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«La falta de espacio real para la formación moral y religiosa de nuestros jóvenes», así como la «insuficiente forma de tratar la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos» son «dos problemas latentes» que arrastra nuestra enseñanza escolar desde hace décadas, y que se han perpetuado «a lo largo de las sucesivas reformas que se han desarrollado en nuestro sistema». Ésta era la denuncia que hacía, el pasado martes, el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española. Los hechos confirman la denuncia del cardenal Rouco, y se ven de forma especialmente clara en lo tocante a la asignatura de Religión.

A pesar de que los Acuerdos Iglesia-Estado, suscritos con carácter de Tratado internacional entre la Santa Sede y España, establecen que la asignatura de Religión católica debe impartirse en igualdad de condiciones con el resto de asignaturas, es decir, de forma evaluable y con alternativa igualmente evaluable para los alumnos que no se matriculen en ella, la práctica escolar es radicalmente opuesta: hoy por hoy, la asignatura es optativa, su evaluación no computa para la nota media, y no existe una alternativa teórica para los alumnos que elijan no cursarla, sino la llamada alternativa académica, que consiste en pasar una hora de estudio en el aula o en la biblioteca. De hecho, en muchos centros, la clase de Religión se pone a primera, o a última hora, para que los estudiantes no matriculados entren al centro una hora después o se vayan a casa una hora antes, dejándola, en la práctica, fuera del horario escolar. Eso ha contribuido al descenso de matriculaciones, sobre todo en los últimos cursos de la ESO y en el Bachillerato.

La situación ha llegado a un punto tan flagrante que, según ha podido saber Alfa y Omega, el Gobierno estudia modificar la ley para que la clase de Religión se imparta de forma justa, atendiendo a las demandas de las familias y respetando la legislación internacional suscrita por España. Fuentes de la Conferencia Episcopal Española también han confirmado a este semanario que «en la Comisión Mixta Iglesia-Estado para asuntos educativos ya se ha tratado este tema, y el Ministerio ha mostrado su intención de resolver este problema, que lleva años coleando». Las mismas fuentes explican que «lo que la Iglesia ha expuesto no es sino lo que el propio Partido Popular planteó en la Ley de Calidad de la Enseñanza, que el PP aprobó en 2004 aunque nunca llegó a entrar en vigor, porque el Gobierno del entonces recién elegido Rodríguez Zapatero la derogó nada más llegar al poder. Así que no tendría sentido que el nuevo Gobierno del PP se negase ahora a aplicar lo que ellos mismos propusieron hace ocho años, sobre todo porque la situación no sólo no ha cambiado, sino que ha empeorado de forma clarísima».

A fecha de hoy, las negociaciones entre el Ministerio que encabeza don José Ignacio Wert y la Conferencia Episcopal permanecen en stand by, hasta que los técnicos del Ministerio que están elaborando la nueva ley educativa lleguen a la última parte de la norma, donde se inscribirán las disposiciones adicionales que regulen la asignatura. Sin embargo, los argumentos de la Iglesia han recibido un espaldarazo de primer orden este verano: una sentencia del Tribunal Supremo dictó, a finales del mes de julio, que no sólo la enseñanza de la asignatura de Religión confesional católica es lícita dentro de nuestro sistema escolar, sino que la misma se está impartiendo hoy de forma irregular y, por tanto, exige que las Administraciones educativas del Estado y de las Comunidades Autónomas garanticen que la clase de Religión se imparta, como marcan los Acuerdos firmados con la Santa Sede.

