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Religión dejaría de ser una asignatura "específica" al mismo nivel que otras en todas las etapas y la educación concertada perdería posibles alumnos

El Consejo de Ministros aprueba la reforma educativa de la LOMCE de 2013. La todavía ministra de Educación, Isabel Celaá, ha incluido entre sus puntos de cambio a la asignatura de Religión y a la educación concertada. A pesar de las reuniones y mensajes de la Iglesia católica, del sector educativo concertado y religioso, como los obispos españoles o Escuelas Católicas, las pretensiones de la ministra socialista pueden tener hoy luz verde. Sin embargo, no se van a tramitar por la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril y la consecuente disolución de las Cortes.

¿En qué se traducen estos cambios en la asignatura de Religión y en la educación concertada respecto a la anterior ley? En el caso de la Religión, la asignatura experimenta una pérdida de valor académico y en la oferta formativa para los alumnos. La educación concertada, por su parte, va a ver cómo se elimina el criterio de "demanda social". 

Religión: ya no es "materia específica" ni contará para la media 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013 define a la Religión como asignatura "específica" en  Primaria, Secundaria. En la llamada "Ley Wert", la Religión era una optativa de elección libre para los padres junto a una asignatura de Valores Cívicos y Éticos. Por lo tanto, era una asignatura también evaluable en estas dos etapas educativas.

En el caso de Bachillerato, los alumnos contaban con la religión, según el texto legal, como una asignatura ponderable como "específica" dentro de una oferta más variada. Sin embargo, el criterio era el mismo: de libre elección. 

La presencia de la Religión católica en los colegios españoles es fruto de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado. Estos tratados, como recuerda el propio texto de la LOMCE, "es de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas". La gestión educativa de la selección de materiales didácticos o de la medición de logros académicos corresponderían a las autoridades religiosas y al profesorado de religión. 

La ministra actual de Educación, Isabel Celaá, elimina con su reforma a la Religión de ese listado de asignaturas específicas. Además, se ha denegado la opción de contar con alguna asignatura alternativa, a modo de "espejo" de la formación religiosa. Esto se traduce también en que los padres ya no podrían elegirla para sus hijos dentro de ese nuevo plan como asignatura específica que computase en la nota media de los estudiantes. 

La "demanda social", un "eufemismo" que perjudica a la educación pública, según Celaá

La intención de la legisladora socialista para la educación concertada es eliminar el criterio de "demanda social" como criterio para la planificación escolar. La demanda social consiste en que los centros concertados puedan abrir más plazas si reciben más demanda de la sociedad. Para Celaá, esta circunstancia se trata de uno de los "aspectos más lesivos" de la LOMCE y un "eufemismo".

Es decir, que si las familias españolas desean que sus hijos estudien en un centro concertado, no podrán hacerlo en cuanto la última plaza esté ocupada. La consecuencia directa para estas familias será matricular a sus hijos en centros públicos o privados, sin contar con la opción de la concertada. Por lo tanto, los beneficiarios de esas plazas libres serán otros centros, pero no los concertados. 

A efectos de la ley de 2013, la demanda social figuraba así en el artículo 109.2: "Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social" 

Se puede comparar con el nuevo documento legal que propone el Gobierno socialista y la ministra Celaá, donde ya no figura la "demanda social": "La enseñanza básica, obligatoria y gratuita, se programará por las administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados".

Fuente: cope.es

El Consejo de Ministros la aprobará este viernes pero la posible convocatoria de elecciones no dejaría que llegara al Congreso, al disolverse las Cortes.

El Gobierno dará luz verde hoy al proyecto de ley de educación que defiende la ministra Isabel Celaá y cuyo articulado busca derogar la Lomce, quitando peso a la asignatura de Religión y a los centros concertados y dejando decidir a las autonomías con lengua cooficial la proporción de uso del castellano.

Después de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley educativa por el que se modifica la LOE de 2006, que a su vez fue transformada por la Lomce de 2013, debe remitirse al Congreso, aunque de confirmarse la inminente convocatoria electoral, las Cortes quedarían disueltas y el texto no seguiría su tramitación.

Esta reforma educativa, conocida como ley Celaá al igual que la Lomce era llamada ley Wert -por el entonces ministro José Ignacio Wert-, cuenta con el dictamen favorable del Consejo Escolar del Estado, pero ha sido criticada por la mayoría de los partidos políticos, en especial PP y Ciudadanos.

En el hasta ahora anteproyecto de ley, se subrayaba que Religión dejaba de ser computable y no tendría asignatura espejo para los alumnos que no la escogieran. Otra clave es que se introduce la asignatura de Valores Cívicos y Éticos en un curso de Primaria y en otro de Secundaria.

En los últimos cursos de Primaria y Secundaria se llevarían a cabo, con carácter muestral y plurianual, evaluaciones de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado.

