habrá una materia espejo que los alumnos pueden escoger en vez de Religión, como pasa ahora con Valores. "Es una vuelta a LOE, como en el resto de las cosas", dice Mario Gutiérrez, presidente de Educación de CSIF.
Pone como ejemplo otro de los puntos: "Hacer real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los fondos sostenidos con fondos públicos, equilibrando las competencias del director o del titular y del Consejo Escolar". Gutiérrez explica que "la Lomce quitó competencias al Consejo Escolar para dárselas a los directores y este Gobierno intenta ahora volver atrás para darle competencias al Consejo Escolar". "No son éstas las cosas importantes de la educación", advierte. "Esto es cambiar algo para que todo vuelva a ser igual".
La Ley Orgánica de Educación (LOE) se aprobó en 2006, durante el Gobierno de Zapatero, con el acuerdo de todos los grupos menos el PP. En 2013 se modificó parcialmente con la Lomce. El Ministerio enumera en su borrador los "problemas" que dice que generó la ley Wert -desde los itinerarios al currículo, pasando por las reválidas- y plantea la "eliminación" de los mismos.
"Lo que viene a decir el texto es que nos retrotraemos a la formulación de la LOE", interpreta también Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. "Plantea retocar las cosas que la Lomce, a su juicio, ha empeorado. Por ejemplo, eliminar los itinerarios, las reválidas o la posibilidad de que sus resultados se puedan publicar; recuperar los ciclos formativos en Primaria... Todo eso era la LOE y, en algunos casos, la Logse".
Sectores educativos de distinto signo están "decepcionados" porque se esperaban un cambio de más calado. Sobre todo después de que el PSOE rompiera, el pasado 6 de marzo, las negociaciones del Pacto de Estado con el pretexto de que el PP no quería blindar un gasto educativo del 5% del PIB. Crece la sospecha de que a los socialistas, en realidad, no les interesaba pactar nada. Y no se entiende por qué, tras despreciar aquel acuerdo, tratan de "escenificar" ahora una especie de pacto después del pacto para volver a la LOE. "El Gobierno lo tiene ya todo negociado", expresa Marta Martín, portavoz de Educación en el Congreso de Ciudadanos, un partido cuyo apoyo será crucial para que pueda salir adelante la nueva ley orgánica. "Si el camino es la Religión, la concertada y esas cosas, no tendrán nuestro apoyo. Si desean hacer una reforma de calado para resolver la inequidad territorial, estaremos a su lado".
Sobre la cuestión territorial, el texto es ambiguo: "Llevar a cabo una regulación de las competencias educativas del Estado y las CCAA respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional". Respecto a la concertada, ya no habla de eliminar el concepto de "demanda social", pero lo sustituye por "recuperar plenamente, para los poderes públicos, el mandato constitucional de la programación de enseñanza, apoyando la coeducación". "Viene a ser lo mismo", lamenta Sandra Moneo, secretaria de Educación e Innovación del PP, que ha puesto como línea roja "innegociable" la defensa de la "libertad de elección de las familias".
Hay una cosa nueva: la que plantea "mejorar el sistema de admisión con el fin de que diversos colectivos se vean reflejados en los criterios de baremación y eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros". ¿Esto que significa? Fuentes educativas explican que se refiere a incluir a los niños en acogida o las familias monoparentales en el sistema de puntos, por un lado, y revisar, por otro, los exámenes de idiomas que dan acceso a institutos bilingües en la Comunidad de Madrid.
Mari Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, explica que el articulado estará redactado a finales de diciembre. Su propio grupo ha accedido a prorrogar con el PP el plazo de enmiendas de su proposición de ley sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Lomce. Esta iniciativa, que inicialmente iba a ser el vehículo para desmontar la ley Wert, ha quedado desfasada.
