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El Gobierno de coalición ha emprendido grandes reformas educativas durante su mandato. La más que más ha disgustado al PP es la ley de educación, la Lomloe, que deroga a la anterior norma: Lomce (conocida como 'ley Wert' por el apellido del ministro del PP que la impulsó). Esta ley fue aprobada en 2013 solo con los votos del PP. Diversos aspectos de la Lomloe o 'ley Celáa' (por el apellido de la ministra Isabel Celaá), que fue apoyada por todas las fuerzas políticas excepto PP, Cs y Vox, siguen en discusión por parte de la derecha -el PP ya ha anunciado que la reformará- y algún aspecto, como la lengua o la religión, ya han entrado en campaña.

Abandono y nivel de aprendizaje

Diferencias políticas al margen, el Gobierno que salga de las urnas el 23-J tendrá sobre la mesa algunos retos ineludibles. Por un lado, seguir trabajando en reducir las tasas de abandono escolar temprano. El 28% de los españoles hasta 34 años no tiene la ESO. Aunque las cifras siguen bajando, la tasa media de abandono es del 13,9%, por encima del 9,3% de la media europea. Y por otro, actuar para mejorar y elevar el nivel de aprendizaje y conocimiento del alumnado. España ha caído siete puntos en comprensión lectora, según el último informe PIRLS. Solo el 6% de alumnos están en "nivel avanzado", por debajo del promedio de la OCDE (11%) 

Salud mental

Otro reto a abordar es la salud mental de niños y adolescentes, muy tocada tras la pandemia, y que ha derivado en un aumento de las autolesiones e intentos de suicidio. España está viviendo un pico histórico de suicidios juveniles: en 2021 (último año del que se tienen cifras) se suicidaron 22 niños de menos de 15 años, un 57% más que en 2020 (cuando se quitaron la vida un total de 14). Este problema es un reto que ha asumido ya la Unión Europea. España está a la cola europea en número de psiquiatras pese al alza de los trastornos mentales.

Religión

Uno de los aspectos de la Lomloe que pueden generar controversia tras el 23J en función de quién esté en la Moncloa es la asignatura de religión. La ley dicta que la religión ha de seguir ofertándose en las escuelas, pero que no cuenta para nota ni tiene asignatura espejo. Es un aspecto que molesta profundamente en el PP, partidario de otorgar a la religión no la obligatoriedad pero sí el valor de asignatura académica.

El catalán en las aulas

Respecto al catalán, la Lomloe elimina la referencia expresa a que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza y obliga al alumnado a terminar los estudios sabiendo perfectamente el castellano y la lengua cooficial en aquellas comunidades con lengua propia. El PP ya ha anunciado, y así lo incluye en su programa electoral, que quiere volver a lo que fijaba la 'ley Wert': que el castellano sea lengua vehicular junto a la cooficial. Algo que choca con el modelo lingüístico de la escuela catalana, donde el catalán es vehicular y el castellano, curricular.

Selectividad

Otro aspecto que el nuevo Gobierno tendrá que decidir es qué hacer con la selectividad. A raíz de la convocatoria electoral, el Ministerio de Educación decidió guardar en un cajón el borrador del real decreto que regula las nuevas PAU (o EBAU), cuya aplicación debía comenzar en junio de 2024 y terminar de implantarse definitivamente en 2028. Iba a ser una selectividad acorde con la Lomloe, menos memorística y más basada en el aprendizaje por competencias. El modelo, pactado entre Gobierno y autonomías, ya había sido cuestionado por el PP y por sus ejecutivos autonómicos, que reclaman un modelo único de selectividad en toda España.

Educación 0-3 años

Es una etapa no obligatoria, pero que repercute positivamente en los niños y niñas. Existe el compromiso de extenderla y avanzar hacia la gratuidad tanto por parte del PSOE como del PP, así que es de suponer que el Gobierno que salga de las urnas deberá seguir impulsando la escolarización en este segmento de población, que actualmente es del 41,7% (frente al 96,6% de la etapa 3-6 años, que tampoco es obligatoria en España). A finales de 2022, el Gobierno dio a las autonomías una partida económica de 331 millones de euros para crear 21.794 plazas públicas y gratuitas. 

La ley universitaria

La nueva ley del sistema universitario (Losu) -que pone un tope a las tasas universitarias, reduce la temporalidad del profesorado y abre la puerta a las microformaciones a lo largo de la vida no parece que vaya a generar controversia con el nuevo Gobierno que salga de las urnas, en caso de que sea de otro color político.

El aspecto que sí puede generar conflicto es el artículo que recoge un firme compromiso para aumentar la financiación pública para los estudios superiores (1% del PIB en los próximos años). La ley no incluye memoria económica. El Gobierno se comprometió a conceder partidas económicas a las autonomías (que tienen las competencias) y estas deberán comprometerse a destinar, efectivamente, ese dinero a las universidades. Muchas autonomías han puesto pegas.

Formación Profesional

La FP ha conseguido un más que sabido éxito y no es probable que el nuevo Gobierno, si es de otro color político, cambie la norma que regula estas enseñanzas.

Dentro del plan para modernizar y prestigiar la Formación Profesional (FP) -en la que, por segundo año consecutivo, hay más de un millón de alumnos y alumnas matriculados-, el Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2023 otra inyección económica de 1.307 millones de euros, que serán repartidos a las comunidades autónomas. Con esta nueva inversión, el Gobierno ha destinado entre 2020 y 2023 a la transformación de la FP 6.041 millones de euros.

Fuente: msn.com