El 55 % de las competencias en relación al currículo estará marcado por el Gobierno en comunidades con dos lenguas oficiales y el 65 % en regiones con una sola lengua oficial; a las comunidades les corresponde el restante 45 % y 35 %, respectivamente.

Se prevé que el nivel de competencia logrado en cada una de las lenguas, el castellano y la lengua cooficial, sea analizado permanentemente por parte de los centros para detectar y corregir disfunciones en su aprendizaje.

Otra clave es que en el Bachillerato, que seguirá siendo de dos cursos, los estudiantes que acaben primero con más de dos asignaturas suspensas no tendrán que repetir el curso completo sino solo las materias pendientes, y no se podrán matricular del segundo curso completo; podrían así conseguir aprobar el Bachillerato en tres años.

En su última comparecencia en el Congreso, el pasado día 5, Celaá subrayó otros puntos de su reforma, como que se regularán los requisitos mínimos que deben cumplir los centros de 0 a 3 años; en Secundaria se facilitará la agrupación de materias en ámbitos de conocimiento; y se da impulso a la escuela "insular", además de a la "rural". 

Fuente: https://www.elespanol.com/sociedad/educacion/20190215/religion-concertados-punto-mira-celaa-aprueba-hoy/376462571_0.html

En la Comisión Negociadora celebrada este martes la Consejería de Educación y sindicatos --ANPE, CSIF y USO-- han firmado el primer Convenio Colectivo del profesorado de Religión de Castilla-La Mancha, fruto de varios años de negociación.

ANPE ha señalado que este colectivo se encontraba “en un limbo jurídico al estar excluido de los dos últimos convenios colectivos de Personal Laboral de la Junta”.

“Es un hito histórico pues el profesorado de Religión de Castilla-La Mancha, será el tercero, junto al profesorado de la Comunidad Valenciana y País Vasco, que cuente con Convenio Colectivo propio”, han manifestado desde ANPE en nota de prensa.

El Convenio Colectivo firmado “ofrece las mayores garantías jurídicas para las condiciones laborales y económicas del profesorado de Religión, según el sindicato.

El profesorado podrá optar el curso próximo, por primera vez, a un proceso de movilidad basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad; “se garantiza la constitución de bolsas de trabajo para el acceso a los puestos de este colectivo”.

“Se equipara en derechos al resto de profesorado, destacando el disfrute de las mismas licencias y permisos, situaciones de no disponibilidad, reducciones de jornada o excedencias por cuidado de familiares enfermos o hijos menores de 3 años, sin pérdida de destino; y la protección, en caso de suspensión del contrato, ante la incapacidad temporal, maternidad, paternidad o riesgo durante el embarazo o lactancia de la mujer trabajadora”.

Otra buena noticia, según ANPE, “es el pago de sexenios y los atrasos correspondientes al profesorado de Religión que, por fin, se terminarán de abonar en los próximos dos meses”.

CSIF

De su lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha destacado que se han añadido aspectos significativos al documento final como son la negociación con los sindicatos de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y los tipos de jornada que definan las plantillas del profesorado de la materia de Religión.

El sindicato considera que este convenio colectivo es el punto de partida para iniciar otras negociaciones y aportar medidas importantes encaminadas a mejorar las condiciones laborales y profesionales.

El I Convenio Colectivo, a falta de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, consta de preámbulo, once capítulos y cuatro disposiciones adicionales, según informa CSIF en nota de prensa.

Fuente:lanzadigital.com

Frase: "bienaventurados los pobres y hambrientos..."

España enfrenta hoy un déficit de profesores de Religión en Educación Secundaria y Bachillerato. El informe elaborado por Vida Nueva a escala nacional y autonómica, tanto en la escuela pública como en la concertada, invita a una profunda reflexión sobre el estatus de los docentes y el compromiso eclesial con la presencia del hecho religioso en el aula.

Entre otros motivos, esta carestía de candidatos se presenta como respuesta a unos requisitos académicos que se sitúan por encima de los exigidos para cualquier otra asignatura. A esto se une una falta de previsión en el pasado ante la falta de relevo en consagrados y sacerdotes que en no pocas escuelas asumían este rol. Este gesto denota, de paso, la escasa formación de un laicado en el que no se pensó como agente imprescindible en la educación católica.

Por si fuera poco, la inestabilidad de una materia que desde la firma de los Acuerdos Iglesia-Estado ha estado sujeta a los vaivenes políticos, ha disparado los riesgos de apostar por una profesión que puede no tener un futuro asegurado. Eso, sin olvidar el factor sociológico y demográfico que ya se percibe en una reducción en la matriculación, especialmente significativa en Educación Infantil. Todos estos elementos confluyen hoy para propiciar un contexto nada favorable para que un joven católico con vocación docente se decante por ser maestro de Religión, especialmente en las etapas superiores.

