Los profesores de Religión pueden estar tranquilos. Ni el resultado electoral augura modificaciones legislativas –pues en ningún caso hay mayorías suficientes para realizarlas– que afecten a la asignatura y, lo más importante, ni la Justicia les está dando, poco a poco, un espaldarazo tras otro después del polémico desarrollo de los decretos que regulan la Religión en cada comunidad autónoma. Por ello, y aunque se manifiestan abiertos a la negociación, los profesores representados en el sindicato Apprece, de centros estatales, se plantean sumarse a los recursos que la Iglesia, a través de las diócesis, están presentando. De hecho, en Andalucía están esperando la comunicación del Tribunal para incluir sus alegaciones al recurso interpuesto por todos los obispos de la comunidad. En Aragón, donde la materia ha perdido el estatus que tenía con el nuevo gobierno autonómico del PSOE apoyado por Podemos, el sindicato, según confirmó a LA RAZÓN, se plantea acudir a los tribunales si finalmente no son los obispos los que toman la iniciativa.
Según explica el presidente de Apprece-Andalucía y vicepresidente nacional, Rafael Martín Gómez, el problema de la Lomce no radica en la ley misma, que considera «una reforma de la LOE», sino en las modificaciones que las comunidades autónomas no han tenido en cuenta, «creando problemas de horarios y en consecuencia con las jornadas de algunos profesores de Religión». Problemas que tienen que ver con la no oferta de la materia o la reducción de los horarios en algunos cursos.
El primero de ellos es el que se ha producido en Baleares, donde los alumnos no podían acceder a la enseñanza religiosa porque no era posible elegirla. Sin embargo, tras el recurso contencioso-administrativo del Obispado de Mallorca, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares resolvió con rapidez y de forma muy clara a favor de los últimos obligando al Gobierno autonómico a volver a ofertarla. Algo parecido sucedió en el Bachillerato de Artes en Andalucía, donde se ofrecía, pero no en las condiciones adecuadas, por lo que algunos alumnos no podían cursarla por incompatibilidades. En este caso, también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha obligado a la Junta a abrir un periodo extraordinario de matriculación. El otro caso en el que la Justicia ha reconocido la importancia de la Religión es en Asturias, donde el Tribunal Superior de la comunidad dictó sentencia favorable tras el recurso del Arzobispado de Oviedo, pues la reducción de horario y la oferta afectan a derechos fundamentales, aunque trasladó el caso a la vía ordinaria.
También en el Principado, hace menos de un mes, el juzgado de lo social de Mieres falló a favor de una profesora de Religión a la que se le había reducido el horario. La Justicia revocó la decisión de la Administración y le instó a restituirle la jornada laboral. «Esta sentencia y otras que se han ido produciendo son efecto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la que se refiere al horario de Religión Católica por no ser conforme a derecho», explica el sindicato USO.
El principal problema de la oferta o no en el Bachillerato radica fundamentalmente en la propia ley, pues deja en manos de los centros la elección de las optativas, entre ellas la Religión, sin especificar que ésta debe ser de oferta obligatoria. Así lo hizo saber en numerosas ocasiones la Conferencia Episcopal Española (CEE) a través de su secretario general y portavoz, José María Gil Tamayo, que también mostró su preocupación por los puestos de trabajo que están en juego. «La clase de Religión es un derecho de los padres y el Estado tiene la obligación de facilitárselo, no sólo de reconocerla. La enseñanza de la Religión en España no es obligatoria, va el que quiere», dijo.
Para Rafael Martín, en estos momentos, el Bachillerato ya no es un problema, pues, resueltos los casos citados, en todos los institutos se ofrece como optativa obligatoria para el centro y voluntaria para el alumnado. Otra cosa es lo que pueda suceder el año que viene si no la incluyen en la oferta, pues no se cumplirían las dos horas establecidas para el conjunto del Bachillerato, pues en primero sólo se imparte una. En Andalucía, según el primer borrador del Bachillerato para el año que viene, la Junta establece una hora para cada curso, con una alternativa de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. «Una solución que en Apprece nos parece perfecta y que, por ejemplo, quieren copiar en Aragón», explica.
El caso de la reducción horaria en Educación Primaria y ESO afecta a Galicia, Castilla y León, Asturias, Andalucía, Ceuta y Melilla y Aragón. En las dos primeras, gobernadas por el Partido Popular, la reducción en Primaria ha dejado la clase de Religión en 7,5 horas a la semana, frente a las nueve que había, aunque los gobiernos autónomos acordaron con los profesores que la hora, y media que pierden la emplearan en otras actividades, por lo que no ha habido ni despidos ni modificaciones de contratos. En Asturias, el horario ha bajado hasta las seis horas, aunque la Justicia anuló el decreto que así lo establecía.
En Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias se optó por aplicar el mínimo de 45 minutos a la semana por cada curso y grupos, dejando a los centros la posibilidad de aumentarla en otros 45 minutos con sus horas de libre disposición. «Cuando se dice que la Lomce ha reducido la Religión a 45 minutos, no se dice la verdad. Ni la Lomce ni ninguna ley de educación han señalado nunca los horarios de la Religión. Siempre se han publicado unos horarios mínimos a través de reales decretos que, en la ley vigente, tampoco señalan un horario para la Religión. Ha sido una orden del Ministerio para Ceuta y Melilla en la que se habla de la fórmula de 45 minutos ampliables por los centros, un modelo que copian Andalucía y Canarias», añaden desde Apprece.
Ningún Gobierno, ni autonómico ni central, puede dejar de ofrecer la asignatura de Religión sin una modificación de la Constitución española y sin vulnerar el acuerdo que la Santa Sede y el Estado español firmaron en materia educativa y cultural. La materia como tal está protegida por el artículo 27.3, en el que se establece que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». A la norma suprema, habría que añadir los acuerdos que el Estado ha suscrito con las confesiones religiosas. Al acuerdo con la Iglesia católica de 1979, se sumaron luego las confesiones minoritarias más importantes: judíos, musulmanes y protestantes. Al igual que los obispos, los líderes de estas religiones se han manifestado a favor de la enseñanza religiosa en la escuela. En el caso de la Iglesia católica, el acuerdo tiene carácter internacional y, por tanto, de ley orgánica. En ella, se establece que la asignatura de Religión, aunque no es obligatoria, debe tener el mismo trato que las asignaturas fundamentales; troncales, según la denominación utilizada en la Lomce. Este acuerdo, que se puede modificar por consenso, no puede ser derogado unilateralmente. Con este marco legislativo, el sindicato Apprece afirma que, sólo «en un ambiente de desconcierto, de olvido del Estado de Derecho y de un radicalismo ideológico sectario, se ha podido llegar a unas situaciones que debieron resolverse antes por la vía del diálogo». «Ni los que defendemos la enseñanza religiosa se la tenemos que imponer a los que no la quieren, ni al contrario. Por eso, se trata de una opción que es voluntaria, aunque ofertarla sea obligatorio para los centros educativos. Quienes atacan esta libertad ponen en peligro otras», explica.
En los programas políticos con los que Podemos, PSOE e IU se presentaron a las pasadas elecciones del 20 de diciembre incluían dos propuestas en Educación: derogar la ley de enseñanza aprobada por el Partido Popular, la Lomce, y eliminar de las aulas la asignatura de Religión.
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