El profesorado de Religión vive una situación de incertidumbre y el cambio de Gobierno la ha multiplicado. Bajo el mandato de Mariano Rajoy, el Ministerio de Educación optó por mantener los contratos de los maestros sin evaluar los efectos de la reducción horaria aplicada por la Junta de Andalucía en Primaria. La inestabilidad, primero, y la negociación del pacto educativo, frustrada a la postre, dilataron su pronunciamento y propiciaron una situación anómala. Pese a la advertencia de que habría profesores de brazos cruzados ciertas horas, no fue hasta hace unos meses cuando la nueva consejera de Educación, Sonia Gaya, abordó el asunto. Su conclusión: los «desajustes» afectan a 252 colegios. La situación se enredó aún más cuando el TSJA tumbó a finales de mayo la orden que decretaba la reducción de la carga lectiva porque la Administración no siguió el procedimiento idóneo. Esta sentencia ha sido recurrida por la Junta, que de forma paralela ha procedido a elaborar una nueva orden, cumpliendo los trámites pertinentes. Por tanto, la vuelta a los 90 minutos semanales en el conjunto de los centros de Primaria queda en el aire para el próximo curso.
La intención de la Junta es mantener su postura inicial y dejar en manos de los directores de los centros, como hasta ahora, la decisión final (sólo el 5% de los colegios imparte el mínimo fijado por la Lomce: 45 minutos). Por ello, desde el sindicato Apprece-Andalucía (Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales) remiten al marco legal para negociar con la Consejería de Educación un inicio del curso 2018-19 dentro de la «normalidad» y «de la legalidad».
Tras una reciente asamblea, el sindicato ha emitido un comunicado en el que en primer lugar recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 10 de abril que avala las enseñanzas de Religión, por lo que aboga por «seguir conviviendo en desacuerdo entre todos los españoles». Del mismo modo, se ofrece para «negociar la mejor forma» de ejecutar «con urgencia» las sentencias del TSJA contra la reducción horaria «para que el próximo curso arranque con normalidad, y haciendo hincapié en que «la Consejería de Educación ha sido «modélica» en la aplicación del marco legal en Bachillerato y en la forma de organizar las asignaturas de Religión y sus alternativas académicas. Según Apprece, el Constitucional ha dejado claro que «el trato a la Religión y sus horarios en ningún caso debe ser inferior al que se le otorga a las asignaturas específicas y a las de libre configuración». Pese a esto, el colectivo cree que se han lanzado «mensajes irresponsables» que crean «desasosiego y desconcierto en la ciudadanía, provocando una alarma social innecesaria» para la «convivencia entre creyentes y no creyentes». Recuerda, además, que el carácter aconfesional de España supone «únicamente las Iglesias, y no el Estado», pueden determinar los contenidos y los requisitos de las personas capacitadas para impartir las enseñanzas de Religión, sin que ello impida la gestión laboral por parte de la Administración. Por ello, señala que «el presente y el futuro» de la Religión y su profesorado «exigen la habilitación correspondiente» para que los maestros «completen con otras actividades educativas aquellas horas lectivas que puedan queda libres en sus contratos indefinidos, una vez queden atendidas las necesidades horarias solicitadas por quienes legalmente puedan hacerlo».
Transferencia a la Junta
Por último, Apprece reclama el reconocimiento para el profesorado de Infantil y Primaria del complemento de formación permanente y la transferencia a la Consejería de Educación del profesorado para que sea ésta «la que controle y organice sus horarios, de la misma forma que lo viene haciendo con el de Secundaria».
Fuente: larazon.es
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