Cuando el debate de la asignatura se pone sobre la mesa política y mediática, se recuerda una y otra vez que se trata de un derecho de los padres. Pero no menos cierto es que también conlleva unos deberes por parte de quienes han de velar para que sea una realidad. Y no solo por parte de los poderes públicos. Compete a la Iglesia abordar la cuestión de fondo más allá de defender sus intereses, por vía judicial si fuese necesario cuando de forma ilegal se limitan sus horas lectivas o se les prohíbe desempeñar otras tareas. Sacar la cara por ellos y no dejarlos a la intemperie pasa, además, por redefinir tanto el perfil del docente como su itinerario formativo, así como ahondar en la razón de ser de la Educación Religiosa Escolar (ERE), contemplando los escenarios posibles con realismo y audacia.

La Iglesia no se puede permitir que el profesor de Religión se convierta en una especie en extinción, un extremo que se está dando ya en algunas regiones de nuestro país y que está propiciando que haya centros en los que no se oferte la asignatura por falta de personal. Por eso, abordar sin demora y sin complejos la cuestión conlleva apostar por la continuidad de la asignatura, pero lo que es más importante, cuidar como se merece a los niños y jóvenes que de forma mayoritaria todavía hoy se matriculan en Religión.

Fuente:vidanuevadigital.com

• Ante la falta de profesorado, pese a la división de opiniones, en la Conferencia Episcopal hay una propuesta de reducción de las exigencias para impartir la asignatura en ESO y Bachillerato

Son un ejército de 12.299 profesores. El claustro de Religión en la enseñanza pública va a la baja. Algunos se jubilan, otros pocos abandonan por la inseguridad que supone que la jornada laboral pueda reducirse y, consecuentemente, el sueldo; los más jóvenes tampoco optan por prepararse para impartir la asignatura en medio de los vaivenes políticos que no ofrecen estabilidad. Asturias, Balerares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, Navarra y Murcia ya registran problemas para cubrir los puestos, pero otras comunidades vislumbran esta situación a corto plazo.

Por si fuera poco, una realidad extrapolable a todo el país es que se está percibiendo un descenso de matrículas en Infantil de uno o dos puntos cada año. Una situación que ya es tendencia.

Cada Comunidad Autónoma legisla de forma diferente, por lo que no es lo mismo ser profesor de Enseñanza Religiosa Escolar (ERE) en Asturias, donde se imparte una hora semanal por curso, que en Madrid, donde se imparten dos. Asimismo, hay regiones en las que se obliga a tener el máster en Secundaria. Otras piden la lengua cooficial, por lo que un profesor aragonés no podrá dar clase en Cataluña, mientras que sí uno catalán en Aragón. Disparidad de criterios que se traducen en incertidumbre para un claustro que cada año se ve sometido a un referéndum.

¿Y hay soluciones? Algunos delegados diocesanos de Enseñanza abogan por reducir los criterios para obtener la DECA –Declaración Eclesiástica de Competencia Académica– en Secundaria, que exige, como mínimo, la diplomatura en Ciencias Religiosas más otra titulación civil. Sin embargo, otros creen indispensable esta formación para impartir la materia. Mientras, varios aluden a falta de formación del profesorado de Primaria, que obtiene la DECA en 300 horas.

En la Conferencia Episcopal hay una propuesta de reducción de las exigencias,como confirma a esta revista el director de la Comisión de Enseñanza de la CEE, José Miguel García, pero hay diversidad de opiniones y solo puede ser aprobado por los obispos.

La concertada, con problemas de profesorado

La mitad de los centros concertados en España tienen problemas para encontrar a profesores de religión en Secundaria. Así lo muestra una encuesta de Escuelas Católicas a la que ha respondido más del 50% de los 2.000 centros católicos. “Es un asunto que nos preocupa”, dice a Vida Nueva José María Alvira, secretario general de la institución. “Para Primaria no hay problema, porque la DECA se saca mientras se estudia magisterio, pero en Secundaria cumplir con todos los requisitos no es fácil”, añade.

Este problema surge también de la falta de vocaciones. Y es que antes eran los propios religiosos los que impartían la asignatura. Por eso, Escuelas Católicas también ha elaborado un plan que ha presentado en la Conferencia para que revisen los criterios para obtener la DECA, porque “hay que ser realista y flexible; sin pretender que los profesores no estén bien preparados”.

Fuente: vidanuevadigital.com

El informe final del Consejo Escolar del Estado no contempla las críticas que la comunidad educativa le hace a la «Ley Celaá» por marginar la lengua oficial del Estado en comunidades como Cataluña y apartar a la Religión del resto de asignaturas

El Pleno del Consejo Escolar del Estado no considera que la «ley Celaá» margine el castellano al darle vía libre a la Generalitat para que decida cuántas asignaturas imparte en castellano y cuántas en catalán. Tampoco reprende al Gobierno por el hecho de que su anteproyecto de ley educativa impide a las autoridades religiosas decidir sobre el currículo y los libros de texto en la asignatura de Religión.