Fuente: elmundo.es

El Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite el recurso presentado por los obispos contra la resolución del Gobierno de Aragón de reducir a una clase (que dura 45 minutos) la asignatura de Religión en Infantil y Primaria. De esta forma, el próximo curso 90.000 alumnos tendrán solo una sesión semanal de esta disciplina, o de la que le sustituye, frente a las dos actuales.
La consejera aragonesa de Educación y Cultura, Mayte Pérez, ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar el auto, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) les ha remitido hoy. En él se hace firme la sentencia emitida por el TSJA en julio de 2017 que permitía reducir de 90 a 45 minutos esta asignatura en Infantil y Primaria. La medida no se podrá hacer efectiva este curso 2018-2019 por razones organizativas, dado que los centros ya han consolidado los horarios y cupos y se generaría un gran perjuicio.
Cuando se implante el próximo curso escolar los centros podrán destinar esos 45 minutos a otras materias, como inglés, música, educación artística o física u otros refuerzos, en función de las características de cada colegio, añadió Pérez.
La sentencia es para la consejería una "grandísima noticia", que podría haber llegado antes y de esta forma la medida habría podido implantarse este curso. No obstante, si algún centro muestra su intención de aplicarla ya, el departamento está abierto a estudiar las posibilidades.
El Departamento de Educación tomó esta decisión en el año 2016, cuando modificó el currículo para impartir únicamente 45 minutos en Religión. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón avaló la decisión, pero mantuvo las cautelares que ya había dictado en 2016 hasta que el obispado y los docentes de Religión, que se habían opuesto a esta medida, prepararan su recurso ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia.
Fuente: elpais.com
El arzobispo de València, el cardenal Antonio Cañizares, justifica el manifiesto "Por una educación en libertad" que se ha presentado esta mañana ante la situación de "emergencia educativa que se está viviendo en todos los países, no solo en el nuestro".
El texto, que suscriben patronales religiosas y no religiosas agrupadas por iniciativa del purpurado en la Junta por la Libertad Educativa, es un alegato en defensa de la enseñanza concertada como garantía de que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Además, reivindica que se garantice que la enseñanza de la Religión sea de "oferta obligatoria para los centros y de elección voluntaria para los alumnos". La plataforma impulsada por el Arzobispado aglutina a patronales que representan a 579 centros educativos de la Comunitat Valenciana y Ampas católicas que suman a más de 100.000 familias.
El cardenal, que ha contestado en rueda de prensa a todas las preguntas que se le han planteado sobre Educación, interpelado sobre cómo define la situación de "emergencia educativa" de la que alerta, explica que "basta con asomarse a la calle y ver lo que está sucediendo".
"Toda la sociedad debe educar de verdad, no solo en España sino en el resto de países, pues no es una cuestión de si los alumnos saben más o menos datos de lo que sea, sino que realmente sean capaces de comportarse como personas humanas libres, conscientes y creadoras", remarca.
Cañizares aboga por una educación que alumbre una "nueva sociedad" hecha de "personas al servicio del bien común". No obstante, lamenta que la "emergencia educativa" a la que alude no esté en la agenda de los partidos: "no se si eso está en las preocupaciones de todas las fuerzas políticas en estos momentos".
Preguntado por qué quieren reclamar a la Generalitat con este manifiesto, el purpurado ha respondido que "la Conselleria de Educación y el gobierno regional son muy inteligentes y sabrán leer lo que decimos aquí". No obstante, ha subrayado que las reivindicaciones de la Junta por la Libertad Educativa "no son solo para la Comunitat Valenciana, sino para todas las regiones". "Es grave lo que está sucediendo en el problema de la educación -ha recalcado-, es un tema que atañe a todos y entre todos hemos de llevar a cabo una auténtica educación en estos momentos".
El prelado ha recordado las palabras del cuatro veces ministro, exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, con quien mantuvo un debate la pasada semana. "Como decía Rubalcaba, el artículo 27 de la Constitución Española es el auténtico pacto educativo al que hay que volver", asevera Cañizares en relación al punto primero de este título que consagra la libertad de enseñanza en España.