Otro de los aspectos que se han puesto sobre la mesa de las negociaciones es la situación de los profesores de Religión. «Hoy por hoy, la situación de estos profesionales es sumamente ambigua. Primero, las Administraciones que quieren poner trabas a la asignatura por motivos ideológicos, han reducido sus jornadas y sus salarios. Después está el hecho de que, si bien la ley reconoce que la legitimidad de enseñar Religión católica en nombre de la Iglesia católica sólo corresponde, como es lógico, al obispo de la diócesis, que es quien concede la missio canónica a los docentes, en la práctica vemos que ciertas instancias de la Administración y hasta algunos profesores no reconocen, en muchos casos, las normas internas de la Iglesia para otorgar o revocar la missio. Y por último, hay que regular de una forma más clara la situación contractual de estos profesores, porque aunque la missio canónica se tiene que renovar cada curso, los contratos de los profesores no tienen por qué ser anuales, sino indefinidos, como el del resto de docentes del sistema educativo».

En este asunto, también la Justicia da la razón a la Iglesia: el pasado 27 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo pública una sentencia por la que reconoce que la Iglesia es la única autoridad competente «para fijar los contenidos de la asignatura de Religión católica, los requisitos de los docentes encargados de impartirla, la propuesta de profesores de Religión ante la Administración educativa y de homologar los cursos de formación para docentes». Y añadía que «la jerarquía eclesiástica católica tiene plenas facultades, tanto para determinar quiénes son las personas cualificadas para la enseñanza de la Religión católica, como para señalar los contenidos y currículo de la enseñanza y formación religiosa católica, así como para proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación».

Estas sentencias vienen a ratificar la exigencia que la Iglesia plantea a los docentes a la hora de conceder o revocar la missio canónica, y que suele levantar más críticas entre quienes se oponen a la asignatura de Religión en nuestras aulas, a saber, que el testimonio de vida del profesor resulta imprescindible para enseñar Religión católica. «Para otorgar la missio, el obispo se sirve de las normas de la Iglesia, que están nítidamente expresadas en el Código de Derecho Canónico, donde se recoge que es imprescindible que el testimonio de vida del profesor sea coherente con la doctrina que quiere impartir, porque la Iglesia no busca funcionarios de la fe, sino testigos que sean capaces de tocar el corazón. Eso es algo que queda garantizado de forma implícita en los Acuerdos Iglesia-Estado, que reconocen como lícito el Código de Derecho Canónico», explican las mismas fuentes. Ahora sólo resta esperar hasta finales de año, fecha en que se espera que el Gobierno presente su reforma educativa y la nueva ley, para comprobar si, por fin, se hace justicia a la clase de Religión.

La escuela católica representa cerca del 25% de los centros de enseñanza en España. Y, aunque los recortes en educación afectan a todos los colegios e institutos, la asfixia a la que están sometidos los concertados está alcanzando niveles difícilmente soportables para los centros y para las familias. Primero, porque actualmente el Estado otorga a la concertada la mitad de lo que cuesta cada puesto escolar, al compararlo con la escuela estatal. De ahí que muchos centros tengan que pedir un complemento económico a las familias. Además, como explica el Secretario General de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), don Jesús Pueyo, a causa de los recortes «los concertados recibirán un 4,5% menos para sus gastos variables, y un 1,5% menos para la partida de Otros gastos, entre los que se encuentran los salarios del personal de administración y servicios. Además, los docentes de la enseñanza concertada van a perder en 2012 entre 1.000 y 1.800 euros según la Comunidad en la que trabajen. El Real Decreto, además, no prevé que se pueda recuperar esta cantidad, ni que sea una medida excepcional sólo para 2012, por lo que, el próximo año, nos podemos encontrar con otro descuento de iguales proporciones. A los docentes que ganan menos del 1,5 del salario mínimo se les aplica el mismo descuento. Es una medida mucho más dura y perjudicial que la que se ha aplicado a los funcionarios». Y recuerda que «también se han reducido las sustituciones del profesorado, los salarios en periodos de incapacidad transitoria, las unidades de apoyo, o los programas educativos, y se están cerrando unidades concertadas como hacía años que no sucedía». Por eso, Pueyo reclama la solución para estas desigualdades que lastran el sistema de conciertos, y explica que, para que se cumpla la ley, «las Administraciones han de tratar a la enseñanza concertada en igualdad de condiciones en cuanto a recursos económicos y materiales».

Fuente: www.alfayomega.es