En su informe final, al que ha tenido acceso ABC, el Consejo Escolar del Estado obvia estas consideraciones que, sin embargo, sí se habían hecho previamente en el texto elaborado por su Comisión Permanente. Dicha comisión, denunciaba un uso marginal de la lengua oficial del Estado e, incluso, veía un incumplimiento «del artículo 3 de la Constitución Española cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». ¿Por qué, entonces, ahora la defensa del castellano y de la Religión brillan por su ausencia?

El informe de la Comisión Permanente recibió una serie de enmiendas de afines al Gobierno, como Comisiones Obreras, que pidió que se elimine la defensa del castellano del texto. «El anteproyecto es perfectamente garantista del derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, así como en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios».

Esta enmienda fue aprobada mientras se rechazaron las que pedían que las autoridades religiosas decidieran sobre el currículo y los libros de texto en la asignatura de Religión. También se tumbaron las peticiones que demandaban que esta asignatura no quedara relegada (como pretende la «ley Celaá») y esté junto al resto de materias de cada nivel.

Anula el papel de los padres

Por otro lado, el informe final del máximo órgano consultivo del Estado en educación critica la pretensión del Gobierno de eliminar de su anteproyecto el reconocimiento de la importancia de los padres en la educación de los hijos. «No enunciar este principio parece pretender anular este papel fundamental», sentencia el informe. El Consejo Escolar también le exige al Gobierno que el anteproyecto con el que reformará la LOE y eliminará la Lomce o «Ley Wert», se acompañe de una memoria económica «que no nos ha facilitado», que incluya un compromiso «explícito de incremento del gasto público en educación». Concretamente, piden un inversión de, al menos, el 5,5% del PIB.

Si bien no se alude a la delegación total que la Administración Central hace a las comunidades en cuanto al uso del castellano, el Consejo Escolar sí pide «una regulación mínima estatal» de los contenidos de la educación infantil de primer ciclo. También insiste en la necesidad de homogenizar entre comunidades las pruebas de Selectividad «para evitar la discriminación en el acceso a las universidades por la diferencia de fecha en la que se realiza la convocatoria de la prueba extraordinaria». Y, como lo ha hecho en otras ocasiones, pide un pacto educativo para procurar una regulación de la educación estable «y conforme a una política de Estado que asegure su continuidad más allá de la alternancia de gobierno».

Reclama, también, una asignatura de Filosofía (en consonancia con una PNL aprobada por unanimidad en el Congreso y que el Gobierno dijo que incluiría pero al final no lo hizo), y otra de Historia del Mundo Contemporáneo en todas las modalidades de Bachillerato. Por último, piden que se garantice la coeducación y se impida la segregación por sexos.

Fuente: abc.es

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• La ministra Celaá explica tras el Consejo de Ministras que el principal objetivo de la reforma educativa del PSOE es atacar "los aspectos más segregadores y negativos de la Lomce"
• Las principales medidas que contempla la reforma de la Lomce del Gobierno pasan por rebajar el peso de Religión, desincentivar la segregación por sexo y permitir a los alumnos obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspendida
• También se recuperan los ciclos en Primaria, se suprime la doble titulación en la ESO, aunque no recuperará la Filosofía para la Secundaria obligatoria como había anunciado y pactado con los demás grupos.

El Gobierno va quemando etapas para aprobar su proyecto de ley de reforma de la Lomce. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado tras el Consejo de Ministras que el objetivo del Ejecutivo es llevar el texto al Congreso en enero, una vez finalizado el periodo de audiencia e información pública y a falta de escuchar el dictamen del Consejo de Estado —se reúne el 8 de enero— y a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial.

El principal objetivo del Gobierno con su reforma es atacar "los aspectos más segregadores y negativos de la Lomce" y en concreto la repetición de curso, que afecta a más de un tercio de los alumnos. Para ello, ha explicado Celaá, vuelven los ciclos educativos en Primaria que la Lomce rompió (periodos de más de un curso considerados como un todo), medida que, según el Ejecutivo, han aumentado las repeticiones en la etapa en un 37%.

También eliminará definitivamente las reválidas (esto supone dejar por escrito algo que ya estaba haciendo, toda vez que el PP había renunciado a ellas), los itinerarios tempranos (que obligaban al alumno a tomar decisiones irrevocables sobre su futuro académico desde los 13 años), evitará la doble titulación en la ESO (académica y aplicada, que  llevaban al alumno a la universidad o a la FP sin opción de cambio) y se introducirá un "Bachillerato flexible".