En opinión del cardenal, la Constitución Española "no es simplemente un cúmulo de datos políticos, sino de un tipo de sociedad. Los españoles quisimos en el año 1978 que fuese un tipo de sociedad y es la que debemos defender". "¿Se está defendiendo la Constitución?, no tanto", ha agregado aunque es consciente de que "algunos dirán que estoy exagerando, pero yo no lo creo así".
Para Cañizares, el manifiesto "Por una educación en libertad" atañe tanto a la enseñanza concertada y a la totalmente privada como a la pública. "Una escuela pública que no ayuda a los alumnos a ser libres desde la verdad y desde una cooperación al bien común no es una escuela que merezca llevar el nombre de escuela", reflexiona el cardenal.
El manifiesto, leído por Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (EscaCV), reclama que se garantice el derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, así como la existencia de una oferta educativa plural. Además, exige a la Administración que "promuevan las condiciones para que la liberad de enseñanza y la igualdad en materia educativa sean reales y efectivas".
Respecto a la noticia publicada hoy por Levante-EMV, de que dos meses después del inicio del curso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha requerido a la Conselleria de Educación a cumplir con la medida cautelar dictada por este tribunal en junio pasado de que la optativa de Religión debe ser de oferta obligatoria en 2.º de Bachillerato, Cañizares entiende que "es un bochorno que un gobierno sea desautorizado por un tribunal".
Para el arzobispo la enseñanza de la Religión en la Comunitat "se está cumpliendo en general, pero hay muchas dificultades y hay que hablar con los profesores de Religión, los padres de los alumnos y los centros pero también estar atento a los medios de comunicación para ver que no siempre se cumple lo prescrito en los Acuerdos Iglesia-Estado que también están recogidos en la Constitución Española". No obstante, el cardenal ha abogado por "dar pasos en el diálogo" con la conselleria y que las autoridades no tomen medidas "por sí" sino que consulten antes de tomarlas.
El cardenal ha contestado a todas las preguntas sobre educación que se le han planteado, pero al requerirle una periodista su opinión respecto a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, Cañizares ha pedido que no siguieran preguntando sobre este asunto porque "esto no es de esta comparecencia, es un tema aparte, no es un tema que tenga que ver con la educación, por lo tanto no contesto. Lo que corresponde es el tema de hoy".
Fuente: levante-emv.com

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso presentado por los obispados aragoneses a la orden de la DGA que pretendía reducir el horario de la asignatura de Religión a 45 minutos en los centros de Infantil y Primaria. La sentencia es de principios de verano, pero el TSJA la ha recibido y notificado este miércoles.
Los 90.000 alumnos de Primaria e Infantil aragoneses podrán reducir a la mitad -de 90 a 45 minutos semanales- la asignatura de Religión o su optativa, Alternativa a la Religión, a partir del próximo curso. Será así porque el Tribunal Supremo (TS) no ha admitido a trámite el recurso presentado por todos los obispados aragoneses a la orden de la DGA que pretendía aplicar este cambio en el curso 2016-17.
De esta forma, los colegios aragonés podrán destinar 45 minutos más a reforzar otras asignaturas, como Inglés, Música o Educación Física, entre otras. Lo que, para la consejera de Educación, Mayte Pérez, permite avanzar "hacia un sistema educativo de calidad". De cara al próximo curso, "se hablará con los centros y la comunidad educativa -según ha detallado Pérez- para tomar una decisión compartida". Ya que habrá que decidir si se toma una decisión conjunta sobre qué asignatura impartir durante ese tiempo -como ya ocurrió en la ESO, donde se determinó ampliar Inglés, o se da libertad a los centros para que lo decidan según sus necesidades.
Esta resolución hace firme la sentencia que en 2016 dictó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y permite aplicar la Orden autonómica desde este momento. Sin embargo, Pérez entiende que "lo lógico" es esperar hasta septiembre de 2019, porque "supone un problema de organización" y "para los centros sería difícil hacer este cambio". En caso de que algún centro manifestara su voluntad de hacerlo ya, "lo estudiaríamos", ha dicho la responsable de Educación.
