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Iván Jiménez lleva 14 años trabajando en un colegio público como profesor de Religión. En estos meses de descanso recuerda el día a día en su centro de Infantil y Primaria. Reconoce estar a gusto y llevarse bien con la dirección y el resto de compañeros. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria profesional se ha concienciado de que su situación es bien distinta -en el sentido más peyorativo del término- a la del resto de docentes que allí imparten clase. El motivo para pensarlo no es otro que el que "sufren" los 2.200 maestros que enseñan esta asignatura en Andalucía (unos 450 en la provincia de Sevilla) y que siguen siendo considerados empleados del Ministerio de Educación y FP y no de la consejería que desarrolla tales políticas en la comunidad autónoma. 

La situación de este profesional es la que ha llevado al sindicato de enseñanza FeUSO a reclamar al Gobierno de Juanma Moreno que se haga con las competencias de este colectivo y exija su transferencia, para que sus trabajadores dispongan de los mismos derechos que el resto de docentes, como los profesores de Religión que imparten la asignatura en los institutos, que sí son personal de la Consejería de Educación y Deporte. 

El hecho de que este cuerpo dependa laboralmente del Estado supone una auténtica "complicación" en el "día a día" de los profesionales y del equipo directivo de los centros de enseñanza. Jiménez nos pone en situación: "La asignatura está reglada a nivel autonómico, en cuanto al número de horas y otras condiciones, pero los docentes dependemos laboralmente del Ministerio de Educación. Creo que es el único cuerpo, con el que trabaja en la cárcel, que no está transferido a la Junta".

¿Cuál es el motivo de que estos maestros no hayan sido transferidos a la Consejería de Educación? Aparentemente ninguno. "No hay ninguna razón legal para que no se haga. De hecho, la legislación europea invita a que se transfiera", explica Jiménez, quien detalla que comunidades como Extremadura, Castilla y León, Madrid o Valencia ya cuentan con estos profesionales en su plantilla. 

Los problemas de organización 

Una de las principales dificultades que entraña esta anómala situación es la logística. Empezando por la comunicación. Todo lo que concierne a estos profesionales debe dirigirse a Madrid, o a la representación estatal más cercana, en este caso, la delegación o subdelegación del Gobierno. "Desde ese momento, todos los procesos se demoran", lamenta este maestro, que asegura que los más de 2.000 profesionales que conforman el colectivo son atendidos sólo por dos o tres personas, que han de prestar el mismo servicio para los docentes de Religión en Primaria de Aragón y Canarias, comunidades a las que tampoco están transferidos.  

La complejidad burocrática también la sufren los equipos directivos de los centros escolares, cuando en septiembre, a la vuelta de las vacaciones, han de elaborar los horarios. En este punto, conviene recordar que a estos docentes los proponen las diócesis respectivas, a través de un informe de idoneidad, ahora bien, es el Ministerio de Educación el que los contrata. Si en un colegio no se cubren las 25 horas semanales de carga de trabajo lectiva, ha de desempeñar su función también en otro centro, hasta alcanzar esa cifra. Para ello, se ha de informar al Gobierno, pero también a la Junta, una comunicación que, en opinión de Jiménez, "no es demasiado fluida", lo que complica aún más la labor de organización.  

Un problema que no sufren, por ejemplo, los profesores de Religión, sobre los que el departamento que dirige Javier Imbroda sí tiene competencias. Los que trabajan en los colegios tampoco tienen reconocido el derecho al cobro de sexenios, algo que no resulta extraño si se tiene en cuenta que hasta hace no demasiados años tampoco se les reconocía su derecho a la Seguridad Social ni al abono de trienios, como recuerda la secretaria general de FeUSO en Andalucía, María de la Paz Agujetas. 

El hecho de no formar parte de la plantilla docente de la Junta los priva también de desempeñar distintos servicios escolares. "Somos miembros del claustro de los colegios, pero no a todos los efectos". Quien así se expresa es Elvira Herrero, que lleva 29 años trabajando como maestra de Religión. Desde que en 1992 entró a desempeñar tal función, se han conseguido algunos avances, pero aún pocos en comparación con los otros cuerpos docentes. "Nosotros no podemos disfrutar de la reducción de horas de trabajo que se logra a partir de los 55 años, también tenemos dificultades para los sexenios", indica esta docente, que subraya que su sueldo está equiparado al de un interino del Ministerio de Educación y, por tanto, "más bajo que los que poseen esta categoría laboral en la Consejería de Educación". 

"No tiene sentido que seamos trabajadores del Gobierno y que luego desarrollemos nuestra función en centros de titularidad municipal, que son gestionados por la Junta", lamenta Herrero, que abunda en que esta situación les priva de prestar otros servicios en los centros educativos, como sí hacen compañeros de las demás asignaturas. "Si queremos estar presentes en el comedor escolar, lo debemos hacer a través de la empresa temporal de empleo que se encarga de gestionarlo, que se encargaría de contratarnos. En el caso del refuerzo educativo del PROA ocurre lo mismo", advierte esta profesional de la enseñanza, que añade un agravante más en la comparación con otros docentes: "la mitad del dinero que ganamos por estos trabajos fuera del horario lectivo se lo lleva la ETT que nos contrata". 

Sin convenio colectivo

Paula Velázquez lleva también 30 años ejerciendo de maestra de Religión. Insiste en que no puede acogerse a la reducción de jornada como sí hacen otros docentes a los 55 años, cuando a esa edad ya no se poseen las mismas facultades para impartir la docencia en clase. Una de las cosas que más ha echado en falta en sus años de servicio es un convenio colectivo que regule a este cuerpo profesional. "Hasta que las competencias no las asuma la Junta, no vamos a disponer de él", apostilla. 

"A nuestros compañeros de Secundaria, la Junta los tiene en bolsa y los asuntos horarios, en última instancia, también se los resuelve, pero en nuestro caso le compete al ministerio y eso siempre supone lentitud", afirma Velázquez, que ejemplifica esta situación en el caso de las bajas. "Este sistema de gestión e información de la enseñanza en Andalucía sólo nos permite registrar las calificaciones de los alumnos, pero no tramitar una sustitución", asegura dicha maestra, quien explica que en esos casos se informa al Ministerio de Educación, que pide al obispado de la zona un maestro que cubra esa plaza. "Mi nombre no entra para estos asuntos en el Séneca, sino que queda queda escrito en un fichero personal de la dirección", abunda.