Con esta reforma, el Ministerio de Educación completa (al menos de momento) sus políticas educativas, tras aprobar ayer el Congreso revertir los recortes en Educación que había aprobado el Gobierno del PP en 2012 y que los profesionales educativos señalan como el principio de todos los males del sector en los últimos años. El proyecto de ley aprobado en la Cámara Baja, sin votos en contra, se apunta medidas que algunas comunidades autónomas ya habían implementado por su cuenta, como la reducción de las horas lectivas de los docentes (pasarán a un máximo de 23 semanales en Infantil y Primaria, 18 en Secundaria) o retirar el plazo de diez días necesario para sustituir a los profesores en situación de baja laboral.

Repetición y Bachillerato

El Gobierno habla finalmente de derogación de la Lomce, tras un periodo de cierta confusión. Primero afirmó que no la derogaría, luego se supo que el articulado sí contemplaba la derogación y finalmente la ministra acabó explicando en la Comisión de Educación que aunque no se derogará formalmente, se hace de facto porque si se derogara habría un vacío legal, toda vez que la Lomce no era una ley en sí misma sino que modificó la LOE, por lo que no se puede eliminar sin aprobar otra ley íntegra, y lo que va a hacer el Gobierno es volver a una LOE "modernizada".

Las dos medidas más comentadas de la propuesta del Ministerio de Educación tienen que ver con el Bachillerato y la repetición de curso. La ministra Celaá quiere que los alumnos puedan obtener el título con una asignatura suspensa si la dirección del centro lo considera oportuno, previo estudio individual de cada caso.

Por otra parte, el ministerio también pretende introducir un "Bachillerato flexible" que permita a los alumnos con más de dos asignaturas suspendidas repetir el año siguiente solo esas materias, no todo el curso (con hasta dos se pasa de curso). Incluso, según el número de suspensos, podrían matricularse de alguna asignatura del siguiente curso, una especie de Bachillerato modular al estilo de la Universidad.

Estas dos medidas han sido criticadas bajo el argumento de que supone rebajar la exigencia a los alumnos, a lo que la ministra replica que no hay nada más desmotivante para los alumnos, y por tanto causa de abandono escolar, que la repetición de cursos. "No queremos que nadie se quede atrás", ha explicado en el Consejo de Ministras de este viernes.

Otra de las principales medidas que contempla la reforma de la Lomce es la pérdida de peso de la asignatura de Religión, que dejará de computar para la nota media y por tanto para solicitar becas o acceder a la universidad. También se suprime la asignatura espejo de Religión, Valores Éticos, porque "la elección de algunos alumnos [cursar Religión, algo optativo] no puede suponer la obligación de otros" de tener que estudiar otra asignatura.

Recuperar la Filosofía para la Secundaria, arrinconada por Wert en la Lomce, era otro de los propósitos del Gobierno, que incluso alcanzó un acuerdo con el resto de partidos que fue aprobado en el Congreso.

Sin embargo, la Red Española de Filosofía denunció que en el articulado de reforma de la ley que maneja el Gobierno el Ministerio de Educación incumple este acuerdo. La REF explica que, tal y como está la reforma, un alumno podría terminar la ESO (la etapa obligatoria) sin cursar Filosofía, porque la única asignatura de esa etapa es Valores Cívicos, pero "eso no es Filosofía", según los expertos. La Filosofía obligatoria queda para 1º y 2º de Bachillerato, una etapa postobligatoria.

La nueva ley educativa también pretende poner coto a la escuela concertada que segrega a los alumnos por sexo y que la Lomce había amparado. Lo hará por la vía de dar prioridad a los proyectos que se organicen bajo el principio de la coeducación.

Fuente: eldiario.es

El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro José Caballero, ha pedido la dimisión de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, por plantear una reforma educativa, según esta organización, "sin ningún diálogo", y que "no garantiza los conciertos" y "ningunea la enseñanza de Religión".

En un comunicado, CONCAPA argumenta su petición en un decálogo de motivos, como que la ministra señale "una urgencia educativa que no existe" para promover el anteproyecto de reforma de la ley educativa que derogará la LOMCE aprobada por el Partido Popular en el año 2013. "Los aspectos más controvertidos de la LOMCE no se están aplicando y realmente sólo responde a un interés político e ideológico partidista", asegura la organización.

CONCAPA también critica que la reforma "carece del más mínimo consenso" y "asfixia el derecho a la libertad de enseñanza", además de "restringir el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos al eliminar el concepto de demanda social como criterio a tener en cuenta en la programación y al suprimir la referencia a los padres como principales responsables de la educación de sus hijos".

Además, para la organización católica la 'Ley Celaá' "relega a la enseñanza concertada a un papel secundario" y "no incorpora ninguna medida que mejore las condiciones de los profesores de los centros concertados", y en su articulado "suprime las referencias a la asignatura de Religión en la regulación de las distintas enseñanzas (Primaria, ESO y Bachillerato". 