"Ojalá hubiera llegado antes" la decisión, ha dicho Pérez, y, de hecho, ha reconocido que desde el Departamento estuvieron esperándola antes de iniciar la organización del curso actual. Y así podría haber sido, porque la sentencia del TS es de principio de verano. Sin embargo, no ha sido notificada hasta ahora al TSJA, que ha informado esta misma mañana a la DGA sobre ella.
De esta forma, Aragón se asimila a una medida ya aplicada por Asturias, Canarias, Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.
El resto de alumnos
Esta reducción ya se aplica desde principios de la legislatura en la ESO. Fue una de las primeras decisiones que tomó el Ejecutivo autonómico al llegar al Pignatelli. Desde entonces, estudian una hora más de inglés. Al curso siguiente, 2016-17 pretendía aplicarse en Infantil y Primaria pero un recurso de las Diócesis aragonesas y de los profesores de Religión lo impidió.
En julio de 2017, el TSJA dio la razón a la DGA pero poco después decidió "curiosamente" suspender su propia decisión "por si las entidades denunciantes decidían acudir al TS", ha explicado Pérez. Ahora, con la resolución del TS, se hace firme la sentencia que hace casi año y medio emitió el Tribunal aragonés.
El Ejecutivo autonómico también pretende reducir el horario de Religión en Bachillerato. Así, dar 45 minutos en 1º de Bachiller, eliminando la asignatura en 2º de Bachiller. Pero esta es una cuestión menor porque en el último año ante de iniciar una carrera universitaria tan solo 300 optan por Religión.
Fuente: aragondigital.es
Las diócesis aragonesas aseguran que la reducción a 45 minutos de clase de Religión en Infantil y Primaria sitúa a Aragón "a la cola de la enseñanza religiosa en Europa". Insisten en que los más de 90.000 los alumnos matriculados en Religión "respaldan esta materia" y lamentan que unos 300 profesores "verán reducido su sueldo a la mitad".

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de los obispos de Aragón para evitar la reducción de la clase de Religión en Infantil y Primaria. Ante esta situación, las diócesis aragonesas han enviado un comunicado en el que explican que la reducción a 45 minutos esta asignatura sitúa a la Comunidad aragonesa "a la cola de la enseñanza religiosa en Europa". De hecho, ponen como ejemplo países como Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega, donde, tal y como han aseverado, "está claro el necesario papel cultural y antropológico que cubre dicha disciplina".
Asimismo, desde la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón (Oficia) han destacado que los alumnos matriculados en Religión durante el presente curso "confirman el respaldo que obtiene esta materia". En este sentido, han puesto sobre la mesa que son más de 90.000, según las cifras de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. Todos ellos, han insistido, "han elegido libremente cursar esta asignatura, sometida cada año a la voluntad expresa de padres y alumnos".
La medida, han remarcado desde Oficia, "afectará laboralmente a unos 300 profesores de Religión en la Comunidad", ya que "verán reducido su sueldo a la mitad". Por tanto, "cientos de familias aragonesas van a sufrir de manera directa la consecuencia de esta decisión".
Con todo ello, la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón han hecho hincapié en que, "desde el cumplimiento estricto de la legalidad y dentro del marco constitucional", las diócesis de la Iglesia en Aragón "seguirán defendiendo a las familias en el ejercicio de la libertad religiosa y la libertad de enseñanza".
Fuente: aragondigital.es

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de la Abogacía de la CAIB contra la sentencia del TSJ de Baleares que, dando la razón al Obispado de Mallorca, determinaba que la Consejería de Educación debía modificar el currículo de Bachillerato para que pudiera ofrecerse la asignatura de Religión en primero y segundo cursos, y no únicamente a primero, como ocurría hasta ahora.
