PP, Vox y Cs cargan contra el desarrollo curricular previsto para Primaria. La oposición frontal recuerda a las movilizaciones que en 2006 hubo contra la reforma de Zapatero
La oposición feroz que el PP protagonizó en 2006 contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la principal novedad de la reforma educativa que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, va camino de reproducirse este otoño. En esta ocasión, será por el enésimo cambio en el modelo de enseñanza, el impulsado por el Ejecutivo de coalición, la popularmente conocida como ley Celaá, en cuyo desarrollo curricular está ahora mismo inmerso el Ministerio de Educación. El borrador que esboza cómo serán las Matemáticas, la Lengua, las Ciencias Sociales y Naturales, además de la nueva materia de Valores Cívicos y Éticos, de los alumnos de Primaria ha soliviantado a la oposición. “Perversidad” o “bobada” son algunos de los calificativos que ha recibido la propuesta desde el flanco popular. “¡Apartad vuestras manos de nuestros hijos, chusma totalitaria!”, ha clamado en Twitter el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal.
¡Apartad vuestras manos de nuestros hijos, chusma totalitaria!
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 9, 2021
Ni matemáticas con perspectiva de género, ni adoctrinamiento en amnesia histórica, ni talleres de sexualidad para preadolescentes, ni ataques a la familia, ni enseñanza en el odio a España. https://t.co/yc0MjNM4dh
Los planteamientos de Educación, entre ellos, impregnar de un barniz de 'género' la totalidad de las asignaturas, ha puesto en pie de guerra a PP, Cs y Vox. No es una polémica más de verano, es el pistoletazo de salida de una carrera que se prevé larga y accidentada para la nueva titular de la cartera, Pilar Alegría.
El ministerio debe consensuar ahora con las comunidades la redacción definitiva del desarrollo curricular de cada asignatura. Los trabajos, de momento, se centran solo en Primaria, pero después llegará Secundaria, con muchas más asignaturas y también, para esta etapa educativa, la nueva de Valores. La negociación con las regiones no va a ser fácil. El PP ha vuelto a recuperar estos días uno de los argumentos de la batalla que libró contra Educación para la Ciudadanía: la de una maniobra del Gobierno para imponer su 'ideología' en las aulas.
“Como rechazan un pacto educativo, al llegar al Gobierno aprobaremos una ley que garantice: libertad de elección, calidad con pruebas nacionales, inspección contra el adoctrinamiento, unidad estatal con MIR educativo, castellano vehicular y más materias comunes, inglés y STEM”, ha defendido el líder del PP, Pablo Casado, en un mensaje publicado en Twitter. Más crítica ha sido la portavoz popular en materia educativa en el Congreso, Sandra Moneo: "Lo que estamos conociendo es la imposición de una única ideología de este Gobierno radical, no la introducción de los valores jurídicos y constitucionales que se recogen en la Constitución de 1978". La diputada, en declaraciones a EFE, además, ha tachado de "perversidad extraordinaria el desarrollo de ese currículo".
Como rechazan un pacto educativo, al llegar al Gobierno aprobaremos una ley que garantice:
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) August 10, 2021
-Libertad de elección
-Calidad con pruebas nacionales
-Inspección contra el adoctrinamiento
-Unidad estatal con MIR educativo
-Castellano vehicular
-Más materias comunes, inglés y STEM
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Y en esta ocasión, y a diferencia de la realidad política que se vivía en 2006, el factor Vox puede hacer la batalla más cruenta, máxime en un momento en que el partido de ultraderecha intenta tomar impulso ante las encuestas que sitúan el PP en cabeza. “Ni matemáticas con perspectiva de género, ni adoctrinamiento en amnesia histórica, ni talleres de sexualidad para preadolescentes, ni ataques a la familia, ni enseñanza en el odio a España”, seguía el mensaje de Abascal en Twitter. El terreno de la Educación es un campo en el que la ultraderecha siempre ha querido dejar claro un mensaje, cada progenitor debe decidir y avalar qué mensajes reciben sus hijos. De ahí el pin parental por el que aboga la formación y con el que reservan a los padres la posibilidad de vetar talleres, charlas o actividades complementarias que no comulguen con sus principios, creencias o valores.
A la oposición frontal de PP y Vox se suma también la de Ciudadanos. El vicesecretario general de la formación, Edmundo Bal, ha cargado también este martes contra la reforma educativa del Ejecutivo: "Tenemos un Gobierno como para enseñar ética y explicar los riesgos de la desinformación". "Al margen del descaro, los padres no pueden enterarse de nuevas asignaturas y contenidos en agosto y por la prensa. Con un pacto por la educación, esto no pasaría", ha señalado a través de un mensaje en Twitter.