"Pedimos de nuevo la dimisión de la ministra por su falta de diálogo, la imposición descarada de un anteproyecto de ley de educación y la falta de voluntad para intentar alcanzar un pacto educativo", sentencia el presidente de CONCAPA en el comunicado.

Fuente: europapress.es

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado que asistir a la clase de Religión es "cosa de héroes" si se imparte a primera hora o última de la tarde del viernes y si además deja de computar para la nota media, tal y como plantea el anteproyecto de reforma de la Ley Educativa, que ya se conoce como 'Ley Celaá'. Por ello, los obispos no ven "adecuado" que deje de ser "computable" y proponen una redistribución de horarios. "Si la clase de ...

Si la clase de Religión no tiene otra clase de respaldo, si además se pone a las 8,00 horas o a las 14,00 horas de un viernes, cuando los chavales están deseando marcharse, y si además no tiene repercusión en el expediente académico, aunque sea evaluable, pues ciertamente apuntarse a clase de Religión es una cosa de héroes", ha indicado Argüello este jueves 13 de diciembre en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, y en relación a la reunión que mantuvo el pasado 3 de diciembre con la ministra de Educación, Isabel Celaá, el portavoz de los obispos ha defendido que la clase de Religión siga siendo "computable" para la nota media. "Nosotros defendemos, porque lo dicen Acuerdos Iglesia-Estado, que Religión sea equiparable a las asignaturas troncales. En ese sentido, si la asignatura deja de ser computable a estos efectos, no nos parecería adecuado", ha explicado.

Celaá aseguró tras la reunión que la Iglesia "entiende" que la materia deje de ser computable. Si bien, Argüello ha puntualizado que donde hubo acuerdo con la ministra fue en que la asignatura continúe siendo "evaluable" pero no en el asunto de la computabilidad. "Es ahí donde no estábamos de acuerdo", ha apostillado.

Los obispos aseguran que ir a Religión será "cosa de héroes" con la Ley Celaá

Asimismo, ha señalado que durante la reunión hablaron de la posibilidad de "una distribución de horarios diferente", de forma que todo el contenido de la asignatura de Religión pueda impartirse en uno solo de los dos cursos de Bachillerato.

"Nosotros decíamos, por ejemplo, que si tenemos clase de Religión en 1º y 2º de Bachillerato, pudiéramos aceptar tenerla en un solo curso, pero en vez de tener en un curso solo el horario de primero, sumar el de primero y segundo. Pudiera ser que no hubiera Religión en todos los cursos pero cuando la haya, que se mantenga la carga lectiva", ha sugerido.

(...)

Leer más: europapress.es


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Escuelas Católicas, sindicatos y organizaciones de la enseñanza concertada rechazan la reforma de ley educativa del Gobierno por "asfixiar el derecho a la libertad de enseñanza, restringir el derecho de las familias a elegir y relegar la enseñanza concertada a un papel secundario".

En un comunicado, la Federación de Religiosos de la Enseñanza, CECE, COFAPA, CONCAPA, FEUSO y FSIE detallan los motivos por los que rechazan los cambios en la legislación educativa del Gobierno, que creen que "se escuda en una urgencia que no existe".

Además, aseguran que la propuesta del Gobierno carece del "mínimo consenso" que necesita el sistema educativo para su estabilidad y critican que la reforma "asfixia el derecho a la libertad de enseñanza y omite cualquier referencia a la misma, pese a ser un pilar del artículo 27 de la Constitución".

Dicen también que al eliminar el concepto de la "demanda social", restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos y concede a la concertada un papel secundario, cuando la "legislación española y la europea reconocen su carácter complementario".

Otro de los motivos que generan su rechazo es el hecho de que no incorpora medidas para mejorar las condiciones de los profesores de los centros concertados, así como que suprime las referencias a la asignatura de religión y adopta algunas medidas académicas dudosas.

Entre ellas, señalan que "se proclama la importancia de la evaluación pero se reducen los requisitos para promocionar (en Bachillerato se podrá titular con una materia suspensa) y se limita o se oculta el conocimiento de las pruebas de diagnóstico".

lavanguardia.com

Padres, madres, alumnos, profesores, sindicatos y organizaciones educativas de todo color ideológico reunidos en elConsejo Escolar del Estado se han lanzado en contra (total o parcialmente) de la nueva ley educativa, con la que el Gobierno quiere revertir los cambios promovidos por el PP en la ley Wert. Es precisamente, el sesgo político de la nueva ley y el escaso papel de las familias lo que más preocupa a las organizaciones educativas, según las enmiendas que avanza ABC y se presentan este lunes a la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado.

Las organizaciones coinciden en la crítica a la supresión que el anteproyecto hace del párrafo H Bis del artículo 1 que aludía al «reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos». En este sentido, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) pide mantener este apartado asegurando que «es evidente que los máximos responsables de la educación de sus hijos han de ser los padres». Lo mismo dice la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa) que, en otra enmienda, emplaza al Gobierno a recordar a los padres y no solo a centrarse en la obligación del Estado a asegurar los derechos de los niños. «Parecen olvidar que el Estado debe estar al servicio y tener en cuenta por tanto a las familias».

