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El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la proposición de ley que garantiza el mantenimiento de los puestos y de las condiciones laborales del profesorado de Religión en los centros públicos, pese a que la reducción horaria de la asignatura ―a una hora semanal― dejará sin carga lectiva a 56 de los 145 profesionales que la imparten, es decir, a un 30%. La norma garantiza los puestos de trabajo de estos docentes pese a que no son funcionarios y es el obispado quien los designa “para ejercer esta enseñanza” en función del Concordato de España con la Santa Sede de 1979.

La norma ha concitado el rechazo de parte del Gobierno foral y cuenta con un dictamen en contra del Consejo de Navarra, el órgano consultivo de la comunidad. La ley ha sido aprobada con los votos de Geroa Bai, socio del Ejecutivo que preside la socialista María Chivite, y la formación opositora Navarra Suma, integrada por UPN, PP y Ciudadanos. Establece que los cambios horarios en la asignatura de Religión no pueden suponer para el colectivo de profesores con contrato indefinido “una pérdida de su puesto de trabajo ni una merma de los porcentajes de sus contratos”.

 
Un colegio de Navarra el pasado mes de octubre.
Navarra Suma y Geroa Bai han añadido a través de una enmienda verbal un apunte que refuerza la “facultad de la Administración educativa para organizar la actividad docente de este profesorado en cuanto a sus actuales puestos de trabajo y destino”. De esta forma, la nueva ley garantiza los contratos del profesorado y sus horarios actuales aunque la carga lectiva de Religión vaya a reducirse a la mitad en los dos próximos cursos escolares y cuatro de cada diez profesionales se quedarán sin clases que dar.

El dictamen del Consejo de Navarra considera que el texto aprobado no se ajusta a la legalidad vigente porque incumple la Lomloe y el Real Decreto 696/2007 por el que estos trabajadores pasaron a ser considerados indefinidos. La legislación estatal establece que la jornada del profesorado “corresponderá a las Administraciones educativas competentes”, sin perjuicio de los cambios que “por razón de la planificación educativa deban producirse”. Este dictamen no es de obligado cumplimiento y tampoco ha sido unánime, pues ha contado con el voto particular de 2 de sus 5 componentes, que se han manifestado a favor de la propuesta.

El departamento de Educación deberá garantizar las condiciones de este profesorado. Al no tener carga lectiva suficiente, tendrá que buscarles funciones complementarias como, por ejemplo, actuar como responsables de convivencia. Está previsto que se genere así un sobrecoste importante en las arcas forales, puesto que las horas de Religión serán destinadas a otra asignatura y será preciso contratar más docentes. En su momento, el Gobierno foral emitió un informe desfavorable sobre esta proposición y cifró en 2,5 millones de euros anuales el sobrecoste.

Tras la aprobación de la norma, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha avanzado en una entrevista en SER Navarra que “esta ley va a generar dificultades pedagógicas, económicas y organizativas” porque “permite modificar la ubicación del profesorado, pero no la reducción de la jornada”. Gimeno señala la posibilidad de que la norma sea recurrida puesto que ya hay sentencias que no permiten que este profesorado imparta otra asignatura que no sea la de Religión. La idoneidad que les concede el obispado para ocupar sus puestos, esgrime, se limita a su ejercicio como docentes de esta materia.

La Plataforma Navarra Religión en la Escuela se muestra satisfecha con la aprobación de la ley. Considera que “determinadas políticas ideológicas” han generado un “debate que no existía previamente”, no solo sobre este grupo de docentes sino también sobre la propia asignatura de Religión. El colectivo asegura que seguirá apostando por una presencia “digna” de la asignatura de Religión en las aulas, con un mínimo de dos sesiones semanales.

Los sindicatos representados en la Mesa de Educación han reiterado su disconformidad con esta norma porque consideran que supone un agravio comparativo respecto al resto del profesorado, que sí ha realizado una oposición para acceder a su puesto. Lamentan el daño que pueda producir al propio profesorado de Religión, pues creen que esta ley foral terminará siendo recurrida, lo que les dejará en una situación de incertidumbre. Entre las soluciones aportadas hasta ahora por las organizaciones sindicales están la petición de que Gobierno y docentes afectados negocien una solución colectiva o, incluso, que se diseñen itinerancias para que un mismo profesional pueda completar su jornada dando clases en varios centros.

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La reducción en tres efectivos permite asumir las horas lectivas entre los 39 restantes.

 

La plantilla de profesores de Religión se mantiene en términos semejantes a los del curso anterior . El responsable de este colectivo en la provincia, Julio González, indicó que la plantilla es de 39 y eso que este colectivo también se ha visto afectado por el incremento de las horas lectivas, al igual que el resto de docentes de la enseñanza pública.

Los 39 docentes de Religión impartirán en el curso 2012/13 un total de 715 horas de clase, 30 menos que en el curso anterior. La razón de poder mantener el mismo número de profesores se encuentra en que hay tres efectivos menos. Esto ha mitigado los efectos negativos que habrían tenido la redistribución de un número menor de horas y la ampliación de la jornada lectiva, de modo que "nos encontramos con que el 70% de la plantilla ha conseguido tener el horario completo",

La caída de las horas de Religión es una constante en los últimos cursos y por ende, del número de docentes. En 2009 había 51 profesores de los que se ha pasado a los 39 actuales. A los docentes de Religión se les aplica la reducción salarial del 10% por hora impartida. Tienen carácter de laborales indefinidos y sus condiciones con como las de los interinos.

El otro gran grupo de docentes que realizan su actividad en la enseñanza onubense es el de los centros concertados. Cerca de mil docentes onubenses, en concreto 924, son los que dan clase en los 27 colegios concertados repartidos por toda la geografía onubense. A éstos se les ha aplicado, en la nómina de julio, una reducción de alrededor de 250 euros.

La enseñanza concertada imparte docencia, en la provincia, al 10% del total del alumnado de las enseñanzas obligatorias. Esto significa que asisten a estos centros 11.250 estudiantes. La rebaja salarial equipara, en este aspecto, a los docentes de la concertada con los de la pública. A ambos se les recorta la misma cantidad en sus retribuciones básicas, que van desde los 1.734,69 euros de Infantil, Primaria y Especial Integrada, hasta los 1.831,52 euros en 3º y 4º de la ESO, Ciclos Formativos, Bachillerato y PCPI".

Además, si a los docentes de la pública se les suprime este año la paga extraordinaria de Navidad, a los de la concertada se les recorta la misma cantidad, pero prorrateada en las 7 nóminas que faltan por cobrar en el año (desde la de julio a la extra de Navidad)".

Las Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) han respondido, a esta decisión de la Consejería de Educación, apuntando a razones meramente políticas y "supone un retroceso en la paz social que veníamos disfrutando en los últimos años, al sumarse a la larga lista de medidas que se vienen aplicando a nuestro sector en claro perjuicio de nuestros centros y de la calidad de la enseñanza".

Las Escuelas Católicas suponen el ingrediente más importante de la enseñanza concertada de la provincia. De los 27 centros concertados onubenses, 16 son de titularidad católica; la mayor parte de ellos en la capital: 10. Suelen tener una gran demanda de modo que no pueden dar satisfacción a todas las solicitudes de ingreso.
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