Tenemos un Gobierno como para enseñar ética y explicar los riesgos de la desinformación... Al margen del descaro, los padres no pueden enterarse de nuevas asignaturas y contenidos en agosto y por la prensa. Con un Pacto por la Educación esto no pasaría.https://t.co/5RYQPDfaBq
— Edmundo Bal (@BalEdmundo) August 10, 2021
El precedente de 2006
La polémica Educación para la Ciudadanía trajo consigo además un aluvión de recursos en los tribunales. Muchos padres, contrarios a la materia, recurrieron a la Justicia cuando el Gobierno descartó que pudiesen considerarse objetores de conciencia. Las resoluciones fueron dispares en función de los diferentes tribunales superiores, y tuvo que ser el Supremo el que unificó la doctrina, dando en este extremo la razón al Ejecutivo de entonces.
El rechazo frontal que van a enarbolar PP, Vox y Cs podría empujar a un escenario similar una vez la ley Celaá llegue a las aulas. De hecho, aunque con alguna novedad, la nueva materia de Valores Cívicos y Éticos recupera en espíritu la asignatura que impulsó el Gobierno de Zapatero. Ambas se guían bajo los mismos principios y preocupaciones: dotar a los alumnos de un espíritu crítico, defensa de los derechos humanos y de la igualdad, impulso de conductas inclusivas, solidarias y no sexistas.
No obstante, el recorrido judicial que se pueda abrir será incierto. Además del pronunciamiento del Supremo, hasta la puerta del Constitucional también llegaron muchos recursos, pero fueron descartados.
La necesidad de un pacto educativo
La imposibilidad crónica de alcanzar un consenso en materia educativa preocupa profundamente a los expertos. Esa incapacidad por el pacto genera “falta de confianza en el sistema”, según Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres (Cofapa) y portavoz de la plataforma MásPlurales. Considera que la solución se vislumbra lejana porque “vamos en dirección contraria”. El habitual planteamiento de cambiar la ley cada vez que llega a Moncloa un nuevo Gobierno “debilita el sistema desde la base”, y además provoca que se esté “jugando con la educación de los niños”, generando así “inestabilidad en la formación de los niños y también en la sociedad”. Ella, que aboga por un pacto educativo, insiste en que “es más lo que nos une que lo que nos separa”, y recuerda que “a un niño se le escolariza para 16 años, no para cuatro legislaturas”. “Tenemos que seguir peleando un pacto educativo”, sentencia.
Además, Ladrón de Guevara plantea una visión crítica sobre los puntos del borrador de la ley que se han ido conociendo a lo largo de los últimos días: “Nace sin consenso, incluso después de las movilizaciones” que hubo en contra de la bautizada como ley Celaá. Respecto a los desarrollos curriculares, asegura que le preocupa “la carga ideológica que 'a priori' vemos en el borrador”, y espera que “desaparezca” del texto definitivo. Esta experta, profesora en la madrileña Universidad de Villanueva, insiste en que “son las familias quienes tienen que educar a los niños en materia moral”. Señala, por ejemplo, el contenido de la asignatura de Valores (en que se habla, entre otras cosas, de educación afectivo-sexual), algo que “tiene que enseñarse en la familia”, aunque podría encontrar su espacio en los colegios si estos tuviesen “un ideario que las familias eligiesen”, siempre y cuando haya libertad de elección del centro. “Me preocupa que lo imponga el Estado”, afirma.
Por el contrario, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) defiende “una educación inclusiva y equitativa adaptada a la nueva normalidad que ha dejado la pandemia”, con un sistema “justo” que incluya “apoyo en el aprendizaje”. Reclaman que se dé espacio también a la salud mental —especialmente por el impacto del covid—, algo que incluye el borrador cuando se refiere a la Educación Física. Aseguran que “la educación debe ser la igualadora social para que todas y todos tengamos derecho a una vida digna y plena” y la formación “no puede estar nunca marcada por los recursos económicos, la raza o el género”.
Ceapa siempre ha tenido una posición cercana a la ley Celaá. En noviembre de 2020, mientras las calles de España se llenaban de lazos naranjas en contra de la Lomloe, la confederación respaldaba a la entonces ministra apuntando que se estaban poniendo “las bases para avanzar hacia un modelo de educación más moderno, plural, equitativo y de igualdad de oportunidades”. Celebraban la apuesta por la educación pública y el control de la concertada, recalcando incluso que ellos pretendían una “norma más dura”. Aclaran que la confederación apuesta por “un modelo educativo de calidad, gratuito, laico, equitativo, inclusivo y que garantice la igualdad de oportunidades”.
Fuente: elconfidencial.com
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