Las organizaciones también coinciden en pedir que se elimine del anteproyecto el párrafo que habilita a los centros a «ampliar el calendario escolar o el horario lectivo de áreas o materias». «Es un gran error. La conciliación familiar y laboral debe ser responsabilidad de toda la sociedad y no sólo del sistema educativo», critican desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. También se oponen a esta posibilidad el sindicato de profesores, Anpe y la Federación de empleados de servicios públicos de UGT (FeSP UGT). «La autonomía de los centros ha de ser potenciada pero en ningún caso esta autonomía puede dar lugar a la modificación de calendarios, horas lectivas y otras cuestiones estructurales», señala UGT.

abc.es

Del lápiz de dibujo de Carlos Chiva ‏ @CharlieXiva  y con las aportaciones de Pablo Coronado, os acercamos esta Oca de Adviento que seguro que os sirve como recurso.

DIBUJO EN GRAN FORMATO

Ahora, tan sólo tienes que imprimir a color el tablero y a jugar (recomiendo en DIN A2 o A3).

Fuente: @CharlieXiva  y Blog Reliartes

En el anteproyecto de ley que prepara la ministra de Educación, la Religión se queda fuera de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato. La Lomce, por el contrario, la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger en el tercero. Los acuerdos con la Santa Sede establecen que sea equiparable al resto de disciplinas fundamentales.

Qué pasará con la asignatura de Religión en la nueva ley de educación que prepara el Gobierno sigue siendo un misterio. 

La ministra Isabel Celaá compareció en la Comisión de Educación en el Congreso este miércoles tras la petición del Partido Popular, Unidos Podemos y Ciudadanos para que explique el anteproyecto para modificar la Lomce, más conocida como «Ley Wert» aprobada por los populares en 2013.

Consultada sobre la ausencia de la asignatura de Religión en el anteproyecto, Celaá dijo que sí estaba.

La realidad es que no se la menciona explícitamente. En los artículos dedicados a la organización de la Educación Primaria, ESO y Bachillerato la Religión no figura junto al resto de asignaturas. «Creo que es el peaje que el PSOE tiene que pagar por estar con Podemos. Jamás en la vida un partido socialista fue tan sectario con la Religión como hasta ahora», denunció ya en otra ocasión Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa).

La asignatura solo se menciona en el anteproyecto en la disposición adicional segunda y, exclusivamente, para aludir a la supresión del apartado 3. ¿Qué dice la disposición adicional segunda sobre la Religión?

El contenido de la LOE (ley aprobada por los socialistas en 2006 y que se quiere recuperar ahora) y de la Lomce es similar: «La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho Acuerdo, se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas», señalan ambos textos en su apartado 1.

Al mantenerse los apartados 1 y 2 de la disposición podría interpretarse que siguen vigentes y, en ese caso, sí se tiene en cuenta la Religión en el anteproyecto, tal como sostiene Celaá.

El problema es que dejar esta asignatura apartada del resto, podría suponer un tratamiento distinto de la misma en relación al resto de materias. Los acuerdos suscritos con la Santa en 1979 establecen que la Religión tendrá un tratamiento «equiparable a las demás disciplinas fundamentales». El concepto de "equiparable" es un tanto indeterminado, depende del Gobierno o, en su caso, del Tribunal precisar lo que se considera "equiparable". «Parece obvio que "equiparable" es "análogo" o "similar" al tratamiento que pueden tener otras asignaturas como Matemáticas, Literatura o Ciencias Naturales. Si, en el peor de los casos, no se la quiere igualar a estas debería tener, al menos, un tratamiento similar o análogo a otras como Música, Plástica, etc», explica Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas.

El hecho de que la Religión se deje en una disposición adicional lleva a pensar en una regulación posterior, a través de, por ejemplo, un Real Decreto. «Esto le daría al Gobierno la capacidad de fijar el desarrollo práctico de la asignatura, sin necesidad del mínimo respaldo parlamentario».

El contenido de esa regulación posterior se desconoce. Sin embargo, en el documento de propuestas para la modificación de la Lomce, publicada el pasado 8 de noviembre, el Gobierno señala su intención de que la Religión deje de ser una materia en Bachillerato, que no compute para la nota media en los accesos a la universidad o becas y que se elimine su alternativa.

Fuente: ABC.es

El derecho a la educación está reconocido en el artículo 27 de la Constitución

Según Celaá, los poderes públicos deben asegurar las plazas "públicas" suficientes.