En su auto de 11 de octubre, contra el que ya no cabe recurso, el alto tribunal señala que la LOE obliga a incluir la Religión también en el segundo curso del Bachillerato entre las asignaturas objeto de elección y que, habiéndose pronunciado ya en ocasiones previas, el recurso de la CAIB no tiene interés casacional, inadmitiendo a trámite, con lo que queda plenamente confirmada la sentencia del TSJ de Baleares de 31 de enero de este mismo año que estimó el recurso interpuesto por el obispado.
El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha asegurado este martes que el Govern acata aunque no comporte la decisión del Tribunal Supremo y ha avanzado que de cara al curso que viene se ofertará la asignatura de Religión para aquellos que decidan cursarla de forma optativa porque cree que con el curso ya iniciado resultaría “muy complicado” ofrecer la optativa este año ya que, entre otros, implica la contratación de más personal.
fuente: menorcaaldia.com

La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, se reunió ayer con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolín en el Vaticano. Se trata del primer encuentro que mantienen representantes del Estado español y del Estado vaticano tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y “forma parte de las relaciones habituales y fluidas que siempre han mantenido ambos estados”, dice Moncloa en una nota de prensa.
De lo que se ha tratado en dicha reunión, solo se conoce lo que ha comunicado el Gobierno en dicha nota de prensa, puesto que la Santa Sede no ha informado sobre la conversación mantenida en este encuentro “extremadamente cordial” entre Carmen Calvo y Parolin.
El tema principal por el que ha viajado la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, es para pedir la mediación del Vaticano respecto a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.
Según el comunicado de Moncloa “el cardenal Parolin ha garantizado a la vicepresidenta del Gobierno español que no va a oponerse a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Respecto a la inhumación, ambos han coincidido en la necesidad de buscar una solución y seguir manteniendo el diálogo. En este sentido, el Gobierno español ha agradecido a la Santa Sede la comunicación cordial y fluida que se está manteniendo con el cardenal arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, y con el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal D. Ricardo Blázquez”.
Como quiera que este encuentro se ha producido “con el objeto de intercambiar puntos de vista e información sobre diferentes cuestiones de interés para España y la Santa Sede”, en toda negociación entre Iglesia y Estado existen algunos puntos que son innegociables, hoy por hoy, para la Iglesia Católica.
Expertos en Derecho Eclesiástico consultados por Religión Confidencial consideran que la Iglesia no se opondría a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos de cara a suavizar las negociaciones respecto a la asignatura de Religión o financiación de la Iglesia a través de la asignación tributaria.
Quizás algunos aspectos en los que podría negociar la Iglesia es en el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio). El de Bienes Inmuebles (IBI) es un impuesto que, hoy por hoy, está exento toda Fundación, ONG, Asociación, sindicatos, partidos políticos y la Iglesia y, por lo tanto, no se trata de un privilegio de la Iglesia sino que es también una concesión a todas estas entidades.
Estos son algunos de los asuntos que se han abordado, según la nota de prensa de Moncloa: el régimen fiscal de la Iglesia en España. El Gobierno español también ha informado a la Santa Sede sobre el proceso de revisión de los bienes inmatriculados por la Iglesia. El secretario de Estado del Vaticano ha mostrado su voluntad de abordar conjuntamente ambos temas para alcanzar puntos de encuentro.
Respecto a la asignación tributaria en el IRPF que recibe la Iglesia de manera voluntaria por parte de los contribuyentes, se trata de un sistema de financiación aprobado por el gobierno socialista en 2006, sistema que dejó atado María Teresa Fernández de la Vega con carácter estable y permanente.
Por otra parte, la Iglesia ha trasladado su preocupación, compartida por el Gobierno, por dar justicia a las víctimas de abusos y prevenir estos hechos en el futuro. En este sentido, el Gobierno ha informado a la Santa Sede de las modificaciones en el Código Penal para conseguir que estos delitos sean imprescriptibles.
Finalmente, se han repasado otros tema