BORRADOR ANTEPROYECTO-PDF

El borrador del anteproyecto de Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), la reforma educativa de la ministra Isabel Celaá, al que ha tenido acceso OKDIARIO, modifica sustancialmente el derecho a la educación, reconocido en la Constitución, así como la libertad de enseñanza, es decir, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos.

Un artículo que ha pasado prácticamente desapercibido y que es clave para entender el fondo de la reforma es el 109.

Tal y como está redactado en la ley vigente (LOMCE) dice lo siguiente: “Las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes”.Sin embargo, el borrador de Celaá modifica sutilmente este redactado y lo sustituye por este otro: “Las Administraciones educativas planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población”.

Un matiz, el de “públicas”, que no es baladí, ya que altera el derecho de los padres a decidir sobre la educación que reciben sus hijos y coloca a la educación concertada en una posición subordinada con respecto a la pública.

El artículo clave es el 109: se impone la obligación de los poderes públicos de asegurar las plazas “públicas” suficientes

Esto implica, denuncian desde algunos colectivos como ‘En libertad’, plataforma en defensa de la libertad de enseñanza, que el derecho constitucional a la educación quede sesgado.

“El Derecho a la Educación es parte el acceso universal a la enseñanza, que todos tengan plaza escolar, pero debe compaginarse con la libertad de enseñanza. Es decir, la elección del centro por los padres acorde con sus convicciones. No basta con tener plaza, también cuenta de qué tipo”, sostiene el abogado Jesús Muñoz de Priego, uno de sus impulsores. El experto destaca que la propuesta del anteproyecto “pretende introducir la falacia de que el Derecho a la Educación solo se garantiza con plazas públicas” y “esto justificaría que la Administración creara plazas públicas para todos, incluso sin demanda, por encima de las necesarias”.

Se elimina la ‘demanda social’

Una situación, destaca, que no sería inédita, y que ya se ha visto en varias comunidades autónomas: “Crear plazas por encima de las necesidades, con el interés espurio de cerrar las concentradas”.

De hecho, uno de los puntos más polémicos de esta reforma educativa diseñada por el Ministerio de Educación es que elimina el criterio de demanda social para el acceso a los centros concertados, según el cual, la Administración debe asegurar a los padres plazas en centros privados sostenidos con fondos públicos.

En la LOMCE, el artículo 109.2 establece que “las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social”. 

El artículo 27 de la Constitución consagra la “libertad de enseñanza” 

En el redactado propuesto, ese concepto desaparece por completo. Sólo se determina que la programación de la oferta de plazas deberá tener en cuenta “la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales” y que la planificación tendrá en cuenta “las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Celaá: “La concertada puede estar o no”

En el primer borrador elaborado por el ministerio, y que se trasladó para su consideración a las asociaciones educativas, ya se dedicaba un bloque completo (de siete) a la planificación de centros y a arremeter contra “los problemas generados por la LOMCE”. Sostenía el departamento de Celaá que la redacción actual del mencionado artículo 109 “ha generado un desequilibrio entre las dos redes financiadas con fondos públicos” y se proponía como una de las medidas centrales “recuperar una formulación no restrictiva de los poderes públicos en la programación general de la enseñanza y eliminar las referencias a una ‘demanda social’ que, en todo caso, debe ser conocida en el marco de esa programación”.

En su comparecencia en el Congreso, el pasado septiembre, la ministra de Educación ya avisó de sus intenciones al declarar que “los servicios públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta”.

Celaá consideró entonces que “la educación pública es el eje vertebrador del sistema” porque “el poder público tiene el deber insustituible de garantizar el derecho a la educación”. Y confirmó su desdén hacia la concertada al afirmar que “la concertada puede estar o dejar de estar”. 

La eliminación del criterio de ‘demanda social’ del nuevo texto tiene importantes consecuencias legales. Hasta ahora, los centros concertados hacían valer ese precepto y el artículo 27 de la Constitución que consagra la “libertad de enseñanza” así como la obligación de los poderes públicos de garantizar “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” en sus litigios en los tribunales con aquellas comunidades autónomas que intentaban recortar plazas.

Comparecencia en el Congreso

La ministra de Educación comparecerá este miércoles en el Congreso para explicar, a petición del Partido Popular, Unidos Podemos y Ciudadanos, el nuevo proyecto, con el que pretende derogar la actual ley educativa.

Entre otros puntos, la reforma propone quitar peso en la educación a la Religión (no tendrá asignatura espejo y su nota no contará para la media ni afectará a la obtención de becas), dar más peso a la asignatura de Filosofía, con asignaturas en ambos cursos de Bachillerato, e introducir en Primaria y Secundaria Educación en Valores Cívicos y Éticos.

Además, se permite que sean las Administraciones educativas las que fijen la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio.

Se podrá conseguir el título de ESO con una asignatura suspensa y quienes cursen Secundaria y no obtengan el título recibirán una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias básicas.

Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 % de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 % para aquellas que no la tengan.

Fuente